La permanencia de Jaime Enrique Navarrete Blandón en prisión, pese a haber cumplido su condena en enero de 2023, se ha convertido en un símbolo de la persistencia de la represión bajo el régimen nicaragüense perpetuado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La situación ha generado una ola de denuncias y preocupación internacional, mientras su madre, Margine Blandón, insiste en que la crisis ha destrozado a su familia y vulnerado los derechos fundamentales de su hijo, según declaraciones del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
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Navarrete nació el 31 de julio de 1983 en Nicaragua, pero su infancia y adolescencia transcurrieron en Estados Unidos, donde completó estudios hasta el primer año universitario. Un accidente automovilístico alteró su salud y proyectos, pero decidió retornar a Managua junto a su esposa, ciudadana estadounidense, para emprender un pequeño restaurante de comida mexicano-estadounidense.
“Tenía grandes proyectos y aún espero, con la ayuda de Dios, que algún día pueda cumplirlos”, declaró su madre en una entrevista recogida por el Colectivo Nicaragua Nunca Más.
El giro más dramático de su vida se produjo tras las protestas de abril de 2018. Navarrete se sumó a las manifestaciones cívicas tras ver el maltrato a adultos mayores durante la represión en León. El 15 de junio de ese año, agentes policiales irrumpieron violentamente en su vivienda, lo golpearon y sometieron a su esposa, Yvone Navarrete, a agresiones físicas y sexuales. “Todo cambió cuando lo secuestraron por ayudar a otras personas. Policías y paramilitares destruyeron nuestra casa y el pequeño negocio que él había iniciado. Además de dañarnos, se llevaron cuanto pudieron”, relató Margine Blandón en declaraciones obtenidas por el colectivo.
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Denuncias familiares y condiciones de reclusión de Navarrete en Nicaragua
La justicia nicaragüense declaró culpable a Navarrete por hechos que sus familiares y defensores consideran fabricados. Aunque su esposa testificó que él se encontraba en casa durante los supuestos delitos, fue condenado a prisión. En 2019, la Ley de Amnistía permitió su excarcelación, pero solo estuvo libre 44 días. El 24 de julio del mismo año, el régimen lo arrestó nuevamente, esta vez por presunta posesión de drogas y armas, cargos que su madre ha refutado en foros internacionales.
Las condiciones de reclusión han sido especialmente severas. Según el Colectivo Nicaragua Nunca Más, Navarrete fue golpeado, mantenido en una celda de castigo sin ventilación ni acceso a atención médica, pese a su hipertensión y dolencias crónicas. Durante una audiencia, sufrió fracturas tras ser arrojado desde el segundo piso de un edificio judicial. El 28 de enero de 2023, Navarrete cumplió la condena impuesta, pero no ha sido liberado y su detención carece de respaldo legal.
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La madre de Navarrete ha denunciado el impacto devastador que la represión estatal ha tenido en su entorno. “Pido la libertad de mi hijo y la de todas las personas presas políticas en Nicaragua. No solo están destruyendo su vida, también la mía y la de muchas madres”, sostuvo.
El caso ha llegado a instancias internacionales. El 8 de febrero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas provisionales para proteger la vida de Navarrete, petición que el gobierno de Nicaragua ha ignorado. En junio de 2024, la Oficina de la Alta Comisionada Adjunta Nada al Nashif de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su preocupación por la integridad física y mental del detenido.
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En mayo de 2025, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (WGAD) calificó la detención de Navarrete como arbitraria y contraria al derecho internacional, exigiendo su liberación inmediata y una investigación exhaustiva.
El calvario legal ha afectado también al círculo cercano. Su primer abogado debió exiliarse en 2022 y el segundo falleció en 2023. Su esposa fue expulsada del país pocos días antes de que él recuperara la libertad en 2019 y recibió una multa de cinco mil dólares.
Las voces de la familia de Navarrete y las acciones de organismos internacionales mantienen vigente la demanda por la libertad de quienes permanecen privados de sus derechos fundamentales en Nicaragua.
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