
Hace pocas semanas, y una vez que la Inspección General de Justicia de la Nación otorgara la personería jurídica y consecuentemente la AFIP habilitara la CUIT, desde la Cámara Argentina del Cannabis (Argencann) iniciamos el proceso de apertura de una cuenta bancaria en una importante institución financiera que opera en plaza, para así poder cobrar las cuotas de nuestros asociados y contar con fondos bancarizados a nombre de la institución.
Dicho aportes, constituyen hoy el único ingreso de la Cámara y su destino es el sostenimiento solidario de nuestras actividades, puesto que somos una asociación civil sin fines de lucro constituída por más de setenta empresas y emprendedores que trabajamos para poner en marcha una nueva industria en la Argentina, con intención de generar una agenda de inversión, producción y trabajo. Esta árdua tarea, realizada con exiguos recursos, se lleva a cabo en vinculación con las autoridades, representaciones parlamentarias y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Habiendo cumplido con todos los requisitos y presentado toda la documentación requerida para operar en el sistema financiero argentino, para nuestra sorpresa, la entidad financiera en cuestión nos denegó la apertura de la cuenta por la única razón de que somos una cámara empresaria vinculada a la industria del cannabis.
El gran error en este punto es desconocer que si una sociedad comercial o una ONG están habilitadas por el organismo oficial de contralor y se encuentran registradas fiscalmente, lo son con el fin de desarrollar un objeto lícito y amparado por la normativa legal, caso contrario se les denegaría la personería jurídica.
Cualquier observador informado sabe bien que esta situación que se nos plantea en Argentina no es otra cosa que la muestra de una constante a nivel global. Internacionalmente, una parte importante de la banca ha rechazado de manera sistemática la apertura de cualquier producto financiero para las compañías de cannabis.
Quienes formamos parte de esta industria vemos a diario el sinfín de inconvenientes que estas obstrucciones causan al sector, que viene manteniendo una relación difícil con las entidades financieras, debido al entorpecimiento del normal desarrollo operativo, comercial e imposibilitado o demorado importantes inversiones.
El sistema financiero ha arrinconado a la industria del cannabis, al punto de no poder adquirir préstamos, establecer cuentas de depósito, emitir cheques, liquidar las nóminas salariales o pagar impuestos, imponiendo costos adicionales por operar u onerosas cargas administrativas. En algunos países, se ha llegado al extremo de no dejar otra opción a muchos comercios y dispensarios que manejarse únicamente con dinero en efectivo, fomentando el crecimiento de un mercado negro y aumentando los niveles de informalidad.
Cierto sector de los bancos ha argumentado no estar aún preparados para atender a las empresas cannábicas, ya que se expondrían a situaciones de responsabilidad civil y penal, sanciones regulatorias, ser considerados cómplices de lavado de dinero, acabar en la posible terminación de relaciones de corresponsalía y a un riesgo reputacional muy elevado.
Vista así, la colisión entre la evolución del marco legal del cannabis y la estricta regulación financiera internacional resulta evidente y compleja de resolver sin flexibilidad y visión estratégica. El fenómeno del cannabis llegó para quedarse y su futuro es portentoso. Una adecuada apertura del sistema bancario permitirá que nuestras empresas se pongan en marcha sin trabas y compitan en este mercado internacional emergente. Si eso sucede, la banca del cannabis estará pronta para despegar y tendrá servida una larga lista de nuevos clientes que le acercarán una cantidad de interesantes negocios. Lo cierto es que la industria del cannabis está enfrentando multiplicidad de retos y desafíos. Los cambios políticos ocurridos en los últimos años han reconfigurado dramáticamente el mercado. No sólo ha habido un boom sin precedentes de su uso medicinal, sino que un número creciente de países se están preparando para la regulación legal del uso industrial y recreativo.
Sin dudas, durante este 2021, asoma un nuevo tiempo para el sector en el mundo. Las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos preanuncian importantes cambios. El giro anunciado por la administración de Biden-Harris en la política de “la guerra contra las drogas”, las promesas de campaña efectuadas respecto de la despenalización del cannabis, su eliminación de la lista de sustancias controladas a nivel federal, y la posible sanción definitiva de iniciativas como el Safe Act, pronostican un efecto dominó a nivel internacional.
Argentina viene demorada en esta carrera, atada a un marco regulatorio muy restrictivo que precisa ser repensado. La nueva reglamentación de la Ley 27.350 ha sido un paso adelante que tímidamente le abre la puerta al desarrollo de un mercado legal de cannabis medicinal y a la posibilidad de pensar una industria, pero necesitamos ir más allá.
Es urgente el envío de señales claras de interés por incubar la puesta en marcha del sector, articulando políticas públicas orientadas a otorgar licencias de cultivo a los privados, acuñando procesos administrativos que faciliten su desenvolvimiento comercial y armonizando la regulación de las actividades financieras, bancarias y del mercado de capitales. En este sentido, es fundamental destacar el rol central que le cabe a nuestra banca pública de fomento y desarrollo. Quizás deba ser quien marque el rumbo y tome el liderazgo, facilitando el acceso a productos y servicios financieros, junto a una estrategia de acompañamiento y crédito.
Es imperiosa una apuesta que incluya el cannabis dentro de un nuevo modelo de crecimiento post pandemia, cuyo eje central sea la recomposición del aparato productivo local, la innovación y el rápido avance en la creación de oportunidades para la generación de las divisas que el país necesita.
Dejamos planteado el debate de cara a las autoridades, el ecosistema financiero argentino y la comunidad toda.
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