Colectivo 46/2 pide esclarecer la autoría intelectual del crimen del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam

El Colectivo 46/2 solicitó a las autoridades de Costa Rica que evalúen las vías legales para revisar el archivo de la investigación destinada a determinar quiénes ordenaron el asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en San José. La coalición advirtió que el esclarecimiento de la posible autoría intelectual resulta necesario ante los riesgos que enfrentan opositores nicaragüenses fuera de su país.

En un pronunciamiento difundido este viernes, el grupo expresó preocupación por la decisión del Ministerio Público costarricense de archivar la línea de investigación sobre quienes habrían planificado u ordenado el crimen. De acuerdo con la información citada por el colectivo, la Fiscalía indicó que el expediente podrá reabrirse si aparecen nuevos elementos, mientras sigue el proceso penal contra personas acusadas de una presunta participación material en el homicidio.

El colectivo reconoció el trabajo realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como los avances para identificar y judicializar a sospechosos. Aun así, sostuvo que la falta de definición sobre los posibles autores intelectuales mantiene abierta una cuestión central del caso.

Samcam, un militar retirado y crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vivía exiliado en Costa Rica cuando fue asesinado. Para las organizaciones firmantes, el crimen debe examinarse dentro de un escenario de amenazas, vigilancia y ataques contra personas nicaragüenses que abandonaron el país tras la crisis política y de derechos humanos.

El pronunciamiento vinculó el caso con denuncias de represión transnacional

El Colectivo 46/2 señaló que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) documentó un patrón de violaciones transnacionales contra personas consideradas opositoras por el régimen nicaragüense. En un informe publicado en septiembre de 2025, el grupo de expertos describió mecanismos de vigilancia e inteligencia que, según su análisis, permitirían ubicar y seguir a exiliados en otros países.

El documento del GHREN incluyó el asesinato de Samcam en su evaluación sobre episodios de violencia física contra personas exiliadas. El grupo de expertos indicó que había información relevante que apuntaba a una posible motivación política, aunque advirtió que se requieren investigaciones independientes y exhaustivas para establecer responsabilidades.

El pronunciamiento citó además una decisión reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares a diez personas nicaragüenses ante amenazas y situaciones de violencia relacionadas con denuncias de represión transnacional.

La CIDH reconoció las medidas institucionales adoptadas por Costa Rica para proteger a personas en riesgo. Sin embargo, concluyó que las acciones disponibles no habían logrado mitigar de forma efectiva las amenazas identificadas. El organismo interamericano mencionó el asesinato de Samcam como un hecho que refleja la posibilidad de que riesgos similares lleguen a materializarse.

El Colectivo 46/2 también pidió al Estado costarricense reforzar las medidas de prevención y protección para nicaragüenses exiliados, incluida Claudia Vargas y su familia, mencionadas de forma expresa en el documento. Solicitó que se garantice su seguridad y el pleno ejercicio de sus derechos.

En septiembre de 2026, una declaración conjunta de expertos de las Naciones Unidas sobre represión transnacional recordó que los Estados deben prevenir, investigar y responder a esos actos mediante pesquisas prontas, independientes, imparciales y efectivas. El colectivo retomó ese criterio para reclamar que las investigaciones alcancen a los presuntos autores materiales e intelectuales.

Entre sus pedidos, el Colectivo 46/2 solicitó al Ministerio Público de Costa Rica que valore los mecanismos legales disponibles para revisar el archivo y determine si se agotaron las diligencias razonables para aclarar la posible autoría intelectual. También planteó que se recurra a cooperación judicial internacional cuando resulte pertinente.

A los Estados que reciben a población nicaragüense exiliada, les pidió investigar con rapidez amenazas, seguimientos, hostigamientos y ataques que puedan constituir formas de represión transnacional. El llamado se extendió a la comunidad internacional, a la que solicitó apoyo técnico y judicial para fortalecer la protección de las personas afectadas.

El Colectivo 46/2 reúne a 23 organizaciones internacionales, regionales y nicaragüenses de derechos humanos. Entre las entidades que hicieron pública su adhesión al pronunciamiento figuran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Fundación del Río, el Movimiento Autónomo de Mujeres y Urnas Abiertas.