Los Tribunales ubicados en el centro porteño
Los Tribunales ubicados en el centro porteño

Hoy es el día del Magistrado y Funcionario judicial. Vale decir, hoy es el día de todos los jueces, fiscales, defensores oficiales y secretarios de todo el país. Integrantes de uno de los tres poderes del estado, probablemente el más criticado: el poder judicial.

El juez no suele ser simpático por definición, ni encuentra empatía en la sociedad, más allá que el suyo es un servicio a ella. Debe resolver los casos, más allá del pensar social, atendiendo a las particularidades de los mismos y a lo que las partes (Fiscal, defensa, víctima, actor o demandado), le presentan. La sociedad espera de los jueces y del sistema de administración de justicia muchísimo más de lo que la justicia le brinda.

Se espera que los jueces y la justicia tenga un contacto más cercano con la sociedad. Que el acceso a la justicia sea un derecho palpable. Que los jueces paguen sus impuestos a las ganancias y que hagan públicas (porque son personas públicas) sus declaraciones de bienes. Que inspiren confianza, producto de su independencia de criterio. Serlo y parecerlo.

Que a la vez brinden un servicio (el de justicia) a la sociedad. Que los jueces atiendan y resuelvan los problemas (conflictos) de los ciudadanos, así como aquéllos en los cuales el Estado es parte. Que las soluciones se expresen con un lenguaje sencillo, de fácil comprensión. En su caso, de ser necesario, que los jueces expliquen con capacidad docente las sentencias a la sociedad. Que las sentencias sean anoticiadas a los ciudadanos a través de los medios de prensa (en todas sus versiones y vertientes), para que de esta forma la comunidad pueda tener el control ciudadano de lo que hacen los jueces, todo lo cual transparenta la función judicial.

Los jueces tienen la obligación de comunicar a la sociedad lo que tienen, lo que hacen y cómo lo hacen.

El poder de los jueces (como uno de los tres poderes del Estado) se debe traducir en servicio público a la sociedad en términos de administración de justicia y no como un poder para ellos mismos.

Además, es imperioso que el sistema de administración de justicia sea eficaz y eficiente en su gestión. Ello significa que los jueces deben resolver, con la debida prudencia y premura, el universo de casos (detrás de los cuales hay conflictos sociales, entre particulares o de orden público) que tienen para fallar con equidad y justicia, sea que se refieran a ciudadanos de bajos recursos económicos, o de alto poder adquisitivo, se trate de delitos comunes o de crímenes complejos, de delitos cometidos por funcionarios públicos , de un juicio contra el Estado, a favor del Estado o de una empresa, con afectación al ámbito local o con implicancias internacionales; todos los casos deben ser resueltos a la mayor brevedad posible, cumpliendo desde ya las garantías del debido proceso, pues fiel al adagio popular, la justicia lenta…no es justicia.

También debe contarse con una metodología de trabajo que estandarice de modo uniforme los circuitos internos laborales para generar previsibilidad jurídica y transparencia y de esta forma que los jueces puedan explicar no sólo el producto de lo que hacen (juicios y sentencias) sino cómo lo hacen.

Los tribunales federales Comodoro Py (DYN)
Los tribunales federales Comodoro Py (DYN)

El cargo de juez (al igual que el de fiscal y defensor oficial) es de gran prestigio y se obtiene luego de un largo y complejo camino, que implica un riguroso concurso de análisis de antecedentes profesionales, examen escrito (y, eventualmente, oral) audiencias públicas, test psicológico, presentación de declaración jurada de bienes, consulta a la ciudadanía sobre las cualidades del candidato propuesto; todo ello con intervención de los tres poderes del estado.

La gran cantidad de requisitos exigidos conforme el actual diseño constitucional para la selección de magistrados no torna aconsejable que sea sustituido por uno de elección popular, que llevaría a los jueces a efectuar campaña política (con sustento económico), de la cual, precisamente, pretende garantizar su independencia.

El juez hace las veces de un director empresarial, en el ámbito público. Como líder de un grupo de trabajo debe fijar su rumbo, organizarlo, desarrollarlo (capacitar, especializar y motivar), escuchar y dialogar con sus integrantes.

A su vez, éstos deben ser seleccionados teniendo en cuenta distintos aspectos, la experiencia laboral, los méritos académicos, dando oportunidad a todos los aspirantes, sin distinciones ni favoritismos personales o familiares. Constituye un imperativo del magistrado, efectuar un despliegue inteligente de los recursos tecnológicos, materiales, humanos y de la información.

Corresponde establecer un plan de acción al que deben exigírsele resultados, sin que constituya un obstáculo para dichos fines, ni los horarios ni las ferias judiciales, más allá de los razonables descansos laborales. Los jueces deben rendir cuentas de sus actos y demostrar su productividad mensual, semestral y/o anualmente ante los organismos de control establecidos por la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias.

Para ello, el juez debe ser portador de diferentes valores, entre los que se destacan la imparcialidad, independencia (de los poderes políticos, económicos y de otras agencias judiciales, hasta de sus propios prejuicios), integridad moral, templanza, experiencia, humildad, capacidad de transformación y sentido común.

A su vez, aquellas virtudes deben ser acompañadas de una capacitación técnico-jurídica permanente. Las sentencias deben ser sencillas, de fácil comprensión, que resuelvan el caso conforme los parámetros de equidad y justicia, y transparentes para que la sociedad pueda ejercer su derecho democrático de control.

