Los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, impulsan una reforma constitucional que impedirá a los opositores participar en cargos electivos y extenderá a siete años el mandato presidencial, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado el miércoles en Costa Rica. El centro de pensamiento, integrado por investigadores de distintos países de Centroamérica, sostuvo que las modificaciones buscan consolidar una “sucesión dinástica” en favor de Murillo, esposa de Ortega.
“La dictadura avanza con prisas en la sucesión dinástica, específicamente trasladando el poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo; pero, considerando que Murillo es una figura que goza de una muy baja o nula legitimidad entre sus propias filas e incluso su círculo más cercano de leales, se ha dado a la tarea de conseguirla a toda costa en el menor tiempo posible”, argumentó el Cetcam.
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El análisis vinculó ese proceso con las reformas aprobadas a principios de septiembre, en primera legislatura, por la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control del régimen sandinista. La iniciativa requiere una segunda aprobación para entrar en vigor. Las enmiendas surgieron semanas después de que Ortega, de 80 años, afirmara durante un acto oficial que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Esa declaración recibió críticas internacionales.
Para el Cetcam, las reformas representan “un intento más para cerrar cualquier resquicio legal que signifique una dificultad u obstáculo para el ascenso de Murillo y la toma total del poder”. “Los cambios iniciaron en 2025 con la imposición de, prácticamente, una nueva Constitución que modificó la naturaleza del régimen político, el Estado y el ejercicio de derechos ciudadanos fundamentales”, explicó el centro en su documento.
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La nueva reforma, cuya ratificación está prevista para el 18 de enero de 2027, impedirá de forma expresa la participación electoral de toda persona que las autoridades califiquen como “traidor a la patria”. Ese término ya alcanzó a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Según el Cetcam, la medida permitirá que las autoridades excluyan por tiempo indefinido a bloques opositores y voces críticas del régimen que aspiren a cargos de elección popular. La iniciativa también amplía de seis a siete años los períodos de las autoridades elegidas por voto popular. La misma duración regirá para quienes la Asamblea Nacional elija o ratifique, entre ellos el jefe del Ejército y el de la Policía.
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Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Las reformas constitucionales de 2025 extendieron el período presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios quedaron previstos para 2027. Con la nueva modificación, la elección pasaría a noviembre de 2028.
Ortega mantiene el poder en Nicaragua desde 2007 y sumará 30 años en el poder. El ex guerrillero sandinista coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y ejerció la Presidencia por primera vez entre 1985 y 1990.
La represión del régimen de Ortega y Murillo
En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales para proteger a nueve personas privadas de libertad en Nicaragua, ante denuncias por el deterioro de su salud, aislamiento, agresiones y amenazas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
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El pedido comprende a Walter José Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarías Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila.
Los nueve permanecen detenidos en el centro penitenciario La Modelo, donde, según la CIDH, afrontan una situación de “extrema gravedad y urgencia”, con riesgo de daños irreparables a sus derechos.
La Comisión ya había otorgado medidas cautelares en favor de los detenidos el 12 de diciembre de 2025. Desde entonces, indicó el organismo, Nicaragua no remitió información que permita establecer la adopción de mecanismos efectivos de protección. Tampoco informó sobre acciones coordinadas con los beneficiarios o sus representantes para reducir los riesgos denunciados dentro del sistema penitenciario.
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(Con información de EFE)
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