Estados Unidos elevó este lunes la presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo luego de que el enviado especial Richard Grenell advirtiera que toda la industria aurífera de Nicaragua podría enfrentar sanciones si no se revierte la confiscación de una mina a un empresario estadounidense y su entrega a compañías chinas. “Esto debe solucionarse, o de lo contrario, toda la industria aurífera de Nicaragua se enfrentará a sanciones”, afirmó en un post de X.
Grenell es un diplomático y operador político estadounidense con peso en la política exterior de Washington. Fue embajador de Estados Unidos en Alemania durante la administración de Donald Trump y director interino de Inteligencia Nacional en 2020.
Actualmente actúa como enviado especial para Misiones Especiales, un rol desde el cual aborda temas estratégicos y de seguridad, y sus declaraciones suelen interpretarse como señales de posibles decisiones dentro del aparato político estadounidense.
La advertencia de Grenell se produce a partir del caso expuesto por el diario La Prensa, que detalla cómo el régimen nicaragüense despojó a la empresa estadounidense BHMB Mining Nicaragua S.A. de sus activos y concesiones mineras, en un proceso que ha generado alarma en Washington.
Según la investigación periodística, el conflicto se originó en septiembre de 2025, cuando el plantel industrial de la empresa, valorado en unos 80 millones de dólares, fue ocupado por las compañías chinas Zhong Fu Development y Santa Rita Mining, bajo la protección del Estado.
El proceso culminó en marzo de 2026, cuando el régimen retiró formalmente la concesión del lote La Guadalupana, una extensión de 2.500 hectáreas ubicada en San Juan de Río Coco, Madriz. La licencia había sido otorgada a BHMB Mining en febrero de 2020 por un período de 25 años, tras cumplir con todos los requisitos legales, incluyendo pagos de impuestos y permisos.
La concesión fue transferida a una nueva sociedad denominada Palacagüina Mining, registrada recientemente y vinculada a capital chino. Su presidente es el ciudadano chino Minhui Sun, según consta en publicaciones oficiales.
La autorización para el despojo fue emitida por el Ministerio de Energía y Minas y certificada por la Procuraduría General, que desde febrero asumió el control directo del sector minero.
La investigación de La Prensa señala además que existe una conexión operativa entre la nueva empresa y las compañías chinas que previamente ocuparon el plantel.
El abogado que tramitó la documentación de Palacagüina Mining está vinculado a esas mismas firmas, lo que sugiere una continuidad en la operación, aunque bajo otro control formal.
Otro elemento relevante es que la nueva empresa adoptó el mismo nombre del plantel confiscado (Palacagüina), lo que refuerza la idea de una sustitución directa. Al mismo tiempo, documentos públicos muestran vínculos entre estos actores y la Cámara de Industria y Comercio Nicaragua China, creada en 2024 bajo el impulso de Laureano Ortega Murillo, operador clave en las relaciones con China.
La Prensa también ha documentado un esquema más amplio de control del sector aurífero por parte del régimen, en el que participan empresas como Capital Mining Investment Nicaragua, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un intermediario que cobra comisiones a mineros y empresas. Este modelo permite al círculo de poder capturar rentas del negocio del oro.
El caso ha sido interpretado en Washington como la sustitución de inversiones occidentales por capital chino en sectores estratégicos. Un análisis del abogado Jason Ian Poblete, citado por La Prensa, advierte que las empresas chinas ocupan rápidamente los espacios que dejan las compañías estadounidenses tras sanciones o expulsiones.
El oro se ha consolidado como uno de los principales productos de exportación de Nicaragua, con más de 1.900 millones de dólares en 2025, impulsado por los altos precios internacionales. Una parte significativa de esas exportaciones tiene como destino el mercado estadounidense, que ha sido históricamente uno de los principales compradores del metal nicaragüense.
El Gobierno de Nicaragua ha concedido concesiones mineras a empresas chinas que abarcan el 8.5% del territorio nacional, incluyendo zonas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, denunció la organización ambientalista nicaragüense Fundación del Río.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, afirma que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “están limpiando la mesa” del mapa minero en Nicaragua para entregárselo a nuevos actores, principalmente empresas chinas.
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