
Unos 79 diputados de Nicaragua dejaron de sesionar y de asistir a las comisiones parlamentarias durante 63 días entre julio y septiembre de 2026, con sus salarios asegurados. La inactividad coincidió con las consultas de una reforma constitucional ordenada por el Régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De los 91 legisladores que integran actualmente la Asamblea Nacional, una Comisión Especial de Carácter Constitucional, formada por 12 diputados, realizó consultas en distintos municipios. Según Confidencial.digital, los demás parlamentarios no tuvieron sesiones plenarias ordinarias ni reuniones de comisiones durante los dos períodos de pausa.
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La falta de actividad se sumó a los recesos previstos por la ley. Si se agregan los descansos establecidos en el calendario legislativo, la mayoría de los diputados acumularía 112 días libres remunerados durante 2026, aunque no existe información oficial actualizada sobre sus salarios.
Los recesos legales agregan 49 días a la inactividad parlamentaria
La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece un receso de unos 15 días entre julio y agosto, otro de 24 días desde el 16 de diciembre hasta el 8 de enero y diez días de vacaciones por Semana Santa. Esos períodos representan 49 jornadas sin actividad ordinaria.
La cifra se añade a los 63 días durante los cuales unos 79 diputados no sesionaron ni participaron en comisiones. La suma alcanza los 112 días de descanso remunerado proyectados para la mayoría de los integrantes del Parlamento.
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No hay datos oficiales sobre el ingreso de los legisladores. Una publicación de La Prensa de 2018, citada por Confidencial.digital, calculó que cada diputado percibía 96,251.72 córdobas, una cifra equivalente a unos USD 3,522.8 al tipo de cambio actual y a siete salarios mínimos en Nicaragua.
La Constitución Política de Nicaragua establece que la Asamblea Nacional debe tener 92 diputados: 90 electos por voto popular y dos asignados al candidato presidencial que quedó segundo y a quien ejerció la Presidencia en el período anterior.

La reelección de Ortega y Murillo en las elecciones generales de 2021 dejó vacante la banca destinada al exmandatario. Por ese motivo, el Legislativo funciona con 91 diputados.
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La primera suspensión comenzó con la lectura de la reforma
La primera interrupción de las sesiones comenzó el 28 de julio. Ese día, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, leyó la iniciativa de reforma de la denominada “Constitución chamuca” y anunció una primera ronda de consultas.
Los diputados no volvieron a reunirse hasta el 1 de septiembre. En esa jornada aprobaron la enmienda a mano alzada durante un acto realizado en León, en el occidente del país.
Durante agosto no se votó ninguna iniciativa de ley. Los legisladores solo fueron convocados a dos sesiones especiales: una el 22 de agosto, por la conmemoración de la toma del Palacio Nacional, y otra el 29 de agosto, por el 59 aniversario de la gesta heroica de Pancasán.
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Al día siguiente de esa aprobación, Ortega y Murillo ordenaron una segunda etapa de consultas en un centenar de municipios. La nueva pausa parlamentaria comenzó el 3 de septiembre.
Las comisiones legislativas tampoco volvieron a reunirse durante ese lapso. Además, no se presentó ninguna ley ni decreto para discusión y aprobación.
Antes de esa interrupción, la última norma aprobada fue la Ley Creadora de la Dirección General de Transporte Acuático como ente descentralizado del Estado de Nicaragua. La disposición entregó al Ejército el control del transporte acuático y redujo las facultades del Ministerio de Transporte e Infraestructura.

Doce legisladores realizaron las consultas sobre la reforma constitucional
La Comisión Especial de Carácter Constitucional que llevó adelante las consultas estuvo integrada por 12 diputados. Entre ellos estuvieron los miembros de la junta directiva Gustavo Porras, Arling Alonso, Amada Pineda, Loria Raquel Dixon y Wilfredo Navarro, todos sandinistas.
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También participaron María Haydeé Osuna, del Partido Liberal Constitucionalista, y Alejandro Mejía Ferreti, de la Alianza Liberal Nicaragüense. La nómina incluyó a los jefes de bancada Edwin Castro, del Frente Sandinista de Liberación Nacional; Lester Flores, del Partido Liberal Constitucionalista; y Mario Asensio, del Partido Liberal Independiente.
El grupo se completó con la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, María Auxiliadora Martínez, y el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez. Ambos pertenecen al Frente Sandinista de Liberación Nacional.
La segunda ronda de consultas empezó oficialmente el 9 de septiembre en La Trinidad, Estelí. Hasta el 29 de ese mes, la comisión había realizado 15 encuentros con representantes de 33 municipios de Estelí, Matagalpa y Chinandega.
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Alonso afirmó ante Confidencial.digital que la primera fase incluyó 31 reuniones con distintos sectores durante 36 días. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional no mencionó que en esos encuentros participaron familiares de Ortega y Murillo y funcionarios subordinados a la pareja gobernante, según informó el medio.
De acuerdo con la publicación, entre los asistentes hubo cinco hijos, una nuera y un consuegro de los copresidentes. También participaron decenas de funcionarios vinculados al aparato estatal bajo su control.
El Parlamento volvió para aprobar un decreto sobre inteligencia artificial
Los diputados retornaron a la Asamblea Nacional el 29 de septiembre. En esa sesión aprobaron, mediante trámite urgente, un decreto sobre el establecimiento de la Organización Mundial para la Cooperación en Inteligencia Artificial.
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La junta directiva dispensó el plazo de 48 horas de anticipación exigido para presentar iniciativas de ley. Esa decisión permitió que el texto fuera llevado directamente a discusión y aprobación.
La reanudación del pleno ocurrió mientras continuaban las consultas constitucionales en municipios de Estelí, Matagalpa y Chinandega. La actividad legislativa ordinaria había quedado suspendida durante la segunda etapa de ese proceso.
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