El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, convocó al diálogo a los dirigentes sindicales de las organizaciones que realizan bloqueos en el país. A través de un video difundido en redes sociales, el jefe de Estado llamó a los dirigentes y a las bases a participar en un encuentro sin fijar fecha.
“Quiero convocar y dialogar, como siempre, a los dirigentes que representan hoy día estas posiciones de bloqueo, también a los comités de bloqueo y a las bases, porque muchas veces los dirigentes no hablan con la verdad a las bases”, manifestó el presidente Paz.
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Luego de explicar las reuniones sostenidas con miembros de la oposición para impulsar un paquete de leyes que será presentado a la Asamblea Legislativa en los próximos días, Paz resaltó que “Bolivia necesita dialogar” y afirmó que “el diálogo, la reconciliación y la certidumbre hacia el futuro es lo que tenemos que construir conjuntamente”.
Este llamado a los bloqueadores se produce en el momento de mayor conflictividad social de su gestión. En las últimas semanas confluyeron protestas de varios sectores con demandas sectoriales —como el incremento salarial para los maestros, mejoras en la calidad del combustible por parte de los choferes o el rechazo a una ley que autorizaba la conversión de tierras— a las que se sumó una protesta de campesinos de La Paz que, sin una agenda clara, exigen la renuncia del presidente.
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Si bien el Gobierno ha logrado mitigar los reclamos sindicales con acuerdos específicos, la protesta de los campesinos de La Paz, representados en la Federación Túpac Katari, se mantiene con bloqueos en la región andina del país. A este conflicto se suman otras organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Cooperativas Mineras y el movimiento indígena Ponchos Rojos, que históricamente han ejercido presión sobre las decisiones gubernamentales.
En paralelo, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) se concentraron el martes en la localidad andina de Caracollo para iniciar una marcha de 190 kilómetros a La Paz, en protesta contra la administración del Gobierno. Los evistas rechazan las modificaciones constitucionales que ha planteado el presidente Paz y exigen el cese de los procesos judiciales que enfrenta su líder.
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Este miércoles, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 22 puntos de bloqueo por conflictos sociales, la mayoría concentrados en los departamentos de La Paz y Oruro; y los medios locales reportan escasez de algunos alimentos básicos por el “cerco” a la sede de Gobierno.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, consideró que las protestas ya no tienen demandas sectoriales y que han entrado a un plano “estrictamente político”. “Creemos que ya han excedido el límite de lo estrictamente sectorial y de las demandas que pueden ser legítimas en un sector y que deben resolverse, para entrar en un terreno estrictamente político”, señaló en conferencia de prensa y afirmó que “nada va a cambiar la decisión tomada por el pueblo boliviano de cambiar de rumbo y adoptar un sistema plenamente democrático”.
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En medio de los conflictos, el vicepresidente Edmand Lara publicó una carta abierta dirigida al presidente Paz —con quien está abiertamente distanciado desde el inicio de la gestión— en la que apunta a una supuesta desconexión con la gente que lo votó y se ofrece como mediador en el diálogo con los manifestantes.
Lara expresa en la carta que la victoria electoral de 2025 fue posible gracias al respaldo de las organizaciones sociales que hoy expresan su descontento por el rumbo del Gobierno y pide actuar en consecuencia con el mandato recibido en las urnas. “No podemos permitir que se profundice una desconexión entre las autoridades y los sectores sociales que sostuvieron este proyecto”, señala Lara en su carta y rechaza que el Ejecutivo “solo escuche a un sector”.
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Para la administración de Paz, los conflictos tienen motivaciones políticas con el objetivo de generar convulsión y desestabilizar al Gobierno; y algunos ministros responsabilizaron a Evo Morales de estar detrás de las protestas y de financiar las movilizaciones para recuperar el control del Estado.
En medio de la presión, el hombre de confianza del presidente, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ha defendido la legitimidad del Gobierno y ha descartado la renuncia de su jefe: “¿Por qué renunciaría si fue democráticamente electo por millones de bolivianos? ¿Qué quieren con esto? ¿Qué ganan? El presidente no va a renunciar. ¿Quieren sacarlo por la fuerza? Esa es una medida antidemocrática; es conspiración”.
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