
En muchas situaciones de la vida cotidiana podemos notar que existe una diferencia que nos deja a las mujeres relegadas o por fuera de espacios de poder, de cargos en instituciones y organismos, en la toma decisiones, en el acceso a derechos y a la justicia, en el disfrute de nuestros deseos. Cualquiera puede notarlo, pero no siempre esa desigualdad se visibiliza como lo que es: discriminación.
Es importante entender que en la actualidad la discriminación ha ampliado sus significados y ha desplazado su foco en lo biológico para poner énfasis en lo cultural y en la nacionalidad. Uno de los desafíos más urgentes en nuestro país es actuar contra las nuevas formas de discriminación y violencia que ya no atacan solo a las minorías sino sobre todo a las mayorías: a las mujeres, a los grupos racializados, a la pobreza.
Más que nunca en materia de políticas públicas debemos abordar las diferentes situaciones de desigualdad de manera interseccional. Esto implica complejizar los fenómenos sociales y dejar de ver las categorías como entidades aisladas que se pueden solucionar con recetas mágicas; al contrario, se trata de resolver expresiones culturales bien arraigadas en la sociedad. El feminismo es clave para entender esta interseccionalidad, precisamente porque nos ha enseñado que el patriarcado funciona de manera vertical pero también transversal, abordando a cada una de las actividades cotidianas.
Estas nuevas formas discriminación y racismo se entrecruzan y agravan ante otras situaciones de desigualdad, y específicamente ante la pobreza: no es lo mismo ser mujer blanca que negra, mujer pobre que rica. De cara a otro Paro de Mujeres, y como titular de INADI, elijo hablar de la discriminación que implica el acceso al trabajo y la distribución económica, porque el paro representa eso: una manera de denunciar esta forma de producción que es explotadora. También quiero resaltar la falta de acceso a la Justicia para las mujeres, otra forma de discriminación que se agrava ante la pobreza en tiempos en los que la peor pandemia son los femicidios.
El trabajo doméstico es un caso ejemplar del cruce de ejes. En la Argentina un millón de mujeres se desenvuelven en este rubro, muchas veces como entrada al mercado de trabajo. Son las mujeres más pobres con menor nivel de educación y que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social. Este sector tiene un alto nivel de feminización, de precariedad laboral, de violencia y discriminación. El 75% de las trabajadoras domésticas no está registrado, es decir que no tiene vacaciones, aguinaldo, días por enfermedad ni maternidad, horarios no establecidos.
El modelo vigente en los últimos años ha fomentado este tipo de precariedad laboral ya que ha agudizado las desigualdades sociales. Ello ha incidido de manera fundamental en las prácticas discriminatorias así como en la violencia machista, la cual se ha cobrado al menos 68 vidas en lo que va del 2020. Es urgente también actuar ante la demanda de los familiares de víctimas de femicidios, cuyos casos permanecen en la impunidad, y actuar como Estado para prevenir que tengamos que seguir lamentando la muerte de una mujer cada 23 horas.
Hoy existen muchos cargos jerárquicos de la gestión nacional ocupados por mujeres: es una esperanza, una oportunidad y sobre todo una responsabilidad de actuar sobre estas formas de violencia. Desde el INADI estamos trabajando para acompañar el cambio cultural que implican los cambios estructurales que promueven la redistribución del ingreso y el desarrollo económico inclusivo, a fin de lograr la superación de la situación de pobreza de la mayoría de la población del país y su correlato en términos de violencia.
Las mujeres no queremos pagar más con nuestros cuerpos el “sacrificio” que implican las políticas de hambre, de endeudamiento y de discriminación.
Por eso paramos las mujeres.
La autora es titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
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