Cada 27 de septiembre se conmemora en nuestro país el Día Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes, en recuerdo de la sanción de la Ley N° 23.849 que dio lugar en 1990, en el ordenamiento legal interno, a la incorporación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Desde entonces, esta anexión de vital importancia se convirtió en una valiosa herramienta que sentó las bases del sistema de protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia en la Argentina.
Desde un paradigma de avanzada, la Convención vino a reconocer a los niños como sujetos plenos de derechos y, de esta manera, obligó a los países a abandonar el viejo modelo que establecía la tutela sobre los erradamente llamadas “personas menores”, y concebía a este colectivo como sujetos meramente pasivos.
La gran relevancia de este instrumento radica en el hecho de haber jerarquizado y consagrado los derechos de este sector de la población a la salud, a la educación y a la identidad, entre muchos otros aspectos. E introdujo la novedad de haber reconocido el derecho de los chicos a ser oídos, a que el Estado y las instituciones atiendan sus opiniones cuando se traten y aborden temas que los involucran de manera directa.
En este sentido, no parecen ser casuales muchas de las cualidades particulares que presentan las generaciones que nacieron bajo la perspectiva de un nuevo sistema de la protección de sus derechos. Niños, adolescentes y jóvenes han tomado la palabra para expresar su visión del mundo y cuestionar prácticas que los adultos teníamos asumidas como naturales, o que no poníamos en tela de juicio: desde los roles de género y las formas de relacionarse hasta la preocupación por el cuidado del medio ambiente.
Sus aportes son imprescindibles; enriquecen y permiten abrir nuevos caminos. Son voces necesarias para la construcción de una sociedad más igualitaria, que los adultos debemos atender si queremos ser parte del mundo que, desde sus diferentes subjetividades, nos proponen y están comenzando a imaginar y a proyectar.
Además del Día Nacional de los Derechos, el calendario nos presenta hoy otra efeméride vinculada directamente con la infancia. El 27 de septiembre es también el Día del Derecho al Juego, un aspecto trascendente para el temprano desarrollo de las personas, que –como tantos otros- sufrió grandes perjuicios en estos tiempos tan complejos de pandemia que estamos atravesando.
Con actividades recreativas suspendidas, sin recreos en el patio de la escuela, sin plazas para jugar y relacionarse con sus pares, sin la posibilidad de festejar cumpleaños, muchos derechos de la infancia se vieron afectados.
Sin dudas, las niñas, niños y adolescentes constituyeron el grupo social que más restricciones sufrieron y que mayor capacidad de adaptación debieron desarrollar durante las diferentes etapas del aislamiento social.
Es momento de comenzar a desandar ese camino de limitaciones y reemplazarlos por aprendizajes de pautas de cuidado y responsabilidad. Los tratados, las leyes nacionales y locales, nos obligan a ofrecer una protección especial a esos derechos. Es obligación del mundo adulto poder garantizarlos y avanzar en nuevas normas y nuevas prácticas que incorporen la voz de los chicos como una perspectiva insoslayable para avanzar hacia una sociedad más justa para todos.
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