La primera infancia en la Argentina: lo urgente y lo importante

La primera infancia, el período que va desde el nacimiento hasta los 5 años, es una etapa fundamental y determinante para el desarrollo de los niños y las niñas. Si estos primeros años se viven en contextos de pobreza y falta de recursos, las posibilidades de contar con una nutrición adecuada y estimulación cognitiva se ven dramáticamente reducidas. Y con esto, su bienestar social y emocional, así como el futuro aprendizaje en la escuela.

Las cifras actuales en la Argentina son alarmantes. El 51,8% de los hogares con niños menores de 4 años se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras que uno de cada diez vive en situación de pobreza crítica o grave. Esto, a su vez, significa que el 12,9% sufre una inseguridad alimentaria severa, según el Barómetro de la Deuda Social en la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA). Además, a dos de cada diez niños menores de cuatro años no le festejaron su último cumpleaños, un evento fundamental para la construcción de su identidad, y el 45,5% de los chicos de hasta 4 años no tiene libros infantiles en su casa.

Todas las cifras dejan claro que tenemos un escenario crítico y que el desafío es enorme. Pero, ¿por dónde comenzamos?

El diputado nacional y futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, propone abordar las políticas de primera infancia trabajando sobre los programas y políticas que ya existen, en vez de buscar nuevas políticas fundacionales. En otras palabras, utilizar la amplia red de organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia, y la enorme experiencia que se ha desarrollado en las provincias y municipios, con sus diferencias geográficas, sociales y económicas.

Para el director académico del CEPE y decano de la Escuela de Gobierno de UTDT, Eduardo Levy Yeyati, “una buena política de cuidado de la primera infancia (esto es fortalecer las prácticas de los centros infantiles) tiene un triple impacto social: mejora el desarrollo de los niños, jerarquiza el cuidado como una actividad remunerada con formación certificada y salida laboral, y contribuye a reducir la brecha de género”.

Un ejemplo de este tipo de proyectos es la prueba piloto “Crianza Juntos” que implementó este año el CEPE, junto con la Fundación Argentina María Montessori (FAMM), a pedido del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El objetivo fue potenciar el programa que brinda apoyo a centros infantiles (Unidades de Desarrollo Infantil, UDI), brindando una formación y transformación de estos centros basada en la metodología Montessori a educadoras y personal de estas instituciones.

Otro ejemplo de políticas de cuidado en primera infancia es el programa “Casas Cuna” actualmente en marcha por la provincia de Córdoba, con un fuerte apoyo de ONGs, gobiernos municipales y comunidades. Este programa tiene por objetivo mejorar la red de espacios de cuidado y protección de niños y niñas de 45 días a 3 años de sectores vulnerables y facilitar la inserción laboral de las madres de los niños que asisten a estos centros. La transformación de estos espacios contempla que los mismos garanticen no sólo el cuidado y nutrición sino también la estimulación cognitiva y contención emocional de estos niños.

Como sucede en Córdoba y se propuso este año en la provincia de Buenos Aires, es necesario que el Estado se apropie de este tipo de proyectos y convierta las pruebas piloto, los proyectos comunitarios o las iniciativas civiles en políticas públicas a largo plazo.

No es necesario caer en el facilismo de borrar todo lo hecho o copiar modelos externos. Las políticas públicas para la primera infancia deben ser integrales, definidas en base a la evidencia existente y a partir de las experiencias de organizaciones e instituciones locales. El Estado debe liderar esta construcción, empoderando en el proceso a los actores que conocen de primera mano la realidad de los hogares y de las instituciones educativas y de cuidado.

La autora es investigadora asistente de Conicet del Instituto de Neurociencias Cognitivas y Traslacionales (INCYT), asociada del Centro para la Evaluación de Políticas Públicas (CEPE) y del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Torcuato Di Tella.