A la espera de políticas públicas en materia de diversidad sexual

El presidente Alberto Fernández durante su discurso de asunción (EFE)
El presidente Alberto Fernández durante su discurso de asunción (EFE)

Al comenzar una nueva gestión de gobierno, les militantes sociales analizamos qué tipo de relación tendremos con quienes van a administrar el Estado. En el caso de las organizaciones de grupos vulnerados esto se torna fundamental, ya que es el Estado el que garantiza -o no- el acceso a todos nuestros derechos, aún aquellos más básicos como la salud, la educación, el trabajo, etcétera.

En su momento, sabíamos que la relación con el gobierno de Mauricio Macri iba a ser difícil. Aunque teníamos la certeza de que no iba a dar marcha atrás en leyes como matrimonio igualitario e identidad de género también sabíamos -y luego comprobamos- que la violencia institucional iba a ser uno de los principales problemas para nuestra comunidad, y que el ajuste y el Estado ausente de los gobiernos neoliberales iban a generar importantes dificultades en el acceso a todos los derechos, especialmente aquellos conquistados por la ley de Identidad de Género, la ley de Reproducción Humana Asistida, entre otras, en donde los intereses de las corporaciones de salud, por ejemplo, entran en colisión con los de les ciudadanes. Y así fue. Donde se vulneraba un derecho, no había Estado al que recurrir.

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en cambio, dejaron la vara muy alta en materia de reconocimiento de derechos de la diversidad. La mayoría de las reivindicaciones históricas de nuestro movimiento se convirtieron en leyes y políticas públicas durante estas administraciones. No sólo se aprobaron el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género sino que muchas otras leyes incluyeron artículos que reconocen derechos a la diversidad. Entre ellas, la ley de medios de comunicación audiovisual (artículo contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los medios), ley de femicidio (agravante para los crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y su expresión), ley de salud mental (prohibición de diagnosticar en base a la identidad sexual), y muchas otras. Además, se crearon áreas y programas de diversidad en casi todos los ministerios nacionales, desde donde se desarrollaban políticas públicas en diversidad desde la perspectiva de cada cartera.

Si bien es difícil pensar en que algún gobierno pueda superar este piso de histórica igualdad jurídica que dejaron los gobiernos kirchneristas, hay algo en lo que el gobierno de Alberto Fernández empieza con ventaja que responde a su propia decisión política: poner estos temas en su agenda de gobierno y darles un lugar central en su discurso y en la institucionalidad del Estado: un ministerio.

Mientras que en los gobiernos anteriores fueron las propias organizaciones -principalmente la Federación Argentina LGBT- las que pusieron estas demandas en la agenda pública, el gobierno de Fernández las ubica ahí desde el inicio, en sus palabras y en sus decisiones.

“También en nuestra Argentina hay mucho sufrimiento por los estereotipos, los estigmas, por la forma de vestirse, por el color de piel, por el origen étnico, el género o la orientación sexual. Abrazaremos a todos quienes sean discriminados. Porque cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, puede ser discriminado por lo que es, por lo que hace, por lo que piensa. Y esa discriminación debe volverse imperdonable”, dijo Fernández. Fue la primera vez que un presidente se refirió a nuestra comunidad y su sufrimiento en un discurso como este.

El nombramiento de Victoria Donda en el Inadi es también un excelente augurio. Durante su gestión como diputada nacional no solo fue una aliada en la discusión de matrimonio igualitario e identidad de género, sino que también fue fundamental su rol comprometido en los varios intentos que hubo por aprobar una nueva Ley Antidiscriminatoria que también promueve la FALGBT, entre otras iniciativas que trabajó junto a organizaciones de diversidad, especialmente en las oportunidades en las que presidió la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Tampoco faltaron los gestos, como el pañuelo de la diversidad en el bolsillo de Estanislao y el show de Sudor Marika en el escenario de Plaza de Mayo.

Ahora resta ver si la palabra, los gestos y la decisión política se convierten en políticas públicas es decir, si se responde a las demandas de las organizaciones sociales y movimientos que hace años trabajan por los derechos de la diversidad. Para esto, hay que establecer un diálogo respetuoso de estas militancias, de sus conquistas y trayectorias colectivas. Confiamos en que así será.

La autora es militante de Género y Diversidad, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la CABA, y una de las redactoras de la ley de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género.

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