Acuerdo con el FMI: discutiendo lo irrelevante y omitiendo lo importante

Durante la semana que pasó y en la que vendrá, el Congreso argentino, los medios de comunicación, las redes sociales, etc, estarán entretenidos, discutiendo una cuestión absolutamente irrelevante, la aprobación parlamentaria del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Y el debate se convirtió en irrelevante por varios motivos.

Desde el punto de vista político, porque el objetivo del oficialismo de asociar a la oposición en el pago de los “costos” del programa con el Fondo, fracasó.

La coalición opositora explicitó que está de acuerdo con que se evite entrar en atrasos con el FMI, pero dejó en claro que la política económica detrás del acuerdo es de exclusiva responsabilidad del Gobierno.

Desde el punto de vista institucional, porque la ley original que obligaba a aprobar el programa y el endeudamiento con el FMI era violatoria de la organización presidencialista de la Argentina, y porque la ley que se terminará aprobando, autorizando al Ejecutivo a endeudarse con el FMI, se convierte, en este contexto, en redundante e innecesaria.

Finalmente, desde el ángulo de dar certidumbre a la sociedad respecto del apoyo de toda la clase política a un programa estructural de largo plazo y, de paso, cumplir con el requisito del Fondo Monetario de que todo programa de facilidades extendidas sea respaldado por los partidos políticos con representación en el Congreso, tampoco importa.

Básicamente, porque este acuerdo no es un típico entendimiento de largo plazo con el organismo, ya que carece de metas y reformas de fondo, de manera que, aún votado por todos, no hubiera servido de nada.

Hasta aquí, para lo único que resultó útil la discusión en el Congreso, ha sido para mostrar las contradicciones internas de la coalición gobernante, en donde el núcleo duro del kirchnerismo logró lo que se propuso desde el primer momento, que hubiera acuerdo con el FMI -“no somos partidarios del default”-, pero que las consecuencias supuestamente negativas del programa quedaran en la exclusiva responsabilidad de Alberto Fernández y de su ministro de Economía: “Nosotros hubiéramos negociado distinto”.

Y sirvió también para un ensayo de posicionamiento hacia adentro de la coalición opositora, con vistas al 2023.

En síntesis, hasta aquí, una gran pérdida de tiempo, que omitió discutir lo importante.

Ya comenté, en mi columna de la semana pasada, los contenidos claves del plan con el Fondo.

Una reducción del déficit fiscal, mediante una combinación de menores subsidios a la energía y el transporte, mayor presión tributaria explícita, y licuación inflacionaria.

Un intento por recuperar reservas de dólares en el Banco Central, evitando que se acumulen más atrasos en el precio del tipo de cambio oficial, ajustándolo de aquí en adelante, con alguna definición de la tasa de inflación que importa y manteniendo el control de importaciones y las restricciones al movimiento de capitales.

Una mayor tasa de interés en pesos, para tentar a la “especulación financiera de corto plazo”, y moderar la presión de la demanda de los “que se quieren ir” en los mercados alternativos del dólar, y para que la brecha no siga creciendo.

Y con cierto arreglo “cosmético” en el Balance del Banco Central, que limita la emisión de pesos directamente para financiar al Tesoro, pero que no limita la emisión indirecta, ni la acumulación de deuda remunerada en el pasivo de la autoridad monetaria (las ya tristemente célebres leliqs).

En términos prácticos, un programa para hacer más ordenadamente, lo que ya se estaba haciendo, aumentar más las tarifas y los impuestos de lo que se preveía, y lograr que el incremento de la tasa de inflación que cierra todo este mamarracho sea “un nuevo escalón” y no una espiral ascendente. Más que esto no hay, más que esto, no habrá.

Pero ahora viene lo importante.

Este modestísimo programa fue diseñado y acordado, como si la invasión de Rusia a Ucrania no se hubiera producido. O, mejor dicho, como si no hubiera sucedido el cambio de precios relativos a que dio lugar la guerra propiciada por el dictador ruso. Invasión que generó el aumento de los precios de algunos de nuestros productos de exportación e hizo explotar los precios del gas que importamos.

Por lo tanto, lo importante aquí es que, dado que ese cambio de precios relativos sucedió, y suponiendo que se mantenga por varios meses: ¿Qué vamos a hacer?

Si todo vuelve a la normalidad, nos quedamos, simplemente, con el programa “es lo que hay”, mientras dure.

Pero si la situación se prolonga, hay que tomar decisiones que van más allá del acuerdo con el FMI.

Y van más allá del acuerdo, porque respecto de las metas trimestrales comprometidas, la respuesta es sencilla, si no las podemos cumplir, pediremos una “dispensa”, bajo el argumento, “ah pero Putin”.

Pero en la realidad, el debate que hoy debería movilizar a la sociedad argentina es otro.

Hay aumentos de precios derivados del nuevo contexto global. Eso afecta a los costos internos y afecta también la necesidad de dólares, para importar energía. ¿Qué hacemos?

¿Cuál es el plan si este escenario perdura?

¿Cómo se traduce, eventualmente, este plan alternativo, en un nuevo presupuesto nacional? ¿Cómo se modifica la política cambiaria y de sector externo? ¿Dólares para turismo en el exterior, en lugar de dólares para que haya gas en invierno? ¿Existen incentivos de corto plazo para incrementar la exportación de petróleo, y obtener más divisas?

¿Se puede racionar el consumo de energía de alguna otra manera?

Estos son sólo algunas de las preguntas cuyas respuestas deberíamos estar debatiendo y resolviendo.

Por el contrario, seguimos enfrascados en la discusión chiquita en torno a leyes inútiles, mientras que los temas importantes están fuera del radar.

Parafraseando al gran Julián Marías: en el mundo se está hablando de lo que pasa, en la Argentina, mientras tanto, sólo pasa lo que se habla.

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