
En siete meses, la recaudación de la AFIP mejoró 75% anual, sumó $6 billones, equivalente a 2,7% del PBI. Ingresos que permitieron “mejorar” las finanzas públicas, aunque pareciera de forma transitoria. Así, podría sintetizarse que la mayor presión tributaria fue del 1% del PBI por Ganancias, Ahorro solidario y Bienes Personales.
Otro 0,7% del PBI fue por retenciones (USD 5.963 millones hasta julio), duplicándose 100% anual por la fuerte alza de la alícuota promedio implícita en las exportaciones, pasaron del 9,2% al 14,7%. Incluso es real que toda esta presión “cayó” sobre el agro, ya que se eliminaron las que gravaban a la actividad industrial.
En tanto, otro 1% del PBI resultó de la mejora de los impuestos cíclicos, cuando la economía se recupera más del 9% real, reflejando algún proceso de incremento en la economía subterránea.
Así, el buen desempeño de la AFIP, básicamente, la recibió el Gobierno Nacional (retenciones e Impuesto Solidario) equivalente al 1,4% del PBI, y siendo coparticipado el 1,3% restante con las provincias.
Por ende, en los primeros siete meses del año, el gobierno nacional recibió recursos adicionales por cerca del 2% del PBI, registrando un déficit primario acumulado (estimando julio) del 0,8% del PBI, lo cual “luce brillante” respecto del 3,9% contabilizado en similar plazo que el año pasado.

Pero, hacia delante, no luce igual el escenario: la recaudación no empujará tal como lo hizo en la primera parte del año y no se tendrá ya el Impuesto Solidario, bajará Ganancias por personas físicas por menores salarios, y las exportaciones del agro caerán hasta diciembre (y de ahí las retenciones).
Restricciones de la demanda agregada
Por lo que el tren de los impuestos pasará por el PBI. No obstante, este último también muestra poca velocidad hacia delante, ante la baja real de la nómina salarial y del crédito interno que empujará “poco el gasto privado”.
En este rompecabezas de la política económica (y flaqueza de la recuperación de la economía), el Gobierno también enfrentaría otras restricciones que pondrían límites a la expansión de gasto primario y déficit fiscal “explosivo” en los próximos meses (estimándose en un piso de 3,2% y un techo de 3,8% para el 2021), derivado de la falta de financiamiento y endeblez de la demanda de dinero.
Para muestra, bastan “tres botones”: la última licitación de deuda en pesos, la emisión fiscal creciente de julio que termina en uso creciente de divisas para “limitar” la suba del CCL, y otro límites. Límites que se conectan, por ejemplo, con la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hacia el primer trimestre del próximo año.

Por ende, ¿cuál sería el déficit fiscal de cierre del 2021 en un marco, además, en donde el Gobierno tiene poco espacio para trabajar sobre una mayor presión tributaria directa?
De continuar el sesgo “implementado desde el 2020”, cuya cosecha fue en 2021, esto solo continuaría afectando a la inversión privada y el tren de caída del PBI per cápita.
Así visto, es “pesado” el manto de incertidumbre, ante un creciente déficit fiscal por elecciones, su resultado y un acuerdo con el FMI que hay no se cerró. En otras palabras, un tríptico donde se sienta un alto riesgo país, una creciente inflación y una flaca mejora del PBI en 2022.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Phishing: el delito que crece en silencio y que el Estado sigue mirando de costado
En 2024, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia reportó más de 34.000 denuncias de delitos informáticos en el país

La larga sombra del terrorismo iraní y un posible cierre
Desde una escena de atentado al escenario global
Balance de 5 años de aborto legal en Argentina
Crisis humanitaria, descalabro sanitario y urgencia demográfica

El mito del Estado presente: una verdadera estafa política
El incremento sostenido del gasto estatal, que pasó del 25,4% al 45% del Producto Interno Bruto en veinte años, ha coincidido con un aumento persistente de los niveles de pobreza y la destrucción del mercado laboral formal

Activismo accionarial en pausa: lo que la decisión de la SEC implica para mercados emergentes
Una modificación reciente impide que accionistas con menos de 5 millones de dólares en acciones publiquen documentos informativos en la principal plataforma pública, lo que limita la visibilidad de perspectivas minoritarias en votaciones de empresas




