
Las cámaras empresariales del sector construcción y varios centros de pensamiento rechazaron que la iniciativa 6688 de Ley de Contrataciones del Estado se apruebe por la vía de urgencia nacional, mientras la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de Guatemala acumula tres días de sesión permanente para revisar el proyecto. Las organizaciones advirtieron que una discusión acelerada puede afectar la transparencia, la certeza jurídica, los costos de las obras públicas y la continuidad de los proyectos en ejecución.
Entre las cámaras que se sumaron al reclamo están la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC), la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda y la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción, junto con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Las entidades reconocieron la necesidad de modernizar el régimen de compras públicas y señalaron que impulsaron la reforma, aunque pidieron que el debate legislativo permita revisar sus efectos.
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La normativa regula cómo el Estado planifica, contrata, ejecuta y paga obras públicas, desde carreteras y escuelas hasta hospitales y sistemas de agua. La gremial sostuvo que una aprobación sin el análisis correspondiente tendría consecuencias para el empleo, los costos de ejecución y las micro, pequeñas y medianas empresas que participan como contratistas o proveedores estatales.

Los riesgos señalados sobre compras sin licitación
El Cacif identificó cuatro posibles riesgos en la propuesta. El primero consiste en que el Ministerio de Finanzas Públicas podría incrementar los montos habilitados para realizar compras sin licitación, sin que el proyecto establezca un límite para ese aumento.
La organización empresarial también señaló que los ministerios podrían declarar emergencias y seleccionar proveedores de manera discrecional, sin comparar precios, incluso en casos en los que fuera posible solicitar otras cotizaciones. A ello sumó la posibilidad de contratar técnicos y profesionales sin evaluar a otros aspirantes ni justificar que se eligió a la persona mejor calificada.
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Las observaciones incluyeron la opción de ampliar el valor de una obra hasta un 40% sobre el contrato original, mediante extensiones otorgadas al mismo contratista y sin una nueva licitación. El CACIF cuestionó que esas ampliaciones no requieran una revisión técnica que justifique el incremento y manifestó: “Rechazamos categóricamente cualquier intento de aprobar la Ley de Contrataciones del Estado por urgencia nacional”.
Las advertencias también fueron planteadas en un pronunciamiento conjunto del CACIF, la Fundación 20/20, FUNDESA y Guatemala No Se Detiene. Las organizaciones afirmaron que durante los últimos días circularon al menos tres versiones diferentes del proyecto y que los diputados no tuvieron tiempo suficiente para conocerlas y analizarlas.
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A juicio de esas entidades, una reforma de esta magnitud no debería avanzar sin completar los procedimientos legislativos previstos, porque definirá el uso de recursos públicos y las compras de bienes y servicios para la población. También destacaron que la iniciativa prevé que la nueva ley entre en vigencia dentro de 18 meses, durante el próximo gobierno, por lo que consideran que no existe una razón para acelerar su aprobación en el actual período legislativo.
La propuesta de dos meses para revisar el proyecto
La Red de Centros de Pensamiento pidió instalar una mesa técnica dentro del Congreso para incorporar las observaciones de sectores de la sociedad civil. El grupo está integrado por Asies, CIEN, ICEFI, Flacso Guatemala, FUNDESA, Fundación 20/20 y Fundación Libertad y Desarrollo, y propuso un plazo máximo de dos meses para examinar el contenido de la iniciativa.
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La solicitud fue remitida al presidente de la Comisión de Economía, el diputado Jorge Ayala. El legislador respondió que el Congreso puede crear una comisión extraordinaria a propuesta de la Presidencia, pero consideró preferible que el análisis continúe en la comisión que ya se declaró en sesión permanente y que tiene prioridad exclusiva sobre el dictamen.
El diputado Gerson Barragán, tercer secretario de la Junta Directiva, consultó cómo se incorporarán las observaciones presentadas por las distintas bancadas. Ayala indicó que los asesores de la Comisión trabajan en la sistematización de esos planteamientos y que el lunes 23 de noviembre presentarán un cuadro comparativo sobre las propuestas atendidas y la forma en que fueron incorporadas.
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El delegado de Asies, Erick Coyoy, calificó el proyecto como una propuesta positiva, pero insistió en que debe contar con tiempo suficiente de discusión. El diputado Ronald Portillo presentó objeciones sobre varios artículos, entre ellos el 67, que exime de opiniones técnicas, jurídicas y presupuestarias previas a contrataciones simplificadas de hasta 300.000 quetzales.
Portillo también cuestionó el artículo 149, que permitiría ampliar obras sin un mecanismo independiente de autorización técnica. La diputada Teresita de León, por su parte, pidió conocer el costo y el tiempo necesarios para aplicar la reforma, al recordar que una modificación de 42 artículos aprobada en 2015 provocó dos años de afectación en la ejecución del gasto público.
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Ayala confirmó que la Comisión retomará la discusión el lunes 23 de noviembre a las 10:00, con un documento de avances que también será remitido a la Red de Centros de Pensamiento.
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