El devastador informe sobre los derechos humanos en Cuba y Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), sesionó por primera vez en su historia en la ciudad de Miami, para presentar sus informes sobre la situación de los derechos humanos 2018 en Nicaragua y Cuba.

También viajó a Miami la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo (CIFCLHC), con el propósito de participar en las sesiones de la CIDH.

El informe de la Comisión Interamericana, constituida en 1959, quizás como respuesta a las dictaduras militares que ensombrecían en esos años el hemisferio, y tal vez como una decisión premonitoria de que se estaba estableciendo en Cuba un régimen totalitario, mucho más cruel y represivo que cualquier otro que hubiera padecido el continente.

El informe del CIDH es muy crítico con los gobiernos de Cuba y Nicaragua, que, por demás, prohíben el ingreso de la comisión a sus respectivos territorios, razón por la cual debieron sesionar en una ciudad que alberga a cientos de miles de ciudadanos de ambos países.

Sobre Cuba dice el informe: "En el año 2018 observó… un serio obstáculo en el goce de los derechos participativos de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado cubano, tales como restricciones arbitrarias al derecho de reunión, la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos, y la negativa a incorporar propuestas provenientes de grupos disidentes al gobierno, entre otras acciones".

Continúa el informe: "Asimismo, la CIDH tomó conocimiento de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación, y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, además de las vulneraciones masivas a los derechos a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la protección contra la detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio y la circulación de la correspondencia, a la residencia y tránsito, a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba, en particular, en perjuicio del activismo y la disidencia, contra personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y políticos, y periodistas independientes, así como afrodescendientes, mujeres, personas LGTBI, entre otros grupos históricamente vulnerables".

En relación con Nicaragua, señala: "La CIDH dio seguimiento especial al progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, en particular desde el inicio de los actos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, en el marco de la represión estatal a las protestas". El informe señala que la situación en el país se enmarca en lo establecido en el inciso 6.a.i del artículo 59 de su reglamento, el cual establece como criterio para la inclusión de un Estado miembro en dicho capítulo la existencia de "una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los derechos humanos".

Las sesiones se extendieron por dos días, en el segundo, la Comisión Justicia Cuba solicitó formalmente al CIDH, que preside la jurista panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño, que apoye la constitución de un tribunal Ad Hoc que juzgue los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista.

Estas gestiones las ha realizado la CIFCLHC, en varias instancias internacionales. Uno de los resultados más recientes es la presentación, el pasado miércoles, ante el Congreso de Chile, de un proyecto de resolución sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba, que incluye la adopción de medidas entre las cuales estaría el respaldo a la creación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes del castrismo, dijo el jurista mexicano Rene Bolio, presidente de la Comisión.

Bolio, en su condición de presidente de la CIFCLHC, afirmó que en los años que llevan investigando las violaciones del régimen de La Habana y las varias sesiones internacionales que han realizado, han logrado iniciar más de cincuenta casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el totalitarismo cubano, a los que la Comisión procura llevar a la Justicia.