La Corte Constitucional ordena al Gobierno de Arévalo terminar dos cárceles e instalar bloqueadores de señal en todo el sistema penitenciario

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) ordenó concluir las cárceles de El Triunfo y Masagua, además de instalar bloqueadores de señal telefónica en los centros de detención del país. El amparo provisional fue concedido en medio de una crisis penitenciaria que volvió a quedar expuesta tras tres motines simultáneos.

La acción constitucional fue presentada el 6 de julio de 2026 por el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), contra el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. La CC emitió la resolución el 22 de octubre.

Chic explicó en una conferencia de prensa que la medida judicial obliga al Ejecutivo a terminar ambas obras, aplicar bloqueadores de comunicaciones y elaborar un plan de seguridad para los demás centros de privación de libertad.

El Triunfo y Masagua, bajo una orden judicial

La resolución dispone que las autoridades adopten las medidas necesarias para verificar el desarrollo y la conclusión de los proyectos de construcción y ampliación de los centros de detención. La orden menciona expresamente a El Triunfo, en Izabal, y Masagua, en Escuintla.

El segundo punto exige acciones inmediatas para garantizar la seguridad en los establecimientos de detención preventiva, cumplimiento de condena y máxima seguridad. El tercero reclama el funcionamiento efectivo de sistemas de bloqueo de telecomunicaciones y otros mecanismos tecnológicos.

El objetivo es impedir que las personas privadas de libertad utilicen teléfonos celulares para coordinar delitos desde las cárceles. Chic resumió el alcance de la decisión: “Esto quiere decir que con este amparo provisional, finalmente el gobierno de Guatemala debe terminar la cárcel del Triunfo, la cárcel de Mazahua, e implementar los bloqueadores de señal”.

El avance de El Triunfo era de apenas 12%, tanto físico como financiero, durante una citación del 31 de agosto, según datos que Chic atribuyó a autoridades del Ministerio de la Defensa. Los trabajos se concentraban principalmente en la preparación del terreno.

El proyecto de Masagua contempla 4.000 celdas y una inversión estimada de USD 68,5 millones. Su financiamiento todavía debía completar trámites ante el Banco Centroamericano de Integración Económica.

El Sistema Penitenciario reconoció en agosto que necesitaba 112 millones de quetzales para comprar e instalar bloqueadores de señal telefónica. Esa necesidad no se había traducido hasta entonces en una implementación efectiva.

El diputado recordó que Arévalo realizó meses atrás un sobrevuelo de presentación de las obras, pero cuestionó que no se hubiera informado con claridad sobre su progreso. “Hoy sigue siendo una promesa más”, afirmó.

Extorsiones, cobros ilegales y motines penitenciarios

Chic sostuvo que el 80% de las extorsiones que afectan a la población guatemalteca se originan en cárceles como Pavón, Pavoncito, Fraijanes, Cantel, la Granja Penal de Canadá y el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18. Según el legislador, desde esos establecimientos también se coordinan órdenes de sicariato y disputas por el control territorial del narcomenudeo.

El diputado denunció la operación de un grupo denominado Nueva Administración desde distintas cárceles del país. También señaló la persistencia de cobros ilegales conocidos como “talacha”, que oscilarían entre 20.000 y 25.000 quetzales en varios centros de detención.

Los tres motines ocurridos durante una misma semana reavivaron el debate sobre el control estatal de las prisiones. Uno de los episodios se registró en Renovación I, un centro inaugurado como cárcel de máxima seguridad que, de acuerdo con Chic, se convirtió en una base de operaciones de la Mara Salvatrucha.

El legislador cuestionó el informe circunstanciado remitido por el Gobierno a la CC. Las autoridades denunciadas argumentaron falta de legitimidad activa y pasiva para la presentación del amparo, en lugar de detallar un cronograma de ejecución o un plan de inversión.

“Lo único que hizo fue tratar de desnaturalizar el amparo”, sostuvo Chic. El diputado advirtió que el plazo original de 12 meses planteado por el Gobierno para concluir las obras podría expirar sin que los proyectos estén terminados.

La resolución advierte que las autoridades denunciadas incurrirán en las responsabilidades previstas en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad si incumplen la orden. Chic anunció que dará seguimiento al caso mediante fiscalizaciones y citaciones a las autoridades del Ministerio de Gobernación.