Tres reconocidas activistas y opositoras nicaragüenses, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Tamara Dávila, acudieron a los tribunales de España para presentar una acusación penal contra Valdrack Jaentschke Whitaker, funcionario clave del régimen de Nicaragua.
Jaentschke, quien ejerce tareas de canciller y enviado del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue denunciado mientras participaba en actividades relacionadas con la Cumbre Iberoamericana en territorio español.
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Las tres dirigentes, que actualmente cuentan con nacionalidad española tras haber sido expulsadas de su país de origen, decidieron actuar de inmediato aprovechando que el funcionario se encuentra físicamente en el país europeo.
Su objetivo primordial es que los jueces españoles abran una investigación formal, ordenen medidas urgentes y detengan a Jaentschke antes de que abandone suelo español, enviando un mensaje claro de que la impunidad no cruce las fronteras.
La querella interpuesta ante la Audiencia Nacional de España acusa al funcionario de participar activamente en actos graves de:
- Persecución y hostigamiento en el exterior: Utilización de representaciones diplomáticas y órganos de inteligencia para vigilar, amenazar e intimidar a opositores exiliados.
- Despojo de derechos fundamentales: Encarcelamientos sin debido proceso, aislamiento prolongado y torturas sufridas durante su cautiverio en Nicaragua.
- Retiro de nacionalidad y robo de bienes: La confiscación arbitraria de sus viviendas y cuentas bancarias, junto con la revocación forzada de su ciudadanía nicaragüense entre 2021 y 2023.
- Violencia contra disidentes exiliados: La denuncia incluye el reclamo de justicia por crímenes como el asesinato en Costa Rica del opositor Roberto Samcam, quien también contaba con nacionalidad española.
Al explicar los motivos que impulsaron esta demanda penal y el alcance que esperan lograr en los tribunales internacionales, la opositora Dora María Téllez remarcó:
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Dora María Teyes informa sobre la presentación de una acusación formal en la Audiencia Nacional de España contra Valdra Jenske, canciller del régimen de Ortega Murillo, por delitos de terrorismo de Estado contra nicaragüenses.
El respaldo de informes internacionales independientes
La acción judicial no se basa únicamente en testimonios individuales. La acusación cuenta con el respaldo legal del Centro Guernica 37, un equipo jurídico especializado en litigios internacionales de derechos humanos, y se apoya de forma directa en las investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) documentó y señaló con nombre y apellido a 56 personas vinculadas a las cadenas de mando del régimen de Nicaragua. Dentro de ese listado de altos cargos figura Valdrack Jaentschke, a quien se le atribuyen funciones estratégicas en el aparato de inteligencia y en la coordinación de la represión diplomática.
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Al poseer las tres demandantes la nacionalidad española y encontrarse el presunto responsable dentro de las fronteras de España, la justicia de ese país cuenta con los argumentos legales necesarios para intervenir. Las opositoras sostienen que los informes de la ONU aportan pruebas contundentes que permiten a los jueces actuar de inmediato.
Para las víctimas, este paso legal representa el inicio de una nueva etapa de presión contra los funcionarios del régimen de Nicaragua cada vez que decidan viajar al exterior. Las activistas dejaron claro que no esperarán a que termine el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo para buscar que los responsables rindan cuentas ante jueces independientes.
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La estrategia busca que los delegados oficiales enfrenten consecuencias legales en cualquier país donde intenten representar al gobierno nicaragüense. Con esta acción judicial, las denunciantes esperan sentar un precedente firme para que las víctimas de prisión injusta, destierro y despojo encuentren la justicia que hoy no existe dentro de Nicaragua.
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