Opinión que resta

Las agroexportaciones peruanas pasaron de US$ 642 millones en 2000 a US$ 14,529 millones en 2025. Se multiplicaron más de 22 veces y hoy llegan a más de 140 destinos, con más de 610 productos y 2,790 empresas exportadoras. Una transformación productiva que pocos sectores de nuestra economía pueden exhibir.

Pero detrás de estas cifras existe mucho más que comercio exterior. Proyectos de irrigación como Olmos, con capacidad para regar 43,500 hectáreas, y Chavimochic, con más de 15,000 hectáreas irrigadas, contribuyeron a transformar desiertos en tierras productivas. La inversión privada incorporó tecnología, infraestructura de procesamiento y cadenas logísticas que permitieron competir internacionalmente.

Los resultados también alcanzaron al empleo. De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú, los puestos formales del sector aumentaron de 218,000 en 2011 a 579,000 en 2025, un crecimiento del 165%. Y entre enero y julio de 2026 se registraron 584,000 puestos formales. No hablamos únicamente de exportaciones, sino de oportunidades laborales, ingresos familiares y desarrollo regional.

Nada de esto ocurrió por casualidad. Fue resultado de la combinación de apertura comercial, infraestructura, sanidad, inversión privada y un marco jurídico y regulatorio promotor. Sin embargo, preservar estas condiciones parece haberse convertido en un desafío.

El Ministerio de Economía y Finanzas MEF, al evaluar un proyecto de ley que busca excluir a las grandes empresas de los beneficios del régimen agrario, cuestiona la focalización de los incentivos y enfatiza su costo fiscal. Su informe estima que los beneficios aplicables a las empresas de mayores ingresos representarían S/ 861 millones en 2027.

Por supuesto, los incentivos tributarios deben evaluarse. Pero hacerlo exige considerar también las consecuencias de restringirlos sobre la inversión, el empleo formal, la competitividad y la recaudación futura. El informe del MEF reconoce estas dimensiones, pero no cuantifica los posibles efectos de la medida sobre ellas.

Y aquí surge una pregunta fundamental: ¿por qué concentrar el debate en restringir beneficios, en lugar de generar las condiciones para que más productores puedan acceder a ellos?

La agricultura peruana sigue enfrentando profundas brechas. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri, apenas uno de cada diez productores accede a crédito agrario. A ello se suman deficiencias de infraestructura hídrica, asistencia técnica, productividad, formalización y acceso sanitario. Barreras que dificultan su incorporación a las cadenas exportadoras. Precisamente allí debería concentrarse buena parte del esfuerzo estatal.

El MEF, junto con el Midagri y otras entidades, debería impulsar una agenda para ampliar la base productiva formal y exportadora. Destrabar irrigaciones, facilitar financiamiento, fortalecer la sanidad agraria y promover la articulación entre pequeños productores y empresas de mayor escala son tareas indispensables.

Las empresas grandes no son adversarias de las pequeñas. Por el contrario, pueden convertirse en sus principales articuladoras mediante cadenas de suministro, transferencia tecnológica, certificaciones y acceso a mercados internacionales. Limitar su crecimiento no garantiza mayores oportunidades para los pequeños productores.

Existe, además, un riesgo que no deberíamos subestimar. Cuando el Estado no consigue extender los beneficios del desarrollo hacia más productores, termina generando condiciones para cuestionar el propio marco que hizo posible ese crecimiento.

El problema no es únicamente cuánto cuestan los incentivos, sino cuánto podríamos perder si debilitamos las condiciones que sostienen la inversión y la formalidad. El Perú no necesita desmontar lo que funciona. Necesita que el Estado haga su parte para que funcione para muchos más.