Crédito: Adrian Escandar
Crédito: Adrian Escandar

Tras años de litigio, la Corte Suprema le dio la razón a San Luis en su reclamo por retenciones del 15% de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y del 1,9% por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Son 15 mil millones de pesos discriminados en 11.500 millones de pesos del primer organismo y 3500 millones de pesos del ente recaudador. El fallo, firmado por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, avala la demanda de nuestra provincia e intima al Gobierno nacional a pagar esta deuda de manera inmediata.

Los sanluiseños ahora exigimos al Gobierno de Mauricio Macri que tenga la responsabilidad institucional y el respeto por el federalismo suficientes y se disponga a trabajar junto a los funcionarios provinciales para acordar el mecanismo de pago.

Pasaron más de tres años del fallo que intimaba a la nación a pagar los 15 mil millones de pesos adeudados. El Gobierno de Mauricio Macri intentó por todos los medios no cumplirlo hasta llegar a esta instancia del Máximo Tribunal.

La decisión de no pagar los fondos coparticipables de San Luis es claramente política, ya que, así como el Gobierno de Macri se ha negado sistemáticamente a pagar lo que le corresponde a una provincia argentina, no tuvo reparos en desfinanciar en forma paralela las arcas públicas gracias a la bicicleta financiera, la fuga de divisas y el pago de intereses de una deuda externa que pesará por décadas sobre las próximas generaciones de argentinos.

El reciente fallo demuestra que San Luis tenía razón en su reclamo, así como también el desprecio del Gobierno nacional hacia los puntanos, el federalismo y el cumplimiento de las decisiones judiciales. Durante su gestión, Cambiemos ha demostrado que si no es por la vía de la imposición de decretos de necesidad y urgencia, no hay Justicia tolerable.

La autora es senadora nacional por San Luis (Frente Nacional Justicialista).