
En la tercer muestra de debilidad y fracaso de la Jafatura de ministros y su equipo de secretarios coordinadores que llevó a delegar a la política económica en un equipo sin carácter, pero con notable obsecuencia a Marcos Peña, el Gobierno aceptó pagar un enorme costo político por un resultado que puede volver a ser negativo.
No hay dudas de que fue totalmente inapropiado haber cancelado en 2006 la deuda con el Fondo, porque se usó para transferir recursos del pueblo a pocas manos y pagar un costo de la deuda del doble al actual, además de engañarlo haciéndole creer que de esa forma se allanaría el camino hacia el crecimiento sostenido y sustentable.
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Ahora el Presidente corre el riesgo de ser engañado por su entorno que le dice que el problema que arrastra desde los primeros meses de su gestión se originó en la aparición de egos y no en un error de diagnóstico y elección de políticas.

Antes de tomar la difícil decisión de volver al Fondo se debería haber diseñado un plan claro y consistente, pero no se lo hizo. Como no se lo hizo cuando se decide sin evaluar los costos de recalibrar la meta de inflación, para no decir que se quería forzar la baja de las tasas de interés y avasallar el rol del Banco Central. Lo que vino ya es conocido por todos, como sus costos, agravados por la sequía y nuevo escenario externo.
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Tampoco se explicitó un plan y, por el contrario, se mostró un exceso de confianza cuando el último viernes, en una improvisada y pobre conferencia de prensa, se intentó revertir el humor de los mercados con medidas aisladas de suba de tasas de interés, exigencia a los bancos para que reduzcan sus tenencias de dólares y otros activos externos, mientras que en el frente fiscal sólo se anunció la parcial reducción del gasto público por la expectativa de más inflación. Otra vez, como en la era populista, todo el peso del ajuste recae sobre la población, en especial la de menos y medianos recursos: más inflación y más tasa, una combinación recesiva.

La alternativa
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En esta instancia, la única opción que queda, por haber desistido de explorar otras alternativas menos costosas del lado político y financiero (como las líneas para infraestructura del Banco Mundial y del BID), es elaborar un ambicioso plan de reajuste fiscal que elimine puestos improductivos, en particular los no presenciales, como los que cobran sin asistir al trabajo, suprimir estructuras ministeriales y secretariales, y acelerar las obras a cargo de privados.
Y completar y avanzar con las recomendaciones del olvidado informe del "estado del Estado". No hacen falta las recomendaciones del FMI, ya se conocen y nunca se ejecutan por presiones de la política.
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Una vez más, la Argentina está en condiciones de usar uno de los créditos del FMI, sin condiciones, por ser socio pleno. Tal vez no sean ni USD 20.000 millones ni USD 30.000 millones, pero si USD 10 o 15 mil millones, más unos USD 45.000 millones de reserva líquidas. Serían suficientes para calmar a los mercados, si en lugar de pensar en más regulaciones y condicionamientos que estrangulen al sector privado se piensa más en la baja real del gasto público que por la vía de inducir a más inflación con el fomento de incertidumbre interna y externa.
En la Argentina hay consultoras y economistas especializados en el análisis de finanzas públicas y con propuestas claras para que vuelvan a ser sustentables y no fomenten el desequilibrio externo. Basta con consultarlos y tomar nota.
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La mayoría no tienen ambiciones políticas ni repudio a la Alianza de Cambiemos, pero alertan que ya no los convocan, ni los escuchan. Tenerlos en cuenta podría ser más eficiente que convocar al Fondo.
Aún podremos caminar solos si lo hacemos sin aislamientos y con menos poder al ala política, porque la economía de ese modo caminó lento y ahora para atrás.
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