(Foto: Télam)
(Foto: Télam)

Muchos ciudadanos argentinos nos hemos preguntado si una base china de rastreo satelital en la Patagonia, exenta del control del Estado argentino, vulnera la soberanía nacional. Desde la información disponible y apelando al sentido común, la respuesta parece ser afirmativa.

Haciendo un poco de historia, las conversaciones entre la agencia nacional china CLTC y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales argentina (CONAE) comenzaron en 2010, y el proyecto fue aprobado en 2014 por un Congreso Nacional con mayoría kirchnerista. De ese modo, se concedieron a la potencia asiática 200 hectáreas de la localidad neuquina de Bajada del Agrio por 50 años para la instalación de la denominada Estación del Espacio Lejano.

La construcción comenzó durante el período kirchnerista y concluyó en octubre de 2017. El propósito de la instalación fue relacionado con el programa nacional de China de exploración de la Luna.

Las negociaciones del acuerdo inicial cerrado en 2012 se desarrollaron en medio de un llamativo hermetismo que durante mucho tiempo llenó de preocupación a aquellos advertidos sobre las implicancias del asunto. Y no es para menos, ya que en dicho acuerdo bilateral ni siquiera se habían establecido mínimas restricciones a los usos de la base y se avizoraba la posibilidad de cláusulas secretas.

Tal actitud del kirchnerismo en un tema tan sensible, a posteriori del inconcebible pacto con Irán por la investigación del atentado a AMIA, se interpretó como un desafío a los Estados Unidos y una clara alineación del Gobierno anterior a las evidentes intenciones de penetración de Beijing en Sudamérica. La acuciante necesidad de recursos en una economía con fuerte muestras de agotamiento, la visualización de China como proveedora de recursos, unida a la afinidad ideológica antinorteamericana propia de los populismos filo-cubanos de América Latina, hicieron también lo suyo.

No es nuevo que China tiene intenciones de expandir su interacción con los diversos países de la región. Así, se ha convertido en un sostén financiero de Venezuela durante la época del chavismo y hasta hoy, en que Nicolás Maduro mantiene una deuda con la potencia asiática de 20 mil millones de dólares. También es la principal destinataria de las exportaciones brasileñas, sobre todo de soja. En Argentina, las intenciones chinas se plasmaron, entre otras cosas, con los proyectos energéticos en materia nuclear e hidroeléctrica y, más recientemente, en los varios convenios bilaterales entre Mauricio Macri y Xi Jinping durante el último G20 en Buenos Aires.

El Gobierno de Mauricio Macri revisó el proyecto y lo ratificó, introduciendo alguna condición más restrictiva respecto al uso de las instalaciones. A esa altura la estación se encontraba en plena construcción.

(Télam)
(Télam)

Hoy, con la base operando, los interrogantes respecto del propósito final de la instalación persisten. Asimismo emergen un conjunto de objeciones respecto de la necesidad y la conveniencia de otorgar a China una situación privilegiada en nuestro territorio con una total ausencia de control por parte del Estado argentino, que puede equiparse a una cesión de soberanía.

La actividad de la estación de rastreo satelital en el territorio argentino siempre fue planteada por China como de índole civil y pacífica, asociado a la investigación espacial. Sin embargo, hay varios aspectos en consideración.

El primer punto es que el Estado argentino no tiene ninguna injerencia en las operaciones de la estación. El segundo es que una instalación de este tipo, por naturaleza, tiene uso dual, es decir, puede ser tanto usada para el rastreo de satélites de uso civil y pacífico, como así también para usos militares y de espionaje, tal como la intercepción de comunicaciones sensibles de otros países y el envío de mensajes encriptados.

En este sentido, cabe destacar que CLTC, junto con un conglomerado de agencias espaciales, dependen directamente de los altos mandos del Ejército Popular de China, órgano oficial de las Fuerzas Armadas del gigante asiático. Es decir, estamos frente a un centro controlado absolutamente por el aparato militar chino.

Esta situación evidentemente no ha pasado desapercibida para los Estados Unidos, quien, del mismo modo que los países europeos, en reiteradas oportunidades han manifestado su honda preocupación por la existencia misma de la base.

El accionar de los funcionarios involucrados en estas negociaciones, que contractualmente restan todo poder al Estado argentino en nuestro propio territorio, unido a la falta de transparencia de los procedimientos, generan una vez más desconfianza y desaliento en una sociedad golpeada por innumerables malas decisiones de los sucesivos gobiernos.

Un acuerdo peligroso

Los puntos más problemáticos del contrato están relacionados con la cesión sin costo por 50 años de las 200 hectáreas del territorio nacional; la imposibilidad del gobierno argentino de ejercer cualquier tipo de control sobre la índole pacífica de las actividades e instalaciones, y también la facilidad que se ha otorgado al gobierno de China con la eximición del pago de impuestos.

La contraprestación que Argentina ha obtenido por todo ello parece fuera de proporción. Es que personal de la agencia espacial nacional puede visitar la estación con previo aviso y obtener datos de la antena durante 1 hora y 40 minutos diarios.

Ante este cuadro de situación las preguntas son obvias: ¿Cómo garantizar los usos pacíficos de esta instalación de esencia dual? Y asociado con lo anterior, ¿cómo derribar la sospecha de un uso militar que va decididamente contra los intereses nacionales si la instalación se encuentra rodeada de tanto misterio; si la instalación es prácticamente impenetrable para científicos y medios; si la embajada china es reticente a brindar información de calidad sobre el tema?

La sociedad argentina tiene derecho a saber y los funcionarios, el deber de informar y de establecer mecanismos que apunten a ejercer nuestros derechos soberanos. El Congreso debería controlar qué está sucediendo con la estación. China también debería hacer su parte en aras de mayor transparencia.

Los acuerdos bilaterales con países extranjeros, aun en temas considerados estratégicos y las acciones que derivan de ellos, deberían manejarse con un nivel de transparencia que permita a los ciudadanos tener la tranquilidad de que los gobiernos de turno no están actuando en contra de los intereses de la nación.

Ese control ciudadano a través del Congreso y de la opinión pública calificada es moneda corriente en cualquier país desarrollado que se precie de tal. Los argentinos no debemos dejar de aspirar a lo mismo para nuestra patria.

La autora es presidente de la Fundación NPSGlobal, secretaria de la Red de Líderes de América Latina (LALN). En Twitter: @irmaar