Encuentros de nicaragüenses en frontera de Estados Unidos subieron 55% en 2026

Los encuentros de nicaragüenses en frontera suroeste de Estados Unidos aumentaron entre febrero y agosto de 2026 frente al mismo período de 2025. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró 1,331 encuentros, frente a 861 un año antes, un incremento de 55%.

El mayor número mensual correspondió a julio, con 246 encuentros. En agosto, el registro bajó a 218. El informe de coyuntura sobre Nicaragua señala que estas cifras se mantuvieron por debajo de los niveles observados antes de la toma de posesión de Donald Trump a finales de enero de 2025.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos terminó en 2025 el programa de parole para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La institución notificó a las personas beneficiarias que debían salir del país si no contaban con otra base legal para permanecer.

La designación de Nicaragua para el Estatus de Protección Temporal terminó el 8 de septiembre de 2025. Aunque un tribunal de distrito anuló esa decisión en diciembre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió el fallo el 9 de febrero de 2026, por lo que la terminación volvió a surtir efecto mientras continúa la apelación, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y Reuters.

El informe indica que quienes habían dependido de estas protecciones debían obtener asilo u otro estatus individual para evitar ser deportados.

Las deportaciones de nicaragüenses aumentaron durante las primeras semanas de 2026

Un recuento de vuelos de expulsión citado por Confidencial.digital, retomado en el informe, registró 3,122 deportaciones de nicaragüenses durante las primeras quince semanas de 2026. En el mismo período de 2025, el registro fue de unas 600 deportaciones.

Hasta abril de 2026, se acumulaba un total de 10,714 nicaragüenses deportados, según la publicación.

El informe también recoge casos de personas exiliadas con solicitudes de asilo pendientes. El 14 de septiembre de 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron en Orlando al periodista Luis Galeano, quien había solicitado asilo en 2019 y había sido despojado de su nacionalidad por el Gobierno de Nicaragua en 2023, según el Comité para la Protección de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa.

El 1 de octubre de 2026, Estados Unidos deportó a Nicaragua a Jeffrey Jarquín, quien había solicitado asilo en ese país. Jarquín había participado en las protestas sociales y políticas de 2018 y permaneció detenido aproximadamente un año.

Tras su deportación, Jarquín fue encarcelado nuevamente por el Gobierno de Nicaragua, de acuerdo con Janetsky. El informe incluye este caso junto a otros similares para referirse a la situación de personas con procesos de protección pendientes.

El 29 de agosto de 2026, Estados Unidos deportó a tres ciudadanos nicaragüenses a la República Centroafricana en un vuelo que incluyó a migrantes de otras nacionalidades. Rivera informó que fue el primer traslado conocido de nicaragüenses hacia un país africano dentro de esta política.

Las organizaciones de derechos humanos citadas señalaron que el traslado a terceros países implica riesgos de desprotección. El informe menciona que las personas pueden no tener vínculos ni redes de apoyo en el país de destino y enfrentar barreras culturales y sociales para acceder a asistencia legal, documentación y mecanismos de protección internacional.

Costa Rica concentró solicitudes de protección internacional de nicaragüenses

Costa Rica continuó como el principal país de destino para la población nicaragüense. Al cierre de octubre de 2025, el país albergaba 207,456 personas solicitantes de protección internacional, de las cuales el 85% eran nicaragüenses, según ACNUR.

Durante 2025, Costa Rica recibió cerca de 29,000 nuevas solicitudes de refugio de personas procedentes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia. El total de expedientes superó los 318,000, de acuerdo con la organización.

El informe precisa que estas cifras no representan únicamente solicitudes activas ni personas reconocidas como refugiadas. Los registros muestran la acumulación de expedientes y los períodos de incertidumbre jurídica para quienes esperan una resolución.

La Dirección General de Migración y Extranjería abrió, del 1 de septiembre de 2026 al 1 de septiembre de 2027, la Categoría Especial Temporal Complementaria para personas de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia que hubieran solicitado refugio entre junio de 2014 y mayo de 2026 y cumplieran las condiciones establecidas.

El permiso tiene una vigencia de dos años, admite renovación y autoriza el trabajo. Para acceder a esta categoría, las personas deben desistir de la solicitud de refugio y presentar requisitos económicos y documentales.

La medida ofrece una vía de regularización para una parte de la población. Al mismo tiempo, reemplaza la protección asociada al asilo por una condición migratoria temporal.

En mayo de 2025, ACNUR informó una reducción de 41% de su financiamiento en Costa Rica y una disminución de 77% en la capacidad de registro. La situación llevó a suspensiones o cancelaciones de servicios de asistencia.

El informe anual publicado por ACNUR en 2026 señaló que la volatilidad financiera y la reducción severa de personal limitaron la ejecución de programas durante 2025.

El informe documentó hechos de seguridad y barreras para personas exiliadas en Costa Rica

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua documentó en septiembre de 2025 hechos de vigilancia, hostigamiento, privación de nacionalidad, confiscación de bienes y restricciones de pasaporte o de ingreso al país contra personas que se encontraban fuera de Nicaragua.

En Costa Rica, el opositor Reinaldo Picado denunció un intento de asesinato el 27 de junio de 2026. El 14 de septiembre recibió tres disparos en un segundo ataque.

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses atribuyó los hechos a redes vinculadas con el Gobierno nicaragüense. EFE informó que las autoridades costarricenses no habían establecido públicamente al autor al cierre del informe.

La Encuesta Actualidades 2025 de la Universidad de Costa Rica encontró que el 18.4% de las personas entrevistadas estaba en desacuerdo con que un hijo, hija o familiar cercano se casara con una persona nicaragüense. Fue el porcentaje más alto entre los grupos étnico-culturales evaluados.

Un estudio de PROLEDI-UCR identificó contenidos difundidos en medios y redes sociales que vinculan a la población nicaragüense con la delincuencia o con una supuesta usurpación de los servicios públicos. El trabajo señaló que algunas personas cuestionan su derecho a utilizar los sistemas de salud y educación o modifican su acento para evitar ser identificadas.

Un diagnóstico realizado con 97 mujeres nicaragüenses exiliadas encontró que el 64% no tenía acceso regular a servicios de salud. El 25% enfrentaba restricciones para acceder a empleos formales.

Aunque ACNUR describió como completamente suspendida la iniciativa de Oficinas de Movilidad Segura en 2025, la institución continuó identificando y remitiendo casos vulnerables a otros países, según el informe.

Ante el cierre del programa de reasentamiento hacia Estados Unidos, España informó la disponibilidad de 1,200 plazas para la reubicación de personas de diferentes nacionalidades. De ese total, 590 serían destinadas a personas nicaragüenses.