Desde 2016 vengo trabajando en el Senado de la Nación para promover una alimentación saludable. Durante todos estos años hemos intercambiado y recibido aportes de la Organización Panamericana de la Salud, la Fundación Interamericana del Corazón, Unicef Argentina, entre otras, que entienden la importancia de contar con normas que garanticen el derecho a la salud y que regulen el acceso y el derecho a la información de los consumidores. Varios países de Latinoamérica cuentan con normativas vigentes como Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y México.
Esta semana, el plenario de comisiones de Salud, Industria y Comercio recibió 22 expositores que sumaron sus miradas para lograr la mejor legislación posible en la Argentina.
Además de colocar sellos de advertencia en los envases de alimentos y bebidas analcohólicas, que indiquen, de forma clara y simple, exceso de nutrientes críticos tales como azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías, la ley que impulsamos es más abarcativa e integral, ya que también regula la publicidad de esos productos y aborda aspectos relacionados con la educación nutricional en ámbitos escolares.
Debemos darnos un debate amplio en nuestra sociedad. En el país cuatro de cada diez niños y niñas, entre dos y doce años, padecen sobrepeso u obesidad y consumen hasta un 40% más de bebidas azucaradas que los adultos.
Las estadísticas en salud son preocupantes. La problemática de la obesidad -que configura una verdadera y silenciosa pandemia mundial- requiere de políticas públicas integrales, ya que de la misma derivan enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión o las enfermedades cardiovasculares.
Por otro lado, esta ley además de reforzar el derecho a la salud, suma otro derecho humano fundamental: el de la información. Vale decir, el derecho del consumidor a ser advertido de los riesgos de consumir determinado producto en exceso.
Sin la información correcta es difícil tomar decisiones adecuadas. El ejemplo que siempre menciono: que el envase tenga una naranja estampada no quiere decir que esté hecho con la fruta, y muchas veces, tampoco implica que sea saludable.
Hoy podemos decir que estamos en condiciones de avanzar sin trabas en este proyecto. Contamos con la experiencia de varios países que pasaron por este proceso para afirmar que, de ninguna manera, esta norma va en detrimento de la industria alimenticia, por el contrario, muchas marcas lograron reformular sus productos para evitar sellos e inclusive lo utilizan como una herramienta de marketing.
Lo mismo con algunos otros productos naturales, que tal vez pasan inadvertidos para el consumidor y se verían integrados en la competencia, diversificando la matriz productiva.
Hay que resaltar la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional en avanzar con esta ley y destacar, por otra parte, que senadores y senadoras tanto del oficialismo como de la oposición, con iniciativas similares, estamos trabajando en un proyecto unificado, más allá de los colores partidarios. Este es el camino: Trabajar y generar políticas de Estado que trasciendan más allá del gobierno de turno y mejoren nuestra calidad de vida.
* La autora es senadora nacional del Frente de Todos por Mendoza
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