La ley de integración sociourbana de las villas y los asentamientos y la regularización dominial de tierras en todo el país que se trata hoy en la Cámara de Diputados constituye un avance sustancial en el reconocimiento de los derechos humanos y ciudadanos esenciales de los sectores más vulnerables y postergados de la Argentina.
La iniciativa declara la utilidad pública sujeta a expropiación de los inmuebles del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap, que identificó un total de 4228 asentamientos en ciudades de más de 10 mil habitantes de todo el país), suspende desalojos por dos años y permite la regularización dominial de esas viviendas en favor de las familias que allí viven. Y, sobre todo, faculta al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a implementar con las provincias y los municipios proyectos de integración sociourbana, coordinando con los organismos competentes el acceso de estas poblaciones a los servicios básicos para la vida en sociedad (infraestructura y hábitat, agua, luz, servicios sanitarios, educación, salud, seguridad y lucha contra el narcotráfico).
Sin desconocer su gravitación nacional, debo decir que como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y representante y vecino del distrito de La Matanza, el impacto que tendrá allí la iniciativa es doblemente importante y crítico. Pues, esencialmente, permitirá profundizar el trabajo que desde la gobernación de María Eugenia Vidal se lleva adelante para lograr que una parte importante de la población deje de vivir en una situación de precariedad, cercenamiento de derechos y vulnerabilidad solo comparable con el Medioevo.
Los números son contundentes. El Renabap identificó 4228 barrios populares en ciudades de más de 10 mil habitantes de todo el país. Se estima que viven allí alrededor de 3,5 millones de personas (800 mil familias). El 93,81% de ese total no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente. El 98,81% no posee acceso formal a la red cloacal. El 70,69% no dispone de acceso formal a la red de energía eléctrica. El 98,49 no accede a la red de gas natural. El 30,80% se calefacciona con energía eléctrica.
Cuando ponemos la lupa sobre La Matanza, la situación es acuciante. Tenemos 121 barrios populares o asentamientos de emergencia, en los que viven unas 150 mil personas. Esto, en un distrito en el que residen dos millones de personas, representa un porcentaje de la población enorme que habita en la carencia más absoluta. Los asentamientos de La Matanza están localizados en los barrios de Aldo Bonzi, Ciudad Evita, Ciudad Madero, González Catán, Gregorio de Laferrere, Isidro Casanova, La Tablada, Rafael Castillo, San Justo, Tapiales, Villa Luzuriaga y Virrey del Pino. Son apenas 20 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires; un recorrido de solo unos treinta minutos. Pero el contraste es tan dramático que pareciera como si estuviéramos hablando de otro planeta, otra galaxia, en la que las necesidades son tan primarias que resultan inconcebibles.
Algunos de esos barrios, los que están a la vera de la cuenca Matanza-Riachuelo como Laferrere, Virrey del Pino o González Catán, se inundan 70 veces al año como consecuencia de las obras que nunca se hicieron en los 35 años ininterrumpidos de gobiernos peronistas en la municipalidad local. Hoy el gobierno provincial trabaja en obras críticas, que requieren de al menos dos años más para comenzar a resolver esos problemas estructurales.
Si salimos de los asentamientos de emergencia, vale la pena mencionar que los alrededores tampoco brillan. De 1983 a esta parte, la población que reside en el partido creció un 40%, y la infraestructura nunca se actualizó acorde con esa brutal expansión. El 35% de La Matanza no tiene pavimento. Las escuelas locales estaban prácticamente abandonadas ediliciamente: en diciembre de 2015, un censo arrojó la conclusión de que más del 50% de los 764 establecimientos educativos tenían severos deterioros (techos caídos, paredes electrificadas, tanques de agua sin desinfección, sistemas de calefacción anulados). Y, como corolario, más del 50% de los vecinos del segundo y tercer cordón no tienen acceso a la red de cloacas y agua corriente.
Es por todo ello que avanzar en la integración sociourbana de las villas y los asentamientos y la regularización dominial de tierras, un camino que se inicia hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, resulta no solo necesario, sino obligatorio para todos aquellos que tenemos una responsabilidad pública por cumplir con la sociedad.
El autor es diputado nacional por Buenos Aires (Cambiemos).
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