La deducción salarial impuesta por el régimen de Ortega en Nicaragua incrementa la inconformidad laboral

El descuento salarial forzoso impuesto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha generado un profundo malestar entre los trabajadores estatales de Nicaragua.

Desde los primeros días de mayo de 2026, múltiples empleados públicos han comprobado en sus recibos una nueva deducción: entre el 2 y el 10% de su salario mensual se descuenta de manera automática bajo el concepto de “aporte” al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La medida, aplicada de manera generalizada, afecta sobre todo a quienes perciben salarios más altos, pues el porcentaje deducido aumenta según los ingresos. Trabajadores de áreas sensibles como la educación y la salud se cuentan entre los más impactados, de acuerdo con testimonios recabados por el medio Confidencial 30.

Deducción automática y sin aviso previo

Jessica, docente de secundaria en el occidente del país, y citada en la nota del medio, presentó su comprobante de pago para mayo de 2026. En el documento se refleja una deducción de 206.24 córdobas (unos 5.61 USD), equivalente al 2% de su salario bruto, que asciende a 11.227 córdobas (305.75 USD).

El descuento se suma a las retenciones habituales del Impuesto sobre la Renta (IR) y la cotización al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), dejando su salario neto en apenas 9,919.48 córdobas.

El recorte, que tomó por sorpresa a miles de maestros, no fue comunicado oficialmente por el Ministerio de Educación (Mined). La noticia circuló como rumor durante el Encuentro Pedagógico de Interaprendizaje (EPI), realizado el 24 de abril, mientras la vicepresidenta Murillo anunciaba el pago adelantado de salarios para mayo.

En Nicaragua, según cifras del Banco Central, hay 47,595 docentes activos. El descontento aumentó al constatarse que la deducción afectaba incluso a quienes ya recibían salarios bajos. Las quejas se multiplicaron en los centros educativos: “Todas las maestras se estaban quejando porque, en lugar de subirnos el salario, nos están quitando más”, relató Jessica.

Impacto en el sector salud y otros ministerios

El sector salud tampoco quedó al margen. Marcos, trabajador del Ministerio de Salud (Minsa), indicó que el descuento se efectuó sin previo aviso, a pesar de que supuestamente el “aporte” partidario era voluntario. Al recibir su pago adelantado, notó la deducción de 1.000 córdobas, una cantidad muy superior a los 200 que solía aportar de forma voluntaria al partido.

En hospitales públicos, todo el personal resultó afectado. Francisca, trabajadora de la salud, informó que le descontaron 475,39 córdobas, quedando su salario neto en 8.837,61 córdobas tras sumar otras deducciones sindicales y estatales. Según su testimonio: “A una doctora le quitaron 2.000 córdobas y a los médicos especialistas, hasta 2.600”.

La situación también se replicó en instituciones como el Ministerio del Interior (MINT) y otros organismos estatales. Medios independientes como 100% Noticias y La Prensa reportaron que el porcentaje aplicado oscila entre el 2 y el 10% del salario bruto de cada trabajador.

El gobierno de Daniel Ortega impuso una deducción obligatoria que descuenta entre un 2 y un 10% del sueldo mensual de cada trabajador estatal, bajo la figura de “aporte” partidario al FSLN. La medida se implementó sin consulta previa y afecta a empleados de todos los niveles, especialmente a quienes perciben mayores ingresos.

Vigilancia, control y nuevas exigencias para los empleados estatales

Este nuevo recorte salarial se suma a otras prácticas de control establecidas por el régimen. Desde finales de 2023, todos los funcionarios y militantes están obligados a completar una “ficha única de registro” con datos personales, información de familiares fallecidos, cuentas en redes sociales y antecedentes laborales y académicos.

Las denuncias recogidas por Confidencial señalan la presencia de “encargados políticos” en cada institución, cuya función es supervisar y vigilar a los trabajadores, incluyendo el monitoreo de sus comentarios y publicaciones en línea. “Tenemos nuestros jefes de trabajo, pero además existe toda una estructura de vigilancia para saber lo que comentamos”, explicó un empleado estatal.

A la presión económica y la vigilancia digital se añade la restricción de movilidad. Desde 2023, a muchos funcionarios se les retiran los pasaportes y se les prohíbe salir del país. Según investigaciones previas del mismo medio, los permisos de salida son selectivos y la mayoría de los empleados públicos no puede viajar al extranjero.

La implementación del “aporte” partidario obligatorio, junto con las crecientes medidas de vigilancia y control, refuerza el clima de presión sobre los empleados estatales en Nicaragua. Para muchos, el Día Internacional de los Trabajadores en 2026 es motivo de protesta más que de celebración.