Toma de tierras: ¿está bien pagarle un subsidio al usurpador?

Días atrás el gobernador Axel Kicillof expresó que iba a otorgar subsidios de hasta 50.000 pesos por hasta seis meses a cambio de la liberación del predio tomado en Guernica, en el municipio de Presidente Perón.

La medida generó polémica entre quienes sostienen con lógica, que la medida parece ser un incentivo a la toma de tierras. Significa un: “tomá, que algo te llevás a cambio”; y claramente si no se utiliza bien este tipo de subsidios pueden resultar contraproducentes.

Ahora: ¿está bien otorgar subsidios? ¿Cuál debiera ser la correcta respuesta del estado?

Para ensayar una respuesta, debemos decir que la Argentina arrastra un enorme problema de déficit habitacional hace ya muchos años, que no es responsabilidad de este gobierno, ni del anterior y que requiere de una serie de herramientas y acuerdos de políticas profundas para dejar de “correr la coneja de atrás” como lo venimos haciendo desde hace ya un largo tiempo.

Lo que sí es nuevo es poner en duda el derecho la propiedad privada y no ser firme en su defensa. Eso, claramente, no ayuda y genera mensajes confusos que son rápidamente aprovechados por organizaciones delictivas, mafias y demás que lucran que la necesidad ajena. Mujeres y niños son puestos de rehén, a custodiar un pedazo de tierra, bajo la extorsión inescrupulosa de que algo les conseguirá. Y en esto el gobierno sí tiene responsabilidad directa en no haber actuado con claridad y celeridad en defensa de la ley en la oportunidad correspondiente. El tiempo acá es oro.

Ahora, volviendo al tema de fondo y tratando de mirar para adelante, es bueno repasar los objetivos con los que instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), trabajan en distintos países con bastante éxito. Allí uno encuentra que la solución a esta problemática profunda empieza por buscar arreglar las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda. Y, luego sí, utilizar esquema de subsidios para suplementar el acceso a la vivienda. La ecuación es simple-: quien menos tiene, más nivel de subsidio requiere. Pero si se hace a “tontas y a locas”, como pareciera lo va a hacer la provincia de Buenos Aires, se paga la ineficacia.

Por el lado de la oferta, la Argentina necesita poder incentivar a los desarrolladores a que se animen a construir viviendas para el fondo de la pirámide. No es fácil, y no lo harán hasta que se consiga una reducción de los costos formales. Hay que cortar de raíz con el monopolio de la construcción. Reducir o eximir de impuestos la construcción de viviendas destinadas a los sectores más bajos y poder mejorar todo aquello que refiere al planeamiento de las ciudades, la burocracia y cómo se accede a la tierra urbanizada. Necesitamos derechos de propiedad fuertes y claros para garantizar la seguridad de instituciones financieras que permitan el acceso al crédito a una población mayormente informal.

El Estado es quien tiene que invertir en infraestructura básica y en la integración socio-urbana de barrios populares, a la vez, de fortalecer la autoconstrucción y el acceso a materiales para la misma. Esa tarea les es propia e indelegable.

En cuanto a la demanda, es imperioso generar las condiciones para que pueda existir acceso al crédito hipotecario real y a las microfinanzas que sirvan para la mejora de las viviendas existentes. Claramente, nada de esto es posible si no logramos generar la confianza que el país necesita para estabilizar su macroeconomía, bajar la inflación, dejar de lado las discusiones estériles de la política y subirse de una vez por todas a la senda del desarrollo.

Entonces sí, los subsidios pasan a ser una herramienta central de la política habitacional y deben ser introducidos bien localizados por nivel de ingreso familiar para lograr ser eficientes. Deben ir cada vez más abajo para que más argentinos puedan ingresar al crédito y procurarse, con ayuda pública, el acceso a su vivienda digna.

Subsidios iniciales como puente pueden ser aquellos que permitan acceder a la tierra, pueden ser el camino si se implementan en forma seria, se lleva un registro del suelo disponible y se planifica como ha de atenderse el crecimiento propio de las ciudades.

Ante el importante grado de informalidad que va a presentar nuestro país luego de la pandemia que hemos sufrido por el COVID-19, deviene más fundamental aún que se trabaje en un esquema bien fragmentado de subsidios y que con un abordaje sistémico, permita mejorar las condiciones de los asentamientos informales, a la vez que establezca mejores condiciones de construcción más flexibles.

Hay que trabajar fuertemente en incorporar al sector informal. Esa tiene que ser la premisa fundamental. Son ellos quienes pagan con su bolsillo las ineficacias de nuestra economía. Generar esquemas de fondos de garantía pública, como lo han hecho con éxito otros países, que permita ayudarlos a ingresar así al sector financiero, que es el único que tiene la capacidad real de darle escala a la inversión que se necesita para atender toda esa demanda. Inclusión financiera tiene que ser sinónimo de formalidad.

El objetivo solo puede ser posible si el Estado contribuye a mantener un buen sistema de resguardo a la propiedad privada, de equilibrio entre inquilino y propietario y genera las estructuras que ayuden a que la oferta se mueva hacia los sectores más vulnerables.

La única respuesta no puede seguir siendo la consolidación de barrios de viviendas sociales en las periferias de las ciudades. Es una solución que no tiene escala y es ineficaz para fomentar la correcta inclusión social y el acceso al derecho a la ciudad en su sentido amplio. Hay ahí sí un rol central del estado en calibrar bien estos incentivos y permitir una mejor localización en post de no pagar los altos costos que acarrea la mala administración urbana.

Finalmente, monitoreo y evaluación, sin ello no es posible estructura ningún plan exitoso y medible. No es necesario reinventar la pólvora, hay mucho hecho que vale la pena y lo que requiere es un compromiso de todas las fuerzas políticas de que querer instalar el tema en la agenda como parte de una política de estado que permita actuar en forma coordinada entre los distintos niveles del gobierno y a lo largo del tiempo.

Es una tarea compleja, pero que si no logramos avanzar seguiremos teniendo “Guernicas”, símbolos de los terribles sufrimientos que nuestra mezquindad política infringe a quienes más nos necesitan. No lo permitamos.

El autor es ex Secretario de Vivienda de la Nación