El Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista condenó la concentración de poder de Ortega y Murillo en Nicaragua y exigió restablecer elecciones libres, luego de que una reforma constitucional impulsada por el oficialismo ampliara a siete años el mandato de ambos y eliminara la competencia electoral.
La resolución fue aprobada en Montevideo, Uruguay, durante una reunión del organismo que reúne a partidos socialdemócratas, socialistas democráticos y laboristas de la región. El pronunciamiento cuestionó el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la subordinación de los poderes del Estado, según Confidencial.
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Al menos 72 opositores y críticos del gobierno permanecen encarcelados, incluidos 33 en condición de desaparición forzada, de acuerdo con la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ), que formuló la denuncia desde el exilio.
La organización regional rechazó las reformas y decisiones que, a su juicio, reducen la competencia democrática o limitan de forma arbitraria la participación de la oposición. También expresó preocupación por las consecuencias de estas medidas para la representación política, el pluralismo y la alternancia en el poder.
El fin de las elecciones y el mandato de siete años
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó el 1 de septiembre de 2026 en primera legislatura una reforma constitucional que pone fin a las elecciones. La iniciativa, conocida como “parche” a la Constitución “Chamuca”, deberá ser ratificada en enero de 2027.
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Daniel Ortega había anunciado la medida durante el acto del 19 de julio de 2026, cuando decretó que “no habrán” elecciones en el país. La reforma también extiende de seis a siete años el período de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
“El anuncio realizado el 19 de julio respecto de la supresión de las elecciones, así como las reformas constitucionales relativas a la vicepresidencia de la República y a la designación de autoridades presidenciales, suscitan seria preocupación por sus consecuencias para la representación política, el pluralismo y la alternancia en el ejercicio del poder”, señaló el Comité.
El organismo pidió convocar a “elecciones libres, periódicas, competitivas y transparentes”, con un calendario público, fechas definidas y garantías que puedan ser verificadas. También reclamó una autoridad electoral independiente, la participación plena de las fuerzas democráticas, observación nacional e internacional, respeto por los resultados y condiciones para que los nicaragüenses en el exterior puedan votar.
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En 2021, el gobierno encarceló a siete aspirantes presidenciales para impedir la competencia política. Desde entonces, busca eliminar la posibilidad de celebrar comicios libres.
Para la Internacional Socialista, la recuperación de las garantías electorales debe integrarse en una “solución pacífica, inclusiva y conducida por los propios nicaragüenses”. El planteamiento apunta a restablecer las libertades fundamentales, la institucionalidad democrática y el derecho ciudadano a elegir representantes.
Presos políticos, confiscaciones y persecución fuera del país
La resolución exigió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, así como el cese de nuevas capturas, persecuciones y actos de hostigamiento. También solicitó información sobre el paradero de las personas desaparecidas y medidas que protejan su vida e integridad.
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El Comité reclamó que los detenidos puedan recibir visitas familiares, contar con defensa jurídica y acceder a atención médica. Además, pidió terminar con la incomunicación, la tortura y los malos tratos, y garantizar que los procesos judiciales respeten el debido proceso.
El pronunciamiento demandó restablecer las libertades de expresión, prensa, asociación, reunión y religión. Para ello, planteó permitir el ingreso de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a cárceles y dependencias policiales.
La organización solicitó devolver la personería jurídica y los bienes afectados por cancelaciones y confiscaciones arbitrarias a medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, universidades, cámaras empresariales, asociaciones civiles e instituciones religiosas. También pidió reincorporar a empleados públicos separados de sus cargos por motivos políticos, fortalecer la independencia judicial y desmantelar las estructuras de represión.
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La resolución condenó además la persecución transnacional y pidió a los Estados proteger a quienes enfrenten riesgos por sus convicciones o actividades democráticas. En octubre de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua advirtió que la estrategia de represión contra toda forma de oposición se había extendido más allá de las fronteras nicaragüenses.
El Comité respaldó investigaciones independientes sobre violaciones de derechos humanos y mecanismos de rendición de cuentas, junto con los derechos de las víctimas a conocer la verdad, obtener justicia y recibir reparación. También exhortó a gobiernos de Europa y América, organismos regionales e internacionales y partidos integrantes de la Internacional Socialista a coordinar iniciativas diplomáticas y de protección de los derechos humanos.
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