La energía y el acuerdo con el Fondo

En 2021 los subsidios energéticos significaron el 75% del déficit fiscal primario, con 2,4% del PBI, 120% superiores a los que dejó el gobierno de Mauricio Macri en 2019 cuando los subsidios energéticos eran 1,1% del PBI.

Se destinan solo a la producción de gas y electricidad. No a su transporte y distribución. En 2021 fueron USD 10.900 millones que se utilizaron 67% para la producción de electricidad, que no pagan las distribuidoras, vía Cammesa, 20% a Ieasa (ex Enarsa) para importar combustibles, mayoritariamente gas, como LNG (en barco) y de Bolivia por ducto. El resto prácticamente para los planes Gas, que consiste en pagar la diferencia entre el precio acordado con las petroleras para el gas y lo que paga el usuario residencial.

Si ahora el acuerdo con el Fondo establece para 2022 un déficit primario de 2,5% del PBI y solo en energía arrastramos subsidios por 2,4%, resulta irrisoria la propuesta del gobierno de un incremento tarifario de 20% para este año, como impuso el Instituto Patria a través de sus representantes en Energía: Federico Basualdo (subsecretario de Energía Eléctrica) y Federico Bernal (interventor en el Enargas). También lo es la propuesta original de 35% a la que aspiraba su teórico jefe el ministro Martín Guzmán.

El 2022 viene con una expectativa inflacionaria de 60%; una devaluación del peso poco menor a la inflación; un aumento de las importaciones de Gas Oil ante el persistente déficit de hidraulicidad en las principales cuencas con centrales hidroeléctricas; un mayor volumen de importación de LNG (gas en barco o gas natural licuado) ante una caída de la producción de Bolivia, y mayor demanda termoeléctrica; y un aumento del precio del LNG que triplica al promedio del año previo.

Posibles escenarios

Teniendo en cuenta esos factores, si no se tocaran las tarifas en 2022, en el mejor de los casos los subsidios energéticos serían mayores a los de 2021 en un 50% a 60% superando per se los 3,5% del PBI, con la pauta de crecimiento para el PBI de 2,5% que maneja el REM del Banco Central para este año.

Si se hiciera el ajuste tarifario del Instituto Patria, 20%, el subsidio energético rondaría el 3,0% del PBI, con el 35% de Guzmán 2,8% y con la segmentación a “los ricos del AMBA” 3,2%. Pero como ya se vio, para cumplir con el FMI el Gobierno debería reducir los subsidios energéticos en este año a 1,9% del PBI, es decir, reducirlo en unos USD 6.500 millones y esto se lograría con un aumento tarifario promedio para gas y electricidad del orden de 90% más la inflación 2022, es decir no menos de 150% en este año.

No obstante, ese incremento tarifario hacia fines de 2022 el usuario promedio residencial de gas y electricidad estaría pagando solo el 45% del costo de lo que consume.

En 2023, año electoral, difícilmente el gobierno realice el ajuste tarifario que permita reducir los subsidios por lo menos al nivel de 2019, es decir 20% del costo de los energéticos promedios. En consecuencia, es de esperar que el próximo presidente, en el mejor de los casos, reciba un sistema energético deficitario en unos USD 8.000 millones que significará subsidios del orden de 1,7% del PBI, casi todo el déficit fiscal primario a comprometer con el Fondo para 2023 que es de 1,9% y descapitalizado en unos USD 5.000 M, por la ausencia de inversiones durante más de 4,5 años. Es decir, con mala calidad de servicio.

De lo expuesto hasta aquí, se concluye que el ajuste necesario para cumplir la pauta de déficit fiscal a acordar con el Fondo es prácticamente inviable con el actual gobierno,

máxime si no se tocan los subsidios no energéticos como las transferencias descontroladas a las empresas en manos del Estado. Solo los déficits de AySA, Aerolíneas y Correo Argentino representan el 0,5% del PBI. Pero, también muchos cargos, cajas y negocios, privilegios a los que nunca renunciaría el kirchnerismo.

SEGUIR LEYENDO: