Dejar hacer y dejar pasar: un pasaporte al fracaso

El monopolio de la fuerza pública es un elemento distintivo, fundante y estructural del Estado. Representa la potestad de asegurar el orden interior para hacer posible la convivencia ciudadana.

El barrabrava que tira piedras, palos y botellas en medio de una multitud está cometiendo un delito. Aquellos que eligen no hacer nada por falta de coraje y dejan actuar libremente a un puñado de energúmenos, ¿qué acto están cometiendo? ¿Cómo podemos calificar esa conducta?

El liberalismo y el progresismo se parecen en que ambos profesan el “dejar hacer, dejar pasar” como filosofía de vida. El liberalismo tiene una fe ciega en el mercado autorregulado y en su pretendida eficacia como ordenador de la vida económica de un país. El progresismo tiene una fe ciega en las sociedades autorreguladas, sin autoridad y sin ley, capaces de garantizar el orden por el mero “no hacer nada”.

Cuando un puñado minúsculo de inadaptados genera desmanes, la respuesta debe ser clara e inequívoca. Si se elige no hacer nada, los resultados nunca serán buenos. Pareciera que se impuso el piloto automático como filosofía para la resolución de problemas: no controlar y no responder a la violencia desatada sino desde la contemplación meramente especulativa. Todo como producto de una confusión conceptual que alimenta innecesariamente el caos. Pero también como consecuencia de la falta de decisión, de coraje y de compromiso para involucrarse de cuerpo y alma.

El ejercicio de la función pública consiste en tomar decisiones todos los días, todo el día. Y ese tomar decisiones supone, necesariamente, asumir riesgos: hay que organizar, desplegar logística en el terreno, conducir conceptualmente y liderar en el terreno de operaciones. Si en cambio se elige opinar desde un escritorio o desde las redes sociales, ya sabemos lo que sucederá.

Enfatizo en el concepto de liderazgo y conducción porque el despliegue de la fuerza pública monopolizada por el Estado jamás debe suponer una vulneración de la legalidad ni una carta blanca para justificar fácticamente ningún proceder ilícito. No es cierto que la única opción para enfrentar al delito sea un comportamiento igualmente delictivo por parte del Estado. Eso es falso y pertenece a un pasado que los argentinos hemos sabido dejar atrás, con políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

El Estado como formación política reconoce al monopolio de la fuerza pública como el elemento que lo define como tal. Este concepto significa que sólo el Estado, como autoridad pública, tiene la legitimidad de desplegar el uso de la fuerza para garantizar la vida de los ciudadanos. Hay Estado porque ninguna facción tiene la fuerza suficiente para imponer con violencia sus intereses al conjunto de una sociedad. Si ello ocurre, aparece el Estado ejerciendo el monopolio de la violencia legítima, interviniendo para poner orden y restablecer el equilibrio y la armonía amenazadas. Si un puñado de barrabravas desata la violencia y la orden es dejarlos actuar, ¿qué se puede esperar sino caos, confusión y una espiral de violencia? Si un puñado de oportunistas usurpa una propiedad y se la legitima desde un discurso permisivo, ¿qué se puede esperar sino más usurpaciones? Si un policía se duerme en medio de su jornada de trabajo, en plena autopista, y nadie lo reprende ni lo sanciona, ¿qué se puede esperar sino indisciplina e indolencia?

La seguridad y el orden son elementos constitutivos de toda sociedad que se precie de tal, sin importar el régimen político o económico en cuestión. Si se provoca un desmán, la orden jamás puede ser mirar para otro lado y dejar que todo se resuelva por sí mismo. Si unos inadaptados desatan el caos, las fuerzas de seguridad deben intervenir. En el marco de la legalidad, huelga decirlo, pero con la firmeza necesaria para restablecer el orden.

Jamás profesé el repliegue del Estado hacia un lugar de mero espectador de la dinámica social. Creo que el Estado debe construir reglas de juego para todos, que hagan posible una sociedad capaz de progresar y de garantizar un piso mínimo de derechos. Ese protagonismo del Estado debe manifestarse en el terreno de lo económico y de lo social. Pero también en el terreno de lo vinculado al orden y a la seguridad. Si el Estado no garantiza la seguridad porque propicia una filosofía de no intervención, se consagra la ley del más fuerte. Si el Estado no castiga a quien roba, el robo se multiplicará. Si el Estado no castiga a los barrabravas, la violencia escalará peligrosamente.

Las sociedades que se quedaron de brazos cruzados ante el avance de la violencia facciosa, tuvieron que padecer y lamentar muchos dolores. En esas sociedades se consolidaron enclaves mafiosos regidos por la ley del más fuerte, con lógicas de resolución de conflictos por fuera de la legalidad. El Estado de Derecho supone el respeto inexcusable a la legalidad, lo que significa un respeto absoluto al plexo de derechos y garantías constitucionales y convencionales. Pero el Estado de Derecho, además, exige un compromiso activo de lucha decidida contra quienes quieren imponer su propia ley desde la irracionalidad y la fuerza ciega.

En nuestro país necesitamos arremangarnos y trabajar todos los días. Que la pelota no se manche. Que nuestro orgullo de ser argentinos tampoco. Que la indolencia y los brazos caídos dejen de ser el sello de una argentinidad degradada.

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