
La cadena logística vinculada a la importación de alimentos en Argentina atraviesa una reconfiguración clave. Con la publicación del Decreto 790/2025 en el Boletín Oficial este martes 11 de noviembre, el Gobierno dispuso una modernización integral del sistema de control sanitario de productos alimenticios importados, reemplazando la estructura vigente desde 1992.
El nuevo marco legal —que modifica el histórico Decreto 1812/92— redefine los roles del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), estableciendo plazos concretos y procesos más ágiles para la liberación de mercaderías y la verificación sanitaria.
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La medida se inscribe dentro del programa de desregulación y simplificación administrativa que impulsa el Poder Ejecutivo, y apunta a eliminar la duplicación de controles, reducir costos logísticos y asegurar una fiscalización basada en el riesgo sanitario, priorizando los casos que lo justifiquen.
Un nuevo esquema para el ingreso y control de alimentos
El decreto establece que los controles higiénico-sanitarios y bromatológicos previos al ingreso a plaza —en el caso de productos de origen animal o vegetal no acondicionados para su venta directa— quedarán exclusivamente a cargo del SENASA, con facultades para verificar también el embalaje, transporte y estabilidad de los productos.
Por su parte, los alimentos acondicionados para la venta al público serán inspeccionados de manera posterior al ingreso, bajo la órbita de la ANMAT o del SENASA según corresponda. Estos controles no podrán obstaculizar la comercialización, salvo en situaciones fundadas de riesgo sanitario o inconsistencias documentales.
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Además, el decreto incorpora una novedad central para la logística del comercio exterior: los productos alimenticios provenientes de países con “alta vigilancia sanitaria”, como Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea, Reino Unido, Israel, Australia o Nueva Zelanda, quedarán exceptuados de controles duplicados, siempre que cuenten con certificaciones emitidas por sus autoridades sanitarias.
Esta armonización normativa apunta a reducir tiempos de despacho y costos de almacenamiento, uno de los principales desafíos para los importadores y operadores logísticos del sector.
Plazos claros y control basado en riesgo
Entre los cambios más relevantes, el Decreto 790/2025 establece plazos máximos de entre tres y cinco días hábiles administrativos para las inspecciones y la liberación de productos sometidos a control previo. En caso de observaciones, los importadores podrán presentar reclamos inmediatos, que deberán ser respondidos en un máximo de 48 horas.
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De este modo, se busca generar mayor previsibilidad en los procesos logísticos y evitar demoras innecesarias que impactan en la cadena de suministro, especialmente en el sector alimentario, donde la conservación y la trazabilidad son factores críticos.
Según el texto oficial, las autoridades sanitarias nacionales “actuarán coordinadamente para evitar la superposición de tareas y la imposición de trámites innecesarios que dificulten el intercambio comercial”, unificando criterios entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Impacto en la competitividad y el comercio exterior
Desde el punto de vista logístico, la actualización del marco regulatorio representa un avance significativo hacia una gestión más eficiente de las operaciones de importación, favoreciendo la reducción de costos y tiempos en los puertos, depósitos fiscales y centros de distribución.
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Además, la incorporación de un enfoque de control por riesgo —priorizando las inspecciones en productos sin certificaciones internacionales— permitirá optimizar recursos estatales y mejorar la trazabilidad en toda la cadena de abastecimiento alimentario.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó en redes sociales que este decreto “cierra el círculo de modernización iniciado con las reformas anteriores en materia alimentaria”, refiriéndose a los decretos 35/2025 y 538/2025.
“El nuevo esquema simplifica los procesos, fija plazos concretos y concentra los controles en lo que importa: inocuidad y salubridad”, expresó el funcionario. “Menos burocracia son más alimentos, más baratos y más exportaciones”.
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Una reforma con impacto regional
La medida también tendrá repercusiones en el comercio exterior intrarregional, ya que facilita la armonización de certificaciones sanitarias con países del Mercosur y otros bloques comerciales con los que Argentina mantiene acuerdos de reciprocidad. Al reducir la carga administrativa y agilizar la liberación de mercadería, se espera una mayor fluidez en los corredores logísticos y un impulso a las exportaciones de alimentos procesados y materias primas.
En un contexto de creciente competencia global, la simplificación normativa y la coordinación entre organismos se convierten en herramientas esenciales para fortalecer la eficiencia y la competitividad del comercio exterior argentino, consolidando la tendencia hacia cadenas de suministro más integradas, seguras y dinámicas.
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