Organización internacional exige que se garantice la seguridad e integridad física de Thelma Montenegro en Nicaragua

La Federación Internacional por los Derechos Humanos urgió a las autoridades de Nicaragua a garantizar la seguridad y la integridad física de Thelma Montenegro, defensora e integrante de la Asociación Madres de Abril, cuyo paradero se desconoce desde que fue detenida nuevamente la noche del 23 de agosto de 2026.

La organización reclamó información oficial sobre su situación, acceso para sus familiares y su liberación inmediata si permanece bajo custodia estatal.

La última conexión registrada en su teléfono ocurrió el 25 de agosto a las 10:20, cuando ya se encontraba bajo custodia estatal. Desde entonces, sus allegados no pudieron comunicarse con ella ni obtener confirmación sobre el lugar donde estaría recluida.

El pedido fue formulado por el Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura. El organismo advirtió que la incomunicación eleva el riesgo de torturas, malos tratos y falta de acceso a la medicación y atención médica que Montenegro requiere por enfermedades preexistentes.

Montenegro acudió voluntariamente el 19 de agosto, entre las 12:00 del mediodía y las 1:00 de la tarde, a la comisaría de Policía de Pantasma para realizar un trámite vinculado con su licencia de conducir. Los agentes le pidieron su documento de identidad y le comunicaron que estaba “circulada”, por lo que quedó detenida y fue trasladada esposada a Jinotega.

Inicialmente, las autoridades le dijeron que sería investigada por el asesinato de su esposo, Francisco Blandón Herrera, ocurrido el 27 de agosto de 2019. Ella rechazó esa imputación de inmediato.

Durante los interrogatorios de los días 20, 21 y 22 de agosto, las preguntas se concentraron principalmente en asuntos políticos, según la información que Montenegro logró transmitir después a su familia. Los agentes indagaron sobre sus vínculos con organizaciones, personas opositoras o políticamente activas, familiares residentes en Nicaragua y en el exilio, y una reunión de la Asociación Madres de Abril realizada años atrás.

Uno de los interrogadores llevaba una fotografía de aquel encuentro y le pidió identificar a quienes aparecían en ella. También le preguntaron por la situación política de Venezuela y por la posibilidad de que un escenario similar ocurriera en Nicaragua, mientras le impedían hablar sobre la acusación relacionada con la muerte de su esposo.

El 22 de agosto, la familia fue notificada de una orden de libertad y Montenegro volvió a su casa, aunque las autoridades retuvieron su teléfono. Al día siguiente por la noche, cerca de siete agentes armados, presuntamente pertenecientes a la Policía Nacional de Nicaragua, llegaron a la vivienda en una patrulla y dos motocicletas y se la llevaron nuevamente.

Uno de los funcionarios que participó en esa operación habría intervenido en los interrogatorios previos. La familia recibió luego versiones contradictorias: el 25 de agosto le indicaron que había sido trasladada a Managua, sin precisar el centro de detención.

Los familiares buscaron a Montenegro el 26 de agosto en el Distrito 3 de la Policía de Managua, una instalación nueva en Tipitapa y Auxilio Judicial, pero ninguna dependencia registraba su detención. Al día siguiente, cuando volvieron a consultar en Jinotega, los remitieron otra vez a Managua y tampoco recibieron una explicación sobre el motivo de la captura.

Medidas cautelares y antecedentes de hostigamiento

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 30 de septiembre medidas cautelares a Montenegro mediante la Resolución 77/2026. El organismo consideró que enfrenta una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable para sus derechos a la vida y a la integridad personal.

Para el 2 de octubre, las autoridades nicaragüenses todavía no habían dado información sobre su ubicación ni sobre su estado. La familia tampoco había podido visitarla o hablar con ella.

La defensora comenzó a participar en la búsqueda de verdad y justicia tras los asesinatos de sus hermanos, Oliver José Montenegro y Edgar Aristo Montenegro, en 2019. La Federación Internacional por los Derechos Humanos señaló que ella y su familia sufrieron allanamientos violentos y vigilancia constante durante más de cuatro años, después de la muerte de sus dos hermanos, su esposo y su sobrino.

El Observatorio situó el caso dentro de la represión documentada en Nicaragua desde 2018 contra opositores reales o percibidos, defensores de derechos humanos, periodistas, integrantes de la Iglesia, activistas, estudiantes y sus familias. También pidió una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre la detención, la desaparición, la incomunicación, las condiciones de privación de libertad y el estado de salud de Montenegro.