El paradero de monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo emérito de la diócesis de Estelí, Nicaragua, permanece desconocido después de más de once días sin contacto directo con su familia ni con allegados. La situación ha generado preocupación entre la comunidad católica y organizaciones de derechos humanos, quienes señalan una “desaparición forzada” tras su detención por las autoridades nicaragüenses.
El caso de Mata Guevara ha captado la atención internacional desde que, el pasado 29 de junio, fue arrestado después de celebrar una misa en la ciudad de Estelí. Durante la ceremonia, el obispo pidió oraciones por la Iglesia perseguida en Nicaragua y mencionó al administrador apostólico de la diócesis, monseñor Rolando José. Poco después, las fuerzas de seguridad lo detuvieron por segunda vez en Tisma, Masaya, imponiendo vigilancia permanente en su residencia.
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A pesar de que el gobierno de Daniel Ortega aseguró el 4 de julio que el obispo había regresado a su casa y que había sido tratado “de manera adecuada”, su familia y personas cercanas han confirmado que no han podido establecer ningún tipo de comunicación directa con él.
De igual manera, fuentes eclesiásticas afirmaron: “Después que lo devolvieron a su casa, según el comunicado oficial, no hemos logrado verlo”. Las mismas fuentes describen un ambiente de temor y hostigamiento alrededor de la residencia del prelado, bajo resguardo policial interior constante y sin acceso para allegados ni fieles.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el 4 de julio un comunicado exigiendo la liberación inmediata e incondicional del obispo Mata. Horas después, el gobierno nicaragüense difundió su versión sobre la supuesta liberación del religioso, pero hasta el momento no existe confirmación independiente sobre su estado de salud ni sobre su paradero exacto.
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Organizaciones denuncian agravamiento de la persecución religiosa
Organizaciones dedicada al seguimiento de detenciones y desapariciones en Nicaragua, alerta sobre la condición de “desaparición forzada” de Mata desde el 2 de julio, advirtiendo sobre los riesgos que enfrenta dada su edad y su historial médico.
La detención de Juan Abelardo Mata se produjo en el contexto de una investigación policial sobre el “origen de propiedades y vínculos familiares que no corresponden a su condición sacerdotal”, según la versión oficial. No obstante, la falta de transparencia en el proceso, la ausencia de información verificable y el persistente cerco policial han incrementado la alarma entre los fieles y defensores de derechos humanos.
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A la crisis de seguridad enfrentada por Mata Guevara se suma la presión sobre laicos y colaboradores. El mismo día en que se divulgó el comunicado oficial sobre el obispo, la policía buscó en su domicilio a Celia Huete, colaboradora cercana, quien ya había abandonado el país junto a su familia por temor a represalias. La vivienda de Huete fue ocupada y permanece sin acceso para terceros, según testimonios recogidos por medios internacionales.
La situación actual de monseñor Mata refleja el endurecimiento de la persecución religiosa en Nicaragua, donde la vigilancia, detenciones y restricciones a la Iglesia católica se han incrementado en los últimos meses.
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Sacerdotes exiliados y arrestados en Nicaragua
La desaparición de Juan Abelardo Mata ocurre en un contexto de acoso sistemático contra la Iglesia católica bajo el gobierno de Daniel Ortega. Según datos proporcionados por la investigadora Martha Patricia Molina y recopilados por EWTN News y Human Rights Watch, al menos 309 religiosos y religiosas católicos —incluyendo sacerdotes, obispos, monjas y seminaristas, han sido exiliados, expulsados o desterrados de Nicaragua en los últimos años.
El mismo monitoreo indica que al menos 149 sacerdotes han sido expulsados o forzados al exilio y que la diócesis de Matagalpa ha presentado el mayor número de sacerdotes fuera del país, con una reducción de cerca del 70% de su clero. Catholic World Report señala que los sacerdotes que permanecen en Nicaragua enfrentan vigilancia, restricciones de movilidad y la imposibilidad de abordar temas sociales en sus homilías.
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