La Corte de Constitucionalidad suspende la obligación de instalar limitadores de velocidad en el transporte guatemalteco

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala suspendió de forma provisional, el 10 de noviembre de 2026, la obligación de instalar limitadores de velocidad en el transporte colectivo de pasajeros y de carga. La medida responde a una acción de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros y deja sin efecto, mientras avance el trámite, las sanciones por incumplir esa exigencia.

La disposición obligaba a propietarios y representantes legales de empresas de transporte a instalar, por cuenta propia, un mecanismo capaz de restringir la marcha de las unidades a 80 km/h. También debían acreditar la implementación mediante un certificado emitido por compañías autorizadas.

El Sistema Limitador de Velocidad ya había sido colocado en 35,871 vehículos hasta el 5 de noviembre: 4,531 unidades de transporte colectivo y 31,340 de carga. Entre el 27 de octubre y esa fecha se incorporaron 802 vehículos, un aumento de 2.29%.

La resolución fue publicada en el Diario de Centro América dentro del expediente 5185-2026. La acción cuestiona disposiciones de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, contenida en el Decreto 45-2016 y modificada parcialmente por el Decreto 11-2017.

La suspensión de la obligación y de las sanciones

La Corte dejó sin vigencia provisional los literales a) y d) del artículo 2, además del literal a) del artículo 3 de la norma. Esos apartados establecían tanto la obligación de instalar el dispositivo como las consecuencias para quienes no lo hicieran.

Antes de la medida, la Dirección General de Transportes podía suspender durante seis meses el servicio de una unidad sin limitador y aplicar una multa de entre cinco y diez salarios mínimos, además de otras sanciones previstas. La suspensión alcanza esas penalidades mientras el tribunal analiza el fondo del reclamo.

El Congreso de la República y el Ministerio Público, mediante la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, recibieron una audiencia de 15 días comunes para pronunciarse sobre la acción. Si no presentan argumentos, el proceso continuará.

La Dirección General de Transportes, dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, informó que acatará la resolución y paralizará la aplicación de las disposiciones suspendidas. Sin embargo, anticipó que promoverá acciones legales ante la propia Corte para defender la vigencia de los limitadores.

La entidad sostuvo que la decisión se produce mientras “los hechos de tránsito protagonizados por estas unidades siguen ocurriendo y cobrando vidas humanas”. También afirmó: “La Dirección General de Transportes es respetuosa de lo establecido por la Corte de Constitucionalidad y acatará lo resuelto”.

El avance del sistema y las diferencias entre magistrados

La instalación de los dispositivos creció en 25.081 unidades desde diciembre de 2025, cuando había 10.790 vehículos con el sistema. La Dirección General de Transportes señaló que 224 empresas estaban autorizadas para implementarlo en 16 de los 22 departamentos del país, mientras otras seis aguardaban autorización.

Entre el 2 de marzo y el 5 de noviembre de 2026, la dependencia aplicó 229 multas por no portar el mecanismo: 171 a vehículos de transporte colectivo y 58 a unidades de carga. “Estos resultados reflejan que el Sistema Limitador de Velocidad sí estaba funcionando y avanzando”, sostuvo la institución.

La decisión de la Corte no fue unánime. La magistrada presidenta, Annabella Morfín, votó en contra porque consideró que no se reunían las condiciones para suspender las disposiciones y recordó que el tribunal había analizado regulaciones similares en otros expedientes.

Morfín sostuvo que los limitadores reducen riesgos en el transporte y que no existía una inconstitucionalidad manifiesta ni un daño irreparable que justificara frenar la norma. La magistrada Astrid Lemus y el magistrado Luis Fernando Bermejo también se opusieron a la suspensión.

Lemus consideró que los argumentos de la federación requieren un análisis de fondo y no prueban, en esta etapa, una contradicción evidente con la Constitución. Bermejo afirmó que los limitadores persiguen un objetivo constitucionalmente legítimo vinculado con la protección de la vida.

La magistrada Claudia Paniagua respaldó la suspensión mediante un voto concurrente y planteó que debían evaluarse los efectos económicos de implementar los equipos, incluidos los costos operativos y las tarifas. El magistrado Luis Alfonso Rosales coincidió con esa posición y advirtió que, aunque la ley prohíbe trasladar el gasto al usuario, podrían existir efectos indirectos sobre la estructura de costos empresariales.

La Dirección General de Transportes indicó que mantendrá los controles y operativos de prevención con las herramientas legales que permanezcan vigentes, en coordinación con otras instituciones. La definición sobre la constitucionalidad de la normativa quedará sujeta al proceso posterior a la audiencia concedida al Congreso y al Ministerio Público.