La obligación de los legisladores católicos frente al aborto

Dado que el debate sobre el aborto se ha planteado sobre la base de la libertad de conciencia de los legisladores, aquellos que profesan la religión católica deben ser coherentes con el juramento que públicamente han prestado sobre los Santos Evangelios al asumir el cargo.

Políticamente ello les es exigible en cumplimiento de un verdadero contrato democrático con el pueblo, en virtud del cual han sido elegidos por una parte de este, máxime cuando ello no estuvo en el temario de las plataformas electorales de de ninguno de los partidos con representaciones mayoritarias.

Y así es afirmable categóricamente que el legislador católico no puede en conciencia votar en ningún caso una ley a favor del aborto sin incurrir en un acto gravemente censurable moral y canónicamente, dada la doctrina invariable de la Iglesia en cuanto a la ilicitud del aborto.

El preámbulo de la Constitución Nacional reconoce normativamente al derecho natural, al sostener que Dios es "fuente de toda razón y justicia". Según San Juan Pablo II no es posible que puedan presentarse situaciones en las que sea lícito no reconocer a Dios como Dios (alocución del 17 de septiembre de 1983, "La procreación responsable").

Dice Paulo VI en la encíclica Humanae Vitae, 14: "Hay que excluir absolutamente, como vía lícita para la regulación de los nacimientos, la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas… no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social".

En la exhortación Sacramentum Caritatis dijo Benedicto XVI: "El culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio público de la propia fe… tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana".

Finalmente, nuestro —dicho como argentino— papa Francisco ha señalado, cuando era arzobispo de Buenos Aires (comunicado del 10 de septiembre de 2012 sobre el protocolo de abortos no punibles): "El aborto nunca es una solución. Debemos escuchar, acompañar y comprender desde nuestro lugar a fin de salvar las dos vidas: respetar al ser humano más pequeño e indefenso, adoptar medidas que pueden preservar su vida, permitir su nacimiento y luego ser creativos en la búsqueda de caminos que lo lleven a su pleno desarrollo". "Esta decisión que amplía la despenalización del aborto cediendo a la presión del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual excediendo sus competencias exhortó a aprobar protocolos, afectando de esta manera la división de poderes y vulnerando el federalismo, tiene consecuencias jurídicas, culturales y éticas porque las leyes configuran la cultura de los pueblos y una legislación que no protege la vida favorece una cultura de la muerte (Evangelium vitae, n° 21). "Ante esta lamentable decisión hacemos un llamado a todas las partes involucradas, a los fieles y ciudadanos, para que, en un clima de máximo respeto, adoptemos medidas positivas de promoción y protección de la madre y su niño en todos los casos, a favor siempre del derecho a la vida humana".

El autor es ex director del Instituto de Derecho de Culto y Libertad Religiosa del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Apoderado de la Asociación Civil para la Defensa de la Familia. Ex profesor de derecho penal parte especial.