El mandatario argentino Alberto Fernández (Foto: Presidencia)
El mandatario argentino Alberto Fernández (Foto: Presidencia)

La historia de la humanidad muestra que en las guerras la sociedad se une en la lucha contra el enemigo. Se genera un sentimiento de mancomunidad entre los ciudadanos al verse o sentirse atacados. Y si de sentimientos se trata, se ensalza el patriotismo y la unión nacional. Los gobernantes, a su vez, piden y toman todo tipo de medidas para proteger la nación.

Desde que el coronavirus llegó a la Argentina, el Gobierno Nacional comenzó a utilizar el argumento de que se está librando una batalla contra un “enemigo invisible”. Y esta épica, la de la guerra, es la que ha generado que los medios hablen del “fin de la grieta”, y que el Gobierno Nacional sostenga que “de esta salimos todos juntos”, invitando así –de manera obligatoria- a acatar las decisiones que se toman desde el Poder Ejecutivo (porque hoy, ninguno de los otros Poderes funciona) y aceptar lo que se nos dice, sin posibilidad de disenso. Porque quien no está de acuerdo, es antipatria; el que critica, es el enemigo, el que “quiere que el Gobierno de Alberto caiga”. Falta que canten “el que no salta es un inglés”.

Momentos extraordinarios exigen medidas extraordinarias, afirman desde el Ejecutivo argentino. Así, desde la llegada del COVID-19, hemos sido espectadores de lujo de un sinfín de decisiones tomadas por parte del Poder Ejecutivo nacional que no hacen más que restringir libertades y avasallar instituciones.

Por nombrar algunas:

16 de Marzo, el Gobierno Nacional decide regular el precio del alcohol en gel y retrotraerlo al precio del 15 de Febrero;

17 de Marzo, el Gobierno Nacional se arroga la posibilidad de realizar compras directas para abastecer de bienes y personal para afrontar la crisis, eliminando así los controles de la legalidad de los actos públicos;

18 de Marzo, se establecen precios máximos para una vastísima cantidad de bienes, facultando al Estado a controlar los precios en los comercios;

19 de Marzo, llega la cuarentena obligatoria, limitando la libertad de tránsito dentro del país y penando su incumplimiento con multas y/o cárcel;

29 de Marzo, el Gobierno Nacional suspende los desalojos, prorrogan los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de Septiembre y congela los precios de los alquileres;

31 de Marzo, el Estado Nacional prohíbe por 60 días los despidos sin justa causa y los despidos y suspensiones por “falta o disminución del trabajo por fuerza mayor”;

1 de Abril, el Ministerio de Salud prohíbe la venta de respiradores artificiales, obligando a que toda la producción o comercialización de respiradores sea destinada al Ministerio. A esto debe sumarse la prohibición de ingreso de los argentinos varados en el exterior.

Finalmente, el 8 de abril la Ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, afirmó que están haciendo “cyberpatrullaje para detectar el humor social”. No hace falta decir que se está limitando la libertad de expresión y que todas estas medidas concentran aún más el poder alrededor de una persona que no se muestra dispuesta a rendir cuentas de sus actos u omisiones.

Libertad de reunión, de empresa, libertad de contratos, seguridad jurídica, libertad de tránsito, de expresión. Todas libertades cercenadas en la guerra contra el enemigo invisible. Pero, un pequeño detalle, en todos los casos mencionados, las medidas fueron tomadas a través de Resoluciones ministeriales o Decretos del poder ejecutivo. Nada de esto tuvo el control del Congreso (no está sesionando) ni tampoco de la comisión bicameral que debería revisar los DNU. ¿Y el Poder Judicial? En silencio. Eso sí, todos los poderes del estado siguen cobrando sus sueldos al día, sin rebajas, sin demoras.

Pero, ¿Qué líder populista no deseó alguna vez tener a toda su población estrictamente vigilada? ¿O cuál no quiso decidir qué actividad económica debería existir y cuál no? ¿Qué populista no soñó con acallar las voces críticas? Tantos líderes latinoamericanos han deseado alguna vez adjudicarse ser el “padre” del pueblo.

San Bernardo de Claraval fue quien dijo “el camino al infierno está plagado de buenas intenciones”. No dejemos que la épica de la gesta contra el “enemigo invisible” no nos deje ver el avasallamiento sobre nuestras instituciones. No dejemos que, con la excusa de cuidarnos del coronavirus, se descuide la salud de la democracia.

Es que hoy, la democracia, está en terapia intensiva.