Entierro de Cristian Ramos, Anderson Torres Cortez y José Alfredo Torres Cortez,enero de 2019. (Imagen cedida a Amnistía Internacional por autor)
Entierro de Cristian Ramos, Anderson Torres Cortez y José Alfredo Torres Cortez,enero de 2019. (Imagen cedida a Amnistía Internacional por autor)

Venezuela enfrenta desde hace ya varios años una crisis de violaciones masivas de derechos humanos. Sobre una monumental debacle económica acelerada por la caída internacional del precio del petróleo que se manifiesta en indicadores sociales dramáticos, el Estado recurre a la violencia y a la represión política para silenciar a opositores o a quienes son percibidos como opositores.

Desde el 2015, al menos 3,7 millones de personas huyeron de Venezuela para dejar no solo su casa y su país, sino también sus vínculos: sus familias y amistades. Para aquellos que no escaparon de Venezuela la realidad es extrema: violencia, subalimentación, desnutrición infantil, reaparición de enfermedades erradicadas, aumento de muertes por enfermedades prevenibles, falta de medicamentos y aumento de mortalidad materna e infantil, entre otros indicadores.

Quienes viven allí recurren a la protesta social para canalizar su descontento con el Gobierno de Nicolás Maduro, pero la respuesta es persecución, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, trato cruel inhumano y degradante, y hasta tortura.

Nuestra última investigación, que se suma a varias anteriores, nos permite afirmar que existen razones fundadas para sostener que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Pudimos documentar ataques sistemáticos y generalizados contra disidentes perpetrados por agentes del Estado o por fuerzas paraestatales.

Este estudio revela que, a inicios de este año, entre el 21 y el 25 de enero, al menos 47 personas fallecieron en el marco de las innumerables protestas que se sucedieron en Venezuela. De ese total, al menos 39 habrían muerto a manos de las fuerzas de seguridad o de terceros que actúan en connivencia con agentes del Estado. Once de estas muertes configurarían ejecuciones extrajudiciales. Además, durante estos cinco días, más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria, incluyendo niños, niñas y adolescentes.

Los casos de ejecuciones extrajudiciales documentadas por Amnistía Internacional revelaron que las muertes ocurrieron a manos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), específicamente las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y repitieron un patrón: hombres jóvenes, disidentes, de escasos recursos, que habían tenido participación visible en protestas o en reclamos en las redes sociales. Se trató de ejecuciones selectivas contra disidentes que sucedieron con el conocimiento e incluso el control por parte de las autoridades en los más altos niveles del Estado.

Las máximas autoridades no solo niegan la existencia de dichos crímenes, sino que también los encubren. Esto, como mínimo, implica el consentimiento de las máximas autoridades de los delitos cometidos y, en el peor de los casos, haber impartido órdenes para perpetrarlos.

Desde Amnistía Internacional recomendamos una serie de medidas para evitar la impunidad de estos hechos. La creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la posibilidad de activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación del país. Asimismo, solicitamos que la Corte Penal Internacional, que mantiene exámenes preliminares sobre Venezuela desde el año pasado, considere los hechos recientemente ocurridos y los analice de cara a la responsabilidad penal de las autoridades de más alto nivel.

El objetivo primordial es el cese definitivo de los crímenes a manos del Estado y la búsqueda de una solución que no implique más sufrimiento para un pueblo que enfrenta hoy sus días más difíciles.

La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.