La superficie bajo control de empresas mineras chinas en Nicaragua ha alcanzado, según datos recientes, el 8.5 % del territorio nacional. La última decisión del gobierno nicaragüense se traduce en una nueva concesión a cielo abierto de 2,500 hectáreas para la empresa Palacagüina Mining, representada en el país por el ciudadano chino Minhui Sun, publicó este viernes la agencia EFE.
La entrega de este permiso se localiza en el municipio de San Juan del Río Coco, dentro del departamento de Madriz, una región fronteriza con Honduras. La información fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, confirmando la ampliación del área destinada a la explotación de minerales metálicos y no metálicos.
Nuevas concesiones mineras y cambios regulatorios
Durante el periodo comprendido entre 2021 y 2026, el gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado concesiones en 72 lotes diferentes a 16 empresas de origen chino.
El dato, recogido en un informe de la ONG Fundación del Río, señala que la superficie cedida supera el millón de hectáreas.
La ONG ambientalista, dirigida por Amaru Ruiz, ha advertido que las áreas otorgadas incluyen territorios protegidos y zonas habitadas por comunidades indígenas y afrodescendientes.
Estas tierras quedan así sujetas a la exploración y explotación de recursos minerales, lo que ha generado preocupación entre sectores sociales y ambientales.
El Ejecutivo nicaragüense introdujo modificaciones legales para facilitar la llegada y operación de capitales mineros chinos. Según Fundación del Río, los cambios en el marco normativo otorgan ventajas específicas a estas compañías, esquivando restricciones y sanciones internacionales, como las impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
Críticas a la transparencia y tipo de inversiones
Fundación del Río documentó que la mayoría de las empresas chinas con presencia en Nicaragua carecen de historial público. No se han encontrado sitios web ni evidencias de que formen parte de grupos que cotizan en bolsas internacionales. Tampoco han presentado credenciales técnicas, estudios de factibilidad o información sobre el volumen de inversión en el país.
Según la organización, los intereses de estas firmas no se limitan a metales preciosos como oro y plata. La atención se dirige también a minerales considerados estratégicos o críticos, tales como cobre, cobalto, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.
Rechazo y denuncias de organizaciones civiles
El otorgamiento de nuevas licencias ha sido rechazado por organizaciones ecologistas y sectores opositores. Estas entidades exigen la anulación de los permisos, advirtiendo sobre el impacto en áreas protegidas y territorios de comunidades originarias.
En respuesta a la pregunta sobre el motivo de la controversia, cabe señalar que la principal preocupación radica en la magnitud de la superficie entregada a empresas foráneas, la falta de transparencia en el proceso y el riesgo para las áreas naturales e indígenas.
Las denuncias también apuntan a la falta de garantías sobre la experiencia y solvencia de las empresas beneficiadas, así como a la ausencia de información pública sobre las inversiones y los posibles efectos socioambientales de estas actividades.
Contexto y consecuencias
El hecho de que Nicaragua haya cedido el 8.5 % de su territorio a empresas mineras chinas, incluso en áreas protegidas y de pueblos indígenas, marca un punto de inflexión en el debate sobre los recursos naturales del país. La Fundación del Río sostiene que estos acuerdos se han consolidado bajo un marco regulatorio modificado para sortear sanciones extranjeras y favorecer la expansión de la minería china en la región.
La evolución de estos permisos y sus consecuencias sociales y ambientales continúan generando cuestionamientos dentro y fuera de Nicaragua.
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