
A pesar del alto volumen de operaciones de importación, en los últimos tres años se han presentado diversas actualizaciones en materia de regulaciones, documentación y requerimientos en el ámbito aduanal y de cumplimiento para los productos que ingresan al país.
Hablemos un poco sobre el proceso operativo en México, el cual consta de revalidación, previo, clasificación, pago de pedimento y modulación aduanal, por resumirlo en cinco pasos principales.
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Anteriormente, las mercancías se declaraban con una factura o documento en PDF en donde se observaba el valor de origen, el cual hoy en día se necesita cotejar con evidencias documentales, entre ellas pagos a proveedores en el extranjero, contratos de compraventa, cartas de crédito y pagos de fletes internacionales o incrementables, por separado en caso de no estar incluidos en la factura del proveedor.
La finalidad de este proceso es evitar subvaluaciones o errores en captura de información que hagan a los importadores caer en revisiones o reconocimientos aduaneros exhaustivos, así como multas por incumplimiento u omisión de contribuciones.
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Más controles sobre el valor y las operaciones
De la mano con lo anteriormente mencionado, surge la MVE, o manifestación de valor electrónica, por sus siglas, cuyo propósito es comprobar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) el valor real de las mercancías antes de que estas modulen en la aduana. Dicha MVE pasa de ser un proceso en papel, que se llevaba a cabo al finalizar la operación de despacho aduanal, a un proceso electrónico a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM), que debe transmitirse antes de realizar el pago del pedimento aduanal.
Por otro lado, uno de los cambios observados a inicios de 2026 tiene que ver con las operaciones virtuales y con aquellas empresas que se encuentran bajo el programa IMMEX, dado que se encontraron cancelaciones de forma masiva de dichos registros, así como una mayor exigencia en el cumplimiento de regulaciones en materia fiscal. Todo lo anterior es clave para prevenir las multas que la misma autoridad podría imponer, las cuales oscilan entre el 250% y el 300% del valor comercial de los productos, en caso de presentar irregularidades.
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Asimismo, se debe aportar evidencia del proceso productivo cuando se trate de transferencias dentro del programa IMMEX, a modo de comprobar la materialidad de la operación, dado que este tipo de despachos se lleva a cabo de manera virtual, no física. A esto se suma el incremento de obligaciones para el uso del Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), por ser considerado un programa de diferimiento de aranceles.
Agentes aduanales y aranceles: lo que cambió
Los cambios en la Ley Aduanera también aplican para los agentes aduanales o entidades encargadas de llevar a cabo el procedimiento de despacho aduanal. Estos deben certificarse cada tres años y, en su carácter de representantes de los importadores ante la autoridad, serán los responsables del cumplimiento de contribuciones y restricciones y regulaciones no arancelarias (RRNA), sin excluir ninguna.
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El incumplimiento de estas, sobre todo cuando se trate de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), podrá derivar en el embargo de la mercancía y no simplemente en su retención, según lo determine la autoridad.
Por último, los aranceles para algunos productos provenientes de países sin tratados de libre comercio con México sufrieron incrementos de hasta 50% en más de 1,400 fracciones arancelarias.
Algunos de estos productos son químicos, cosméticos, textiles, acero, aluminio, autopartes, entre otros, lo cual impacta de forma directa los costos variables de las operaciones aduanales, sobre todo por tratarse de productos que en su mayoría son necesarios para el desarrollo de ciertas industrias.
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