El exsubsecretario de Estado Brian Nichols advirtió que odiaría ver a Rosario Murillo continuar en el poder tras la eventual muerte de Daniel Ortega y que la perpetuación de un gobierno dinástico en Nicaragua “debería ser profundamente preocupante para todos” en el hemisferio, según informó La Prensa de Nicaragua.
La declaración la formuló durante un panel en la sede del Diálogo Interamericano, centro de análisis con sede en Washington, donde se analizó la evolución política del país centroamericano y el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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Nichols, quien ejerció como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental entre 2021 y 2024, extendió su rechazo también a un eventual traspaso del poder a los hijos de la pareja gobernante.
El régimen Ortega-Murillo acumula 19 años en el poder y, desde 2025, ambos comparten el Ejecutivo con igual jerarquía tras una reforma constitucional que elevó a Murillo de vicepresidenta a copresidenta.
El 1 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó por unanimidad una nueva reforma que amplía el mandato presidencial de seis a siete años y prohíbe participar en elecciones a quienes el régimen califique de “traidores a la patria”.
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La reforma que aplaza el calendario electoral
La medida cancela en la práctica las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 y desplaza cualquier proceso electoral a 2027, año en que la reforma deberá ser ratificada en segunda legislatura para entrar en vigor.
“La idea de que Ortega y Murillo puedan perpetuar su gobierno dinástico en Nicaragua debería ser aborrecible para todos en nuestro hemisferio”, dijo Nichols a La Prensa.
“Odiaría ver a Murillo continuar en el poder después de la muerte de su esposo, e igualmente odiaría ver a sus hijos asumir el poder. Tener ese tipo de gobierno dinástico en cualquier país de nuestro hemisferio debería ser profundamente preocupante para todos”.
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El llamado a Donald Trump antes del G20
El exdiplomático consideró que la administración de Donald Trump tiene la oportunidad de plantear el tema de Nicaragua en el G20, cuya celebración está prevista para el 14 y 15 de diciembre en Miami, Florida. Llamó a que Washington redoble su enfoque en la situación del país centroamericano.
El panel, moderado por el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, contó además con Alberto Ramdin, secretario general de la OEA; Arnoldo André Tinoco, representante permanente de Costa Rica ante el organismo; y Miriam Kornblith, directora sénior para América Latina y el Caribe en la Fundación Nacional para la Democracia.
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La OEA evalúa una reunión de cancilleres
Ramdin fue directo al valorar la crisis: “No se trata solo de no quedarse callado, sino también de que debemos actuar”, afirmó ante el panel, porque lo que ocurre en Nicaragua “tiene impacto en la región”.
El secretario general adelantó que la reunión de cancilleres podría celebrarse entre el 28 y el 29 de septiembre, aunque el 10 de septiembre precisó a medios internacionales que el encuentro se realizará “lo antes posible” tras la Asamblea General de las Naciones Unidas, de finales del mismo mes.
La convocatoria fue aprobada el 19 de agosto por el Consejo Permanente de la OEA con el voto de 26 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México. Se trata de un mecanismo extraordinario al que el organismo recurre en contadas ocasiones.
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Ramdin subrayó que el encuentro debe servir para acordar “medidas concretas”, entre ellas posibles sanciones financieras o de viaje, y no limitarse a emitir nuevas condenas sin efecto práctico.
Costa Rica pidió involucrar al SICA y al Cafta-DR
André Tinoco, el representante costarricense, fue enfático al describir la postura del régimen: “El gobierno nicaragüense ha decidido olvidarse del mundo occidental” y “no le importa si tú o yo nos referimos a ellos”, dijo al panel, según consignó La Prensa.
Señaló que Managua optó por buscar respaldo en Rusia, China y otros países, e insistió en la preocupación de Costa Rica por la presencia de militares rusos en Nicaragua.
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Tinoco llamó al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y a las partes del acuerdo Cafta-DR a involucrarse en el tema. El gobierno de Laura Fernández, sostuvo, está comprometido con una “acción colectiva” para presionar al régimen.
Nichols, por su parte, fue más allá y reclamó que “no debería haber ningún beneficio para Nicaragua” dentro de SICA ni ningún cargo ocupado por funcionarios del régimen en ese bloque, e hizo un llamado a “llevar resoluciones como hemisferio dentro del sistema de las Naciones Unidas”.
Las reacciones internacionales y el silencio del SICA
Desde que Ortega anunció el 19 de julio que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, la OEA y las Naciones Unidas fueron las primeras en expresar condenas.
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A nivel regional, Costa Rica, Panamá, Guatemala y República Dominicana manifestaron preocupación; Belice y Honduras se sumaron más tarde en el Consejo Permanente de la OEA. El Salvador no se pronunció.
Los gobiernos panameño y dominicano adoptaron las medidas más enérgicas al llamar a consultas a sus embajadores. Como represalia, el régimen cerró la Embajada de Nicaragua en Santo Domingo. El SICA, en cambio, permanece sin pronunciamiento formal.
Kornblith lamentó que, pese a las graves violaciones de derechos humanos documentadas por la OEA y la ONU, la situación de Nicaragua “no se ha convertido en un tema regional lo suficientemente importante”.
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Sostuvo que la recuperación democrática en el país “debe ser liderada y combatida por el pueblo” y que la OEA “podría ayudar a involucrar a los actores democráticos de la región”.
Tras el evento, la Fundación para la Libertad de Nicaragua, presidida por Félix Maradiaga, valoró como positiva la conversación sostenida con el secretario general de la OEA. “La Fundación acoge este mensaje como una señal alentadora de voluntad política para devolver a Nicaragua la atención regional que requiere y avanzar hacia una respuesta colectiva que contribuya a recuperar la democracia y proteger los derechos de los nicaragüenses”, indicó en un comunicado.
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