Bono compensador para los jubilados y pensionados

Un jubilado que cobra la mínima habrá perdido en el año 8 mil pesos de ingresos contra la inflación, es decir, un mes de haber. Claro está que si una vez más las proyecciones oficiales no se cumplen y la inflación supera la meta prevista, el deterioro será aún mayor.

Este formidable recorte sobre los jubilados no hace más que confirmar el rumbo del achique y la vocación ajustadora de un gobierno al que le sobra audacia con los sectores más desprotegidos de la sociedad. El deterioro del poder adquisitivo de los haberes que pueden comprar cada vez menos alimentos y medicamentos es el resultado inevitable de una política económica que se orientó desde el principio a transferir ingresos de los sectores populares a los grupos de poder.

El empobrecimiento de los jubilados en la era Macri es un hecho. El Gobierno se encargó de derrumbar la jubilación mínima de 443 dólares en el año 2015 a 215 dólares en la actualidad, además de haber instaurado con la ley de reparación histórica una nueva mínima en la Argentina: la pensión universal para el adulto mayor (PUAM) de 6900 pesos.

Sumado a esto, los efectos combinados de los tarifazos, las devaluaciones continuadas de la moneda, el desmantelamiento de los programas de cuidado de precios y el recorte de las prestaciones del PAMI, terminaron por extender las calamidades que día a día padecen los jubilados.

El proyecto de ley de bono compensatorio para los jubilados presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por el Bloque del Frente para la Victoria-PJ tiene por objetivo compensar a los jubilados ante este brutal saqueo sobre sus haberes. El bono será de 8 mil pesos a pagarse en el mes de diciembre, para todos los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino.

Hoy más que nunca es necesario que el Congreso intervenga con iniciativas para cuidar a la gente y evitar que se extienda el padecimiento, en un contexto donde el Poder Ejecutivo resulta completamente indiferente ante el sufrimiento de un pueblo que no aguanta más las políticas de hambre, achique y ajuste.

La política oficial parece estar encomendada a descuidar los intereses de la gente y favorecer la rentabilidad en dólares de las empresas energéticas. Días atrás, todos los argentinos vimos con asombro el desparpajo del Gobierno al querer "compensar" a las empresas distribuidoras de gas a costa del bolsillo de los usuarios, y cuando el rechazo masivo fue evidente, lo hicieron a costa del Estado.

Para los jubilados esta medida resulta doblemente ofensiva. No solo porque en la era Macri, producto de los tarifazos, los servicios de gas y de electricidad crecieron en promedio 16 veces más que la jubilaciones, sino también porque las facturas son impagables y los jubilados tienen que recurrir a los prestamos Argenta a tasas del 44% anual para afrontar los servicios.

Por otro lado, con la decisión del Gobierno de compensar desde el Estado a las empresas energéticas, se cae la mentira que venimos escuchando desde los inicios de su gestión de que "no hay plata". Esto nos da un motivo más para exigirle al Gobierno que compense a los jubilados argentinos. El Gobierno debería recapacitar y compensar efectivamente a los que más lo necesitan, a los que no pueden esperar y a los que trabajaron durante toda su vida. Si los recursos públicos están disponibles para subsidiar la renta en dólares de las empresas distribuidoras de gas, con más razón se deben utilizar para compensar a los jubilados por el fracaso de su propia política económica.

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