El 23 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de mi autoría que propone la creación de un Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (RENADESE). Un año y medio después, los argentinos esperamos que la Cámara Alta decida completar la promulgación de esta ley que será, sin dudas, altamente beneficiosa para la sociedad.

Existen experiencias sumamente exitosas en países que han incorporado esta herramienta a sus leyes. El RENADESE pretende brindar a la ciudadanía un mecanismo de alerta, permitiéndoles acceso a la información relacionada con autores de delitos contra la integridad sexual. Esa información estará disponible en cualquier comisaría del país para quien lo solicite. Estarán registradas todas las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual y que hayan obtenido la libertad, hasta 20 años después de su liberación.

El registro almacenará y sistematizará: nombres y apellidos; apodos y/o seudónimos y/o sobrenombres; fotografía actualizada cada tres años; DNI; nacionalidad; domicilio real; lugar de residencia en caso de diferir con el domicilio real; domicilio laboral; calificación legal del delito por el que fuere condenado; el tipo y monto de pena impuesta y las fechas de detención y libertad.

Las estadísticas sobre la violencia sexual en Argentina delatan una situación gravísima. La televisión, repleta de casos de femicidios, solo muestra la punta del iceberg. Además, la tasa de reincidencia en delitos contra la integridad sexual supera el 90%, sobre todo en casos de violación. Estudios mundiales nos indican que el tratamiento de los delincuentes sexuales no ofrece resultados demasiado alentadores. Junto a la población de delincuentes adictos a las drogas, son casos de escaso índice de éxito. Incluso la tendencia a la reincidencia se incrementa muchos años después de haber finalizado el tratamiento.

Podemos verlo en casos en que los jueces de ejecución penal liberan a los malhechores de manera equivocada. Esto genera un doble perjuicio: se les hace "la vista gorda" a los delincuentes y, lo que es peor, se está condenando a un ciudadano a la violencia sexual o a la muerte, sin posibilidades de poder acceder a ninguna alerta como la planteada en el proyecto. En 2015 participé como integrante en el tribunal que enjuició al magistrado Axel López. En ese caso, López subestimó las advertencias y las pericias médicas, y liberó a un delincuente sexual que volvió a abusar y matar. ¡Dos semanas después de la liberación! El círculo vicioso continúa con la falta de acción del instituto de Patronato de Liberados, ya que los ex convictos deberían ajustarse a ciertos patrones de conducta pero nunca son controlados efectivamente por el Estado. Esto solo aumenta las probabilidades de un nuevo crimen.

En Canadá existe el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales, enmarcado en la Ley de Registro de Información de Delincuentes Sexuales. A diferencia de nuestro RENADESE, la información no es de difusión pública. Diferente es el caso de Estados Unidos. Desde 1996, existe en Nueva Jersey, la llamada "ley Megan": el gobierno obligaba a los estados a que produjeran legislaciones tendientes a aprobar la difusión de la información personal de los delincuentes sexuales en forma pública. Más tarde entró la ley Adam Walsh de protección a la infancia y seguridad, que establece la implementación de un registro estándar de delincuentes sexuales de cumplimiento obligatorio por parte de los estados. En el Reino Unido, por su parte, existe el Registro de Delincuentes Violentos y Sexuales. En esta base de datos se encuentran todos aquellos delincuentes obligados a ser registrados en la policía mediante la ley de delitos sexuales (Sexual Offences Act 2003).

El RENADESE pretende continuar con el espíritu de la ley 26879 (Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual). Es tiempo de que los senadores se comprometan y tomen la decisión que ayudará con la difícil situación que atraviesa el país ante los agresores sexuales: lobos que muchas veces deambulan con piel de cordero aprovechando un sistema que no actúa con firmeza.

El autor es diputado nacional. Presidente de la Comisión de Justicia.