
Hasta hace un año, muy pocos en Bolivia habían escuchado el nombre de Nilton Condori Alanoca. El profesor de Biología y Geografía de origen aymara se convirtió en una figura pública al convertirse en senador suplente de la alianza Unidad, el frente político que lideró Samuel Doria Medina, de quién está distanciado actualmente.
Condori, de 38 años, nació en Toja Cachi, una comunidad del altiplano boliviano. Creció en una casa pequeña de adobe y paja, sin ningún servicio básico, bajo los cuidados de su madre porque su padre era profesor rural y viajaba todo el tiempo entre las comunidades aledañas. En una entrevista con el programa Que no te la charlen, Condori relató que durante esos años no tenía energía eléctrica ni agua potable, que no había camino para llegar a su casa y que para bañarse tenía que sumergirse en las aguas frías del lago Titicaca.
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Pese a las carencias, con los años logró estudiar para maestro y ser dirigente campesino de su provincia, lo que progresivamente lo llevaría a involucrarse en la política partidaria y militar en el partido Movimiento Tercer Sistema (MTS) del que fue su vocero. Años más tarde, a raíz de una alianza entre el magisterio y la alianza Unidad, fue candidato a senador suplente de La Paz.
Después de obtener el puesto de suplencia en el Senado en agosto del año pasado, Condori cobró notoriedad con una idea controversial: plantó que los legisladores se rebajen el suelo a más de la mitad porque consideró que “no hacen nada”.
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Para impulsar su propuesta, el senador vendió un toro en 10.500 bolivianos (unos 910 dólares), para viajar con ese dinero a ciudades capitales y poblaciones rurales del país para consultar a los ciudadanos sobre la posibilidad de hacer un referéndum acerca de los salarios de senadores y diputados.
El planteamiento, que no se materializó pero generó rechazo entre sus colegas, le permitió a Condori capitalizar la controversia y convertir una propuesta fallida en una plataforma de visibilidad política.
Pocos meses después, Condori apareció convocado reuniones masivas en El Alto, la populosa ciudad colindante con La Paz, para impulsar las movilizaciones contra el presidente Rodrigo Paz a quien entonces se le exigía la renuncia.
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El senador suplente fue uno los líderes que impulsó las movilizaciones que entre mayo y junio duraron casi 50 días, y en las que tuvieron protagonismo sectores sociales poderosos como la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos Túpac Katari y los sindicatos cocaleros de Cochabamba.
Después de haber firmado alianzas de “no traición” con estas organizaciones para exigir la salida del presidente, Condori terminó desmarcándose de las movilizaciones y ofreciéndose como mediador en medio de acusaciones cruzadas con otros dirigentes sociales.
Su papel en estas protestas le valió el rechazo de su bancada y fue denunciado ante la Comisión de Ética del Senado, que definió por votación unánime suspenderlo durante ocho meses.
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La medida, sin embargo, no lo alejó del ojo público ni de la controversia. Semanas más tarde, Condori apareció en un encuentro entre el expresidente Evo Morales y sus aliados en el que planteó “fusilar” a los corruptos
“Si no fusilamos a estos ladrones, Bolivia no va a tener futuro, acuérdense de mí. Esta gente que nos gobierna, no piensa en nosotros, para ellos este pueblo es un objeto sin sentimiento”, afirmó el 26 de septiembre ante una multitud en Lauca Ñ, bastión en el que Morales está refugiado desde hace más de dos años para evitar su captura.
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En su primer discurso público ante los seguidores de Morales, Condori afirmó: “Este aymara, este boliviano, viene a buscar unidad ¿Para qué? Para acabar, para extirpar a esta élite ociosa que nos han delinquido doscientos años, que nos han robado. Esa es mi furia. A partir de ahora, compañeros (…) construyamos una identidad propia en la política y ya no permitamos que piense por nosotros esta gente que nos roba sueños, que nos saquea nuestros recursos naturales”.
En una entrevista posterior, Condori justificó su propuesta de “fusilar” actores políticos y dijo que, si fuera presidente de Bolivia, lanzaría un referendo para que “el pueblo decida si insertamos la pena capital en nuestro sistema”.
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Este domingo, el legislador fue aprehendido en El Alto por policías que lo interceptaron y metieron dentro de un vehículo para llevarlo a celdas policiales, poco antes de que el senador asistiera a un encuentro en el que se discutirían medidas contra el Gobierno.
La detención surgió a raíz de una denuncia presentada por el diputado oficialista Manolo Rojas, quien lo acusa por los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, financiamiento del terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y asociación delictuosa, según se lee en la orden judicial difundida por los medios locales.
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Estas acusaciones están relacionadas con sus declaraciones en el mitin de septiembre en el que participó con Morales, quien también está incluido en la acción judicial. ”Se atribuye a Nilton Condori la expresión pública relativa a ‘fusilar’ a determinadas personas, así como referencias a la necesidad de ‘extirpar’ a una élite”, señala el informe fiscal.
En las primeras horas de detención, el legislador se acogió a al silencio. Mientras se prepara la imputación en su contra, el caso ha provocado todo tipo de reacciones y cuestionamientos sobre la legitimidad de su aprehensión.

“El disenso político, la crítica y el pensamiento distinto no pueden ser motivo de persecución ni de represalia”, señaló el vicepresidente Edmand Lara, declarado “opositor” del Gobierno, y pidió que la justicia no sea “instrumentalizada para silenciar voces”.
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En tanto, para los dirigentes cívicos de Santa Cruz, exigen que rinda cuentas ante la Justicia por su participación en los bloqueos y sus declaraciones incendiarias. “No es nomás decir cosas, peor aún con la condición que él tiene como senador de la República”, afirmó Agustín Zambrana, vicepresidente cívico y señaló que debe someterse al proceso judicial.
Aunque aún no se ha determinado la situación jurídica del senador, el caso ya ha abierto un nuevo frente de disputa política en Bolivia.
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