Una reducción drástica en la disponibilidad de gas licuado de petróleo afecta desde principios de abril a distintas regiones de Nicaragua, generando preocupación tanto en hogares como en pequeños comercios por el impacto en su funcionamiento diario y el encarecimiento del recurso. Esta situación, cuyas causas inmediatas se entrelazan con las recientes tensiones internacionales en el sector hidrocarburos, expone la falta de transparencia en el modelo de gestión energética nicaragüense y la dependencia total del país de las importaciones, reportaron medios nicaragüenses y regionales.
La dependencia financiera se refleja en la factura de importaciones: en 2024, Nicaragua desembolsó USD 83.9 millones por la compra de gas licuado de petróleo, de acuerdo con cifras del Banco Central de Nicaragua citadas por La Prensa. El mercado está en manos de distribuidoras privadas y de la firma estatal Enigas, la cual se encuentra en proceso de ampliar su capacidad de almacenamiento gracias a inversiones procedentes de China.
A la escasez y dependencia, se suma la falta de transparencia sobre el uso de los ingresos generados por la política energética y sobre la sostenibilidad futura del suministro, según especialistas en energía y economistas consultados por Centroamérica 360.
Distribución irregular y cobros adicionales afectan a consumidores fuera de Managua
Las quejas de falta de GLP se concentran en municipios del centro, norte y sur de Nicaragua, donde clientes de la empresa Tropigas reportan racionamiento y la exigencia de pagos adicionales de entre 10 y 30 córdobas por cilindro. Pese a que el precio oficial del gas permanece congelado desde abril de 2022, los usuarios deben recorrer múltiples agencias para abastecerse, situación que dificulta especialmente la operación de comedores y restaurantes, según documentaron medios locales.
En Camoapa, los distribuidores reconocen que los pedidos “se han reducido casi a la mitad”, lo que obliga a los consumidores a emplear más tiempo y recursos en la búsqueda del insumo. Aunque en la capital, Managua, y algunos sectores del norte persiste un abastecimiento regular, la ausencia de información oficial incrementa la incertidumbre entre la población.
Congelamiento de precios y volatilidad internacional agravan el escenario
El precio oficial del gas fue fijado por el gobierno cuando el barril de petróleo superó los USD 120 la unidad y no se ha modificado, a pesar de que actualmente el precio internacional ronda los USD 90, según datos recabados por Centroamérica 360. Esta estrategia de congelamiento, implementada en el contexto de la pandemia y crisis energética global, permitió al Estado recibir, desde su adopción, ingresos extraordinarios superiores a USD 300 millones sin que ello se haya traducido en una reducción en el coste para el consumidor final.
Especialistas en energía y economistas advierten que no existe transparencia sobre la gestión de esos ingresos ni claridad sobre la sostenibilidad futura de la oferta, en un entorno marcado por la volatilidad del precio del crudo, alimentada recientemente por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Este conflicto provocó que los valores internacionales de referencia del crudo variaran a corto plazo.
Al desabastecimiento y el alza de precios se suma la ausencia de posicionamiento gubernamental frente a la escasez, lo que incrementa la incertidumbre entre quienes dependen del GLP para cubrir necesidades fundamentales y sostener pequeños emprendimientos.
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