Los efectos de los fenómenos climáticos extremos están aumentando la presión sobre la infraestructura de América Latina y el Caribe. Frente a ese escenario, un nuevo informe estima que la región necesita invertir hasta 31.000 millones de dólares por año en activos resilientes a inundaciones y huracanes.
A ese monto deberían sumarse otros 15.000 millones de dólares hasta 2030 destinados a adaptación y gestión del riesgo de desastres. El objetivo es reducir el impacto económico y social de las catástrofes y mejorar la capacidad de recuperación de hogares, empresas y Estados.
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El estudio fue elaborado por la Fundación Iberoamericana Empresarial y cuenta con el apoyo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Sus conclusiones serán presentadas como una contribución a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid.
Infraestructura preparada para eventos extremos
La necesidad de fortalecer la infraestructura adquiere especial relevancia en una región altamente expuesta a inundaciones, huracanes y otros fenómenos naturales. En los últimos 50 años, cuatro de cada diez habitantes de América Latina y el Caribe sufrieron el impacto de algún desastre, según los datos incluidos en el documento.
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Durante ese período, las catástrofes dejaron casi 100.000 muertos y provocaron pérdidas económicas superiores a 360.000 millones de dólares. El impacto, además, no se distribuye de manera uniforme: los territorios con infraestructura más frágil y menor capacidad financiera enfrentan mayores dificultades para recuperarse.
Para el transporte y la logística, la resiliencia de la infraestructura resulta especialmente relevante porque la interrupción de rutas, puentes, accesos y otros activos estratégicos puede extender los efectos de un evento climático hacia las cadenas de abastecimiento, la producción y el comercio.
El informe propone, en ese sentido, identificar y priorizar los riesgos, activos y actividades con mayor impacto económico y social. La planificación permitiría concentrar recursos sobre infraestructura cuya interrupción puede generar consecuencias más amplias para las economías.
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De reaccionar al desastre a anticipar sus costos
Además de las obras físicas, el documento pone el foco en la denominada resiliencia financiera. La propuesta apunta a disponer de mecanismos económicos antes de que ocurran los desastres, en lugar de depender principalmente de ayudas extraordinarias y reasignaciones presupuestarias posteriores.
Entre las herramientas consideradas aparecen los seguros, fondos contingentes y alianzas público-privadas, que podrían acelerar la disponibilidad de recursos para reparar daños y restablecer actividades económicas después de una catástrofe.
Los autores plantean que estos instrumentos deberían complementar los avances alcanzados en protección civil y sistemas de alerta temprana. También proponen incorporar de manera sistemática el riesgo de catástrofes a la planificación fiscal, territorial y financiera.
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El documento sostiene que los seguros pueden funcionar como una herramienta para proteger activos, acelerar la recuperación y reducir la necesidad de realizar fuertes ajustes presupuestarios luego de un desastre. También recomienda aprovechar innovaciones tecnológicas y financieras para ampliar la cobertura y garantizar desembolsos rápidos y verificables.
El costo de prevenir frente al de reconstruir
La inversión preventiva aparece como uno de los principales argumentos económicos detrás de la propuesta. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres citados en el informe, cada dólar destinado a prevención y reducción de riesgos puede generar hasta 15 dólares de ahorro en la recuperación posterior.
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En el caso específico de la infraestructura, cada dólar invertido en hacerla más resiliente representa aproximadamente 4 dólares de ahorro en reconstrucción.
La propuesta busca así avanzar desde un esquema concentrado en responder una vez ocurrido el desastre hacia otro basado en anticipar riesgos, proteger infraestructura y disponer de recursos financieros previamente definidos. Para una región donde los eventos extremos pueden interrumpir actividades productivas y conexiones estratégicas, esa capacidad de recuperación también se vuelve un factor para sostener la continuidad económica y logística.
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