El fiscal, que también es magistrado conforme el art. 120 de la Constitución Nacional, cumple un rol protagónico en la promoción de la acción penal y en defensa de los intereses de la sociedad, y de la legalidad del procedimiento, tendiendo cada vez más hacia un sistema acusatorio, distinguiendo claramente la función de acusar (en cabeza del fiscal) de la de juzgar (en cabeza del juez).

La transparencia en el ejercicio de la función pública y en el funcionamiento de los poderes del Estado, es un valor intrínseco de la forma republicana de gobierno (art. 1, C.N.) y del Estado de derecho.

Posibilita el control de los actos de gobierno por parte de la ciudadanía y facilita el acceso a la información, que actualmente se erige como un derecho humano.

La transparencia también favorece la participación democrática del ciudadano, pues sin conocimiento de los actos de gobierno, no es posible su cuestionamiento, apoyo o aporte a los mismos. Para alcanzarla, el principio de publicidad de los actos de gobierno resulta esencial.

A partir de ello, diversas normas imponen deberes a los funcionarios estatales a fin de llevar a cabo sus tareas en forma clara y transparente, de manera que la ciudadanía las pueda conocer.

En tal sentido, la Ley de Ética Pública impone como deber y pauta de comportamiento ético del funcionario público explicitar los fundamentos de sus decisiones y mostrar la mayor transparencia, sin restringir el acceso a la información.

En esta línea, uno de los aspectos que hacen a la transparencia en la función pública es la actuación del funcionario en el mejor interés de la sociedad y no en el suyo propio. En base a ello, la Ley de Ética Pública, instaura un sistema de declaraciones juradas anuales patrimoniales que los magistrados y funcionarios deben cumplir, a fin de exteriorizar su situación patrimonial y la de su familia. Ello, en miras a controlar un posible enriquecimiento indebido durante el ejercicio de las funciones encomendadas en su calidad de servidores públicos. Entre los obligados se encuentran los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y los del Ministerio Público.

Además, los magistrados y funcionarios también deben presentar una declaración jurada dentro de los 30 días hábiles posteriores a la asunción de su cargo y otra cuando cesan en él.

Asimismo, en tiempo reciente, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.857 de "Ética en el ejercicio de la función pública", que establece que las declaraciones juradas previstas en la Ley de Ética Pública deben ser de carácter público, de libre accesibilidad y que pueden ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet.

Otro aspecto de la transparencia que debe regir en el ejercicio de la función pública –y por lo tanto respecto de los jueces– es que sus deberes y tareas públicas no se vean o puedan verse interferidas por intereses ajenos al cargo desempeñado.

Los tribunales de Familia de la provincia de Córdoba
Los tribunales de Familia de la provincia de Córdoba

En ese sentido, existen incompatibilidades genéricas para el desempeño de la función pública y otras específicas para los jueces.

La Ley de Ética Pública, prevé que es incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; también ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

Por su parte, como se adelantó, existen incompatibilidades específicas respecto de los jueces. En tal sentido, el decreto-ley 1285/58 establece que es incompatible la magistratura judicial con toda actividad política, con el ejercicio del comercio, con la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres y de los hijos, y con el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios de carácter honorario.

No se permite el desempeño de los cargos de rector de universidad, decano de facultad o secretario de ellas. Los magistrados de la justicia nacional podrán ejercer, exclusivamente, la docencia universitaria o de enseñanza superior equivalente, fuera del horario judicial. A los jueces de la Nación les está prohibido practicar juegos de azar, concurrir habitualmente a lugares destinados a ellos o ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo.

Además, en el caso de tribunales colegiados, no podrán ser, simultáneamente, jueces del mismo tribunal parientes o afines dentro del cuarto grado civil.

​Asimismo, los magistrados deben ser idóneos, como todo funcionario público. Los requisitos de idoneidad de los jueces se encuentran previstos en las normas que reglamentan el proceso de selección de magistrados. Se debe aclarar que el proceso de concursos públicos tendientes a cubrir las vacantes para los cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público –Fiscal y de la Defensa– se basa en el principio de idoneidad

Del principio de publicidad de los actos de gobierno deriva la existencia de un derecho constitucional de los ciudadanos de acceder a la información del Estado a fin de ejercer control sobre las autoridades. El ejercicio de este derecho facilita la transparencia de la gestión. A su vez, hace viable el derecho de peticionar a las autoridades (Art. 14, C.N.), pues difícilmente pueda solicitarse ante las autoridades información sobre aquello que se desconoce en absoluto, ni que se satisfaga aquel pedido si el Estado no tiene el deber de informar.

De esta forma podrá lograrse un acercamiento de la sociedad a una justicia cada día un poco más transparente e igualitaria, y la persona que llevará adelante la tarea es el juez y secretario judicial, que más allá del tiempo material que comprende su trabajo, mentalmente, pensar y analizar cada uno de los expedientes judiciales, de los cientos que tramitan en su juzgado o tribunal, es una tarea permanente, "full life".

 

El autor es Juez de la Cámara Federal de Casacion Penal, Doctor en Derecho Penal, Profesor Universitario UBA, Austral, Di Tella, ex Fiscal General Penal Económico y Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal.