Ministro de Gobernación afirma que la coordinación con el Ministerio Público será eje central en la elección del próximo fiscal general de Guatemala

Después de participar en el proceso de entrevistas que el presidente Bernardo Arévalo realizó a los integrantes de la nómina a fiscal, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda enfatizó que una de las tareas centrales del proceso de selección del próximo fiscal general de Guatemala es garantizar una coordinación efectiva entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público.

El alto funcionario remarcó que superar el distanciamiento histórico entre ambas instituciones resulta clave para enfrentar los desafíos de seguridad que vive el país.

Según declaraciones ofrecidas a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), el presidente Bernardo Arévalo le ha dado prioridad a esta articulación y se encargó personalmente de conducir las entrevistas a los aspirantes al cargo para el periodo 2026-2030.

La elección es relevante por su impacto en la persecución penal y la consolidación de la justicia, cuyos resultados incidirán de manera directa en la seguridad nacional.

La fase de entrevistas a los seis candidatos concluyó el jueves 30 de abril, después de tres jornadas en las que el mandatario estuvo acompañado por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Garnica, y por el propio Villeda, según la AGN.

Durante estas audiencias, los postulantes presentaron sus propuestas y prioridades en temas como crimen organizado, persecución penal estratégica y fortalecimiento del sistema de justicia. Villeda indicó a la agencia que el Ejecutivo es plenamente consciente de la necesidad de revertir lo que calificó como un “divorcio” entre la Fiscalía y Gobernación, afirmando: “Nosotros somos conscientes de que no puede seguir existiendo ese divorcio entre la Fiscalía y el Ministerio de Gobernación”.

El ministro consideró imprescindible consolidar el trabajo conjunto mediante la confianza y el intercambio constante de información. Ambos organismos, insistió, deben funcionar como aliados estratégicos para reducir los índices delincuenciales y dar respuestas efectivas a los crímenes que afectan a la sociedad. Así lo manifestó a la agencia: “El socio natural del ministro de Gobernación es el fiscal general, y viceversa. Tenemos que tener ese grado de confianza para comunicarnos, para compartirnos información y para poder hacer operaciones conjuntas que permitan disminuir los índices delincuenciales”.

El proceso de selección entra en su etapa final con miras a la toma de posesión el 17 de mayo

Con la finalización de las entrevistas, la decisión definitiva recae en el presidente Arévalo, quien debe elegir a la persona encargada de conducir el Ministerio Público durante los próximos cuatro años, respetando los plazos fijados por la Constitución.

La fecha límite para la asunción del nuevo fiscal general es el 17 de mayo, informó la AGN. Este nombramiento es uno de los hitos institucionales más determinantes del año por el rol que le corresponde en la defensa del Estado de derecho, la persecución del delito y la coordinación con las fuerzas de seguridad.

Los candidatos, de acuerdo con el testimonio de Villeda a la agencia, mostraron durante las entrevistas una disposición clara a restituir la confianza y la comunicación entre ambas instancias. El ministro puntualizó: “Yo creo que los candidatos lo han entendido muy bien, están muy conscientes de ello y muy dispuestos a colaborar, a restituir esa confianza y esa comunicación que normalmente ha existido entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público”. Para el funcionario, esta apertura abre expectativas positivas para el fortalecimiento de la justicia y para responder de manera más eficaz a las víctimas de los delitos.

El proceso institucional más relevante para la estructura judicial y de seguridad de Guatemala avanza hacia su desenlace, con la inminente designación presidencial del próximo titular de la Fiscalía General, quien asumirá la responsabilidad de encabezar la lucha contra el crimen y contribuir a la estabilidad institucional a partir del 17 de mayo.