La presidenta de Costa Rica reclama intervención del Congreso ante escalada delictiva en Crucitas

La presidenta Laura Fernández lanzó un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para abordar de manera definitiva la problemática en Crucitas, una región que actualmente exige un gasto de USD 1 millón al mes solo en operaciones de seguridad.

La mandataria advirtió que la situación en Crucitas representa un riesgo que trasciende lo ambiental, pues bandas de crimen organizado ya se han asentado en la zona, profundizando un ciclo de delitos y pérdida de recursos nacionales.

Según Fernández, la continuidad de este modelo implica que el país sacrifica fondos esenciales que podrían emplearse en otras áreas de la seguridad pública.

La presidenta subrayó: “Nos consume un millón de dólares al mes la atención de seguridad que estamos dando en Crucitas, eso es mucha plata que debería de estarse distribuyendo en otras de las tantas necesidades de la seguridad nacional”.

Con esto, insistió en la urgencia de que los diputados den trámite a la propuesta de legalizar la minería de oro en la región, una iniciativa que permanece en la Asamblea Legislativa desde hace aproximadamente dos años y medio.

Fernández extendió una invitación directa a los legisladores para visitar Crucitas el próximo 19 de junio, enfatizando que el recorrido será a pie y no en helicóptero.

La intención es que los diputados experimenten de primera mano las condiciones que soportan los cuerpos policiales y comprendan la gravedad de posponer una solución efectiva.

“Qué fácil es desde la comodidad del aire acondicionado y desde la comodidad de una oficina burocrática... decir, ay, me opongo a esa solución, mientras nuestros policías pasan en un ambiente inhóspito, solo ahí, casi que con la ayuda de Dios”, reclamó la presidenta.

Actualmente, la controversia gira en torno a la legalización de la minería de oro como estrategia para frenar el deterioro ambiental, el robo de recursos y el fortalecimiento de la criminalidad en Crucitas.

Fernández argumenta que la falta de acción perpetúa un “combo de todo lo malo” para el país: daños ecológicos, saqueo de bienes nacionales y el avance del crimen organizado.

La propuesta del Ejecutivo busca que la legalización permita un control estatal sobre la explotación minera, con la promesa de reducir los riesgos sociales y ambientales, así como el elevado gasto en seguridad.

El llamado de Laura Fernández es claro: sin una intervención legislativa, la crisis en Crucitas seguirá agravándose, drenando recursos y comprometiendo la estabilidad y bienestar nacional.

Un conflicto agravado de minería ilegal

La minería ilegal en Crucitas volvió a exponer en 2026 una crisis que mezcla daño ambiental, redes criminales y tensión entre Costa Rica y Nicaragua, después de que la Fuerza Pública costarricense detuviera a 19 nicaragüenses en la zona, según Infobae, en un conflicto agravado desde que se anuló la concesión legal para explotar oro y el territorio quedó abierto a la extracción clandestina.

Esa actividad ilegal provoca pérdidas anuales de unos USD 252 millones para Costa Rica, según Divergentes. El medio señaló que el oro extraído en la frontera alimenta un circuito de tráfico hacia Nicaragua, con participación de estructuras organizadas que facilitan su traslado y procesamiento.

La dimensión transfronteriza también llevó al gobierno costarricense a presentar reclamos diplomáticos a Nicaragua para pedir mayor vigilancia en la frontera y en el río San Juan, según Bloomberg Línea. La respuesta nicaragüense, de acuerdo con ese medio, ha sido limitada y la extracción clandestina continúa.

La zona quedó expuesta tras la anulación del proyecto aurífero

El origen del conflicto actual se remonta a 1999, cuando la empresa canadiense Industrias Infinito S.A. solicitó una concesión para explotar oro a cielo abierto en Las Crucitas, en el cantón de San Carlos, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

En 2008, el gobierno de Costa Rica declaró el proyecto de interés público y habilitó su avance, pese a la oposición de grupos ambientalistas y comunidades locales, de acuerdo con ese registro.

La concesión fue anulada en 2010 por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, que citó irregularidades en el proceso y posibles daños ambientales al ecosistema del río San Juan, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

Esa decisión frenó la explotación legal, pero dejó la zona vulnerable a nuevas incursiones irregulares.

Lo que ocurre hoy en Crucitas es una extracción clandestina de oro realizada por grupos de mineros artesanales conocidos como coligalleros en Costa Rica y güiriseros en Nicaragua, según La Prensa Nicaragua.

El medio informó que esos grupos emplean métodos que incluyen sustancias tóxicas como cianuro y mercurio.