Los diputados británicos rechazaron legalizar la muerte asistida

Los diputados de Reino Unido rechazaron legalizar la muerte asistida en Inglaterra y Gales al votar por 286 a 270 contra un proyecto que permitía a adultos con enfermedades terminales solicitar ayuda médica para poner fin a su vida bajo requisitos específicos.

La Cámara de los Comunes tomó la decisión después de más de cuatro horas de debate, en las que los parlamentarios expusieron argumentos personales, médicos y legales. La diferencia de 16 votos cerró el trámite de la iniciativa presentada por la diputada laborista Lauren Edwards, que no continuará su recorrido durante la actual sesión parlamentaria.

El proyecto, denominado Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, se dirigía a personas mayores de edad con un pronóstico de menos de seis meses de vida. La norma se aplicaba en Inglaterra y Gales y exigía que el solicitante pudiera administrarse personalmente la sustancia letal.

La propuesta establecía una serie de controles previos. Cada paciente debía residir en Inglaterra o Gales desde hacía al menos 12 meses, realizar dos declaraciones firmadas y demostrar que conservaba pleno uso de sus facultades mentales.

Dos médicos independientes debían comprobar que reunía las condiciones requeridas, con siete días de diferencia entre ambas evaluaciones, y un panel de expertos debía autorizar la solicitud.

El Gobierno mantuvo una posición neutral y los diputados votaron según su criterio individual, sin seguir una consigna partidaria. El primer ministro Andy Burnham se abstuvo de participar porque afirmó que no quería influir indebidamente en un asunto reservado al Parlamento.

La votación puso fin al segundo intento de modificar la normativa sobre el final de la vida en los últimos dos años. Una versión casi idéntica obtuvo el respaldo de los Comunes el 20 de junio de 2025, con una mayoría de 23 votos, pero no llegó a convertirse en ley.

Aquel texto quedó detenido en la Cámara de los Lores después de que sus miembros presentaran más de 1.200 enmiendas. La falta de tiempo impidió que la iniciativa superara todas las etapas necesarias en la cámara alta.

Edwards volvió a llevar la propuesta a los Comunes para que los Lores pudieran retomar su examen, pero el resultado de este viernes dejó sin efecto esa posibilidad.

Durante la sesión, la diputada laborista Janet Daby explicó que cambió de postura desde la votación anterior. Tras haber respaldado el primer proyecto, dijo que tuvo pesadillas sobre la muerte y que no consiguió sentirse conforme con aquella decisión. Finalmente, votó contra la nueva iniciativa.

Edwards lamentó el resultado y sostuvo que la legislación vigente era demasiado cruel e injusta para mantenerse. La diputada aseguró que miles de enfermos terminales y sus familias habían recibido expectativas cuando los Comunes aprobaron el proyecto anterior y consideró que el debate volverá al Parlamento en el futuro.

Entre los argumentos favorables, la diputada laborista Claire Hazelgrove relató la experiencia de su madre, que murió en octubre del año pasado después de convivir durante años con un cáncer sanguíneo poco frecuente. Hazelgrove defendió el proyecto al señalar que algunos padecimientos no pueden aliviarse mediante cuidados paliativos.

Los detractores advirtieron que las garantías previstas no impiden por completo que personas mayores, pacientes con discapacidad o enfermos en situación de dependencia se sintieran presionados a pedir la muerte asistida por considerarse una carga. También cuestionaron la certeza de los pronósticos médicos que fijaban en menos de seis meses la expectativa de vida.

Entonces, Inglaterra y Gales mantuvieron la prohibición de la muerte asistida, mientras otros países aprobaron legislaciones con criterios diferentes, entre ellos Bélgica, Canadá, Suiza, España, Australia, Austria, Colombia, Países Bajos y Uruguay.

La frecuencia de estos procedimientos varía según cada jurisdicción: España, Austria y Colombia registraron cerca de una muerte asistida por cada 1.000 fallecimientos, mientras Canadá alcanzó una por cada 200 y Países Bajos presentó una proporción ligeramente mayor.

Una encuesta de YouGov mostró que el 41% de los británicos apoyó legalizar la medida, frente al 28% que se manifestó en contra. La decisión de los Comunes mantuvo sin cambios la legislación aplicable en Inglaterra y Gales.

(Con información de AFP, AP, EFE y Europa Press)