Presos políticos en Nicaragua: las denuncias sobre salud, incomunicación y atención médica que vuelven a encender las alarmas

Los presos políticos en Nicaragua, particularmente quienes son adultas mayores, enfrentan un riesgo creciente de deterioro de salud, falta de atención médica y desaparición forzada, según denuncias de familiares y organismos de derechos humanos. La muerte bajo custodia estatal del líder indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan ha profundizado la alarma entre las familias de quienes continúan detenidos o cuyo paradero es desconocido, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua reportó que, a finales de mayo de 2026, había 46 personas encarceladas por motivos políticos en distintos centros de detención del país: 43 hombres y tres mujeres.

De ese total, 13 son personas adultas mayores y nueve estaban en condición de desaparición forzada. La preocupación se concentra especialmente en los detenidos de edad avanzada, muchos de ellos con enfermedades crónicas que requieren tratamiento continuo.

Familiares han denunciado que reciben medicamentos de manera irregular, carecen de una alimentación adecuada y permanecen en condiciones materiales deficientes. También señalan que las autoridades niegan o retrasan el acceso a atención médica especializada, pese al deterioro físico de los prisioneros.

El caso de Brooklyn Rivera es presentado por organizaciones defensoras de derechos humanos como una advertencia sobre las consecuencias de estas prácticas. Rivera, histórico dirigente indígena de la Costa Caribe y fundador del partido Yatama, fue detenido el 29 de septiembre de 2023.

Durante más de 900 días, su familia desconoció dónde se encontraba, cuáles eran sus condiciones de reclusión y qué atención médica recibía. El 27 de mayo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo divulgó fotografías de Rivera postrado en una cama de hospital. Tres días después anunció su fallecimiento, atribuyéndolo a varias enfermedades. Sus familiares y organizaciones indígenas cuestionaron esa versión, al señalar que el prolongado aislamiento, la incomunicación y la falta de información sobre su estado de salud fueron factores decisivos en el desenlace.

Tras su muerte, las autoridades también impidieron que fuera trasladado a la Costa Caribe para ser sepultado conforme a las costumbres de sus comunidades. De acuerdo con denuncias familiares, seis personas que viajaron desde Bilwi a Managua para reclamar su cuerpo fueron detenidas: Alda López Bryan, Jorge Webster Rojas, Kurney Valle Bushy, Florencia Sarmiento, Jorbis Hendy López y Glenis Pantin Coleman. Hasta la fecha, se desconoce su paradero.

La desaparición forzada no es un fenómeno aislado. Siete personas permanecen desaparecidas, cinco de ellas adultas mayores: Douglas Gamaliel Álvarez Morales, Víctor Boitano Coleman, Eddy Moisés González Valdivia, Larry Javier Martínez Romero, Salvadora del Socorro Martínez Aburto, Carlos Ramón Brenes Sánchez y Ricardo José Mendoza Yrigoyen. Sus familias han exigido información sobre su ubicación y condiciones de salud, sin obtener respuestas oficiales.

Según el estudio del CETCAM, desde 2018, Nicaragua ha mantenido una política sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, incomunicación y negación de atención médica contra opositores. Organismos internacionales, incluido el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, han señalado que estas prácticas pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

Nueve personas han muerto bajo custodia estatal, de acuerdo con registros de organismos de derechos humanos. Entre ellas figuran Eddy Montes, Hugo Torres, Humberto Ortega, Carlos Cárdenas y Brooklyn Rivera, además de otros opositores y una persona cuya identidad no fue divulgada.

Para los familiares de las personas detenidas, la muerte de Rivera confirma que cada día de incomunicación representa un peligro real. Las demandas principales son la presentación pública inmediata de las personas desaparecidas, acceso a atención médica independiente, información verificable sobre su estado de salud y la liberación de todos los presos políticos.