El año en el que la Causa Malvinas volvió a ser política de Estado

Se cumple un año desde que el presidente Alberto Fernández se comprometió a colocar el reclamo por la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas como una de las prioridades de su gestión. En su discurso de asunción frente a la Asamblea Parlamentaria afirmó que ya no había más lugar para el colonialismo en el siglo XXI y abordó el tema de la soberanía desde una doble perspectiva. Por un lado, a partir del cumplimiento de la Cláusula Constitucional que plantea la imprescriptibilidad del reclamo que es sostenido por nuestro país desde hace 187 años. Por otro, desde una mirada integral, que promueve el espacio del Atlántico Sur y la Antártida como una estrategia de desarrollo económico-social, mirando al futuro a partir de las enormes riquezas que la Argentina posee en esa región en materia de pesca, hidrocarburos, minerales y biodiversidad.

Para cumplir con estos objetivos, se comprometió a enviar al Congreso tres proyectos de ley. El primero de ellos proponía la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos correspondientes. Encabezado por el propio Presidente de la Nación, el Consejo está integrado por las fuerzas políticas con representación parlamentaria, notables académicos y juristas, la provincia de Tierra del Fuego y representantes de los excombatientes. Deberá asesorar sobre la construcción de políticas en el mediano y largo plazo y en la elaboración consensuada de estrategias en el plano global, regional y nacional que nos permitan sostener el reclamo con continuidad y coherencia.

La segunda iniciativa consiste en demarcar el límite exterior de nuestra plataforma continental más allá de las 200 millas. Es el resultado de una verdadera política de Estado que llevó adelante la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental desde 1997, en forma ininterrumpida y durante gobiernos de diferente identidad partidaria. Esta tarea permitió que la Argentina realizará ante el Secretario General de la ONU la presentación completa del límite de su plataforma continental en el año 2009. Esta norma contribuirá a proteger los derechos de soberanía sobre los inconmensurables recursos del lecho y el subsuelo del mar.

El tercer proyecto de ley tiene como objetivo defender los recursos pesqueros que pertenecen a 45 millones de argentinos/as. Eleva considerablemente las multas, que hasta ahora estaban fijadas a los valores de 1998, a quienes ejerzan la pesca ilegal en aguas argentinas, incluyendo las que circundan a las Islas Malvinas. La norma busca disuadir y evitar el saqueo por parte de buques pesqueros que se introducen sin permiso en nuestra zona económica exclusiva.

Hoy podemos afirmar con orgullo que el compromiso asumido por el Presidente ha sido cumplido. En menos de seis meses, estas tres iniciativas se han convertido en leyes que, votadas por unanimidad por todos los bloques parlamentarios, ya han comenzado a ponerse en práctica.

El Consejo Nacional de Malvinas realizó sus primeras tres reuniones. Se está trabajando en la licitación para la explotación de las riquezas de nuestra plataforma continental. También se ha actuado fuertemente en la captura de los buques que pescan ilegalmente en nuestras aguas, a partir de la creación de una comisión que cuenta con la participación de los ministerios de Seguridad, Defensa, Agricultura y la Cancillería. Al mismo tiempo se puso nuevamente en marcha el programa Pampa Azul que, con la participación de siete ministerios nacionales, ha dado un enorme impulso a la investigación científica, que debe ser la base de la enorme potencialidad económica y la sustentabilidad ambiental del Atlántico Sur. En la misma dirección, en conjunto con el Ministerio de Defensa se ha lanzado la Campaña Antártica de Verano 2020/2021, que a pesar de las restricciones que plantea el COVID desafiará las dificultades para mantener la presencia de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros investigadores en una región donde la Argentina mantiene su reclamo de soberanía y de la cual depende en buena medida el futuro de la humanidad.

Otra de las tareas importantes respecto al fortalecimiento de nuestro reclamo a nivel global es el trabajo en los organismos multilaterales para que el conjunto de las naciones del mundo exijan al Reino Unido el cumplimiento de la Resolución 2065 de las Naciones Unidas y que retome las negociaciones por el ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas. El primer año de la nueva gestión ha mostrado muy importantes logros en este objetivo permanente. El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el MERCOSUR, entre otros organismos, votaron por unanimidad declaraciones que reafirman el apoyo a la posición argentina. Por primera vez el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) también se pronunció en el mismo sentido. Por su parte, el Grupo de los 77 más China, que agrupa 134 países en vías de desarrollo, aprobó una resolución en la cual no solo apoyó los derechos soberanos de nuestro país, sino que lo extendió a las demandas que presenta la Argentina respecto de la ilegítima apropiación que el Reino Unido realiza sobre los recursos naturales del área en disputa.

Junto con estas acciones que llevó adelante la Cancillería también se firmaron las notas y se elaboró, junto a la Cruz Roja Internacional y al Reino Unido, el acuerdo que permitirá al avance de la identificación de los soldados argentinos caídos en Malvinas que aún están pendientes.

En 2020 se han cumplido 500 años del descubrimiento de las Islas Malvinas por la expedición de Fernando de Magallanes, 200 años del izamiento por primera vez de nuestra bandera en el archipiélago por parte de David Jewett y se conmemoran 55 años de la aprobación, sin ningún voto en contra, de la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU. Llegamos a este fin del primer año de gestión sabiendo que, a pesar de los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente Alberto Fernández al iniciar su mandato, es mucho más lo que queda por hacer. Sólo será posible convertir en realidad nuestro reclamo si logramos transformar la Causa Malvinas en una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno y que escuche el anhelo y la esperanza permanente de todos/as los/as argentinos/as. Con esta convicción seguiremos trabajando para que la celeste y blanca vuelva a flamear en nuestras queridas Islas.

